ARTÍCULO

EL ESCENARIO DEL CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL EN ARGENTINA. DEL NOMIC A LA LEY 26.522

Zamora Pablo. Lic. En Comunicación Social. Director de la carrera de Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Recibido 17 de mayo de 2011.

Aceptado 21 de septiembre de 2011.

 

RESUMEN. En 1980, el Informe MacBride se refería a las propuestas para el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información (NOMIC) y anunciaba un largo itinerario por recorrer, antes de poder “crear nuevas estructuras, aplicar nuevos métodos y generar una nueva mentalidad”. El propósito de este trabajo es recorrer aquel “largo itinerario” (que podríamos trazar entre 1980 y 2009) que le dio a la joven democracia argentina una Ley de Servicios Audiovisuales en sintonía con los objetivos que destacaba MacBride. Para eso, tomaremos en cuenta el escenario del conflicto político y social en Argentina, que a nuestro criterio es lo que permitió la sanción de la Ley 26.522; y el concepto gramsciano de “guerra de posiciones” en cuanto a la construcción de hegemonía, para explicar por qué esa Ley no logra cumplirse en su totalidad.

Palabras clave: Hegemonía; Medios; Ley democrática; Pluralidad.

Keywords: Hegemony; Mass Media; Democratic Law; Plurality.

 

“No basta el voluntarismo de la industria cultural para producir alteraciones en las sociedades. Los medios ejercen influencia, pero no determinan rupturas históricas. Estas ocurren como producto de las contradicciones socio-económicas, que asumen dimensiones políticas incontrolables en coyunturas especiales”. (José Marqués de Melo, 1993:22)

INTRODUCCIÓN

En 1980, el Informe MacBride daba a conocer los postulados del Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información (NOMIC), reclamando más justicia, igualdad y reciprocidad en el intercambio de información, y solicitando medidas que limiten la concentración y monopolización, entre otros. Aquellas propuestas no prosperaron debido al rechazo de los países dominantes, con el argumento de que se pretendía impedir el libre flujo de información a nivel mundial, en una medida antidemocrática que buscaba controlar los medios y los mensajes.

Ese mismo año, como metáfora de ese rechazo, la dictadura militar argentina sancionaba el Decreto-Ley 22.285 para regular la actividad audiovisual. Acorde con el modelo económico neoliberal que comenzaba a imponerse en el país, se concebía al servicio como una actividad puramente mercantilista. Dicho marco regulatorio siguió vigente en democracia, durante más de 25 años. Incluso, en los noventa, se profundizó el carácter autoritario del Decreto-Ley, permitiendo el ingreso del capital extranjero y la concentración de medios.

El escenario político y social en Argentina comenzó a modificarse lentamente desde el año 2003, con políticas de Estado que cuestionaban las matrices ideológicas del modelo neoliberal y lograban crear la iniciativa de la voluntad política. Una de esas medidas fue sancionada en 2009 y se conoció como la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual[1], que retomó muchos de aquellos postulados del Informe MacBride. Sin embargo, los intereses de los sectores dominantes (como ocurrió en 1980 con los países desarrollados hacia el NOMIC) se oponen a un proyecto de democratización del país, y los medios de comunicación concentrados actúan de manera funcional a los sectores que tratan de mantener su hegemonía.

El presente trabajo pretende analizar el escenario del conflicto político y social en Argentina que generó las condiciones para la sanción de la nueva Ley, que sin embargo no logra implementarse en su totalidad. Y lo haremos desde el concepto gramsciano de “guerra de posiciones” en cuanto a la construcción de hegemonía[2].

Siguiendo a Gramsci (citado en Portelli 1973), consideramos que se evidencia allí una crisis orgánica en el bloque histórico, la cual permitiría a las nuevas fuerzas sociales construir su propia dirección política e ideológica a través de la consolidación de la democracia. En este sentido, creemos que la nueva Ley representa una oportunidad histórica para garantizar la democracia, la participación ciudadana y el derecho a la comunicación.

EL LARGO ITINERARIO

Ya lo decía Sean Macbride en el prólogo de su famoso Informe: "Se tendrá que caminar paso a paso, llenarse de paciencia y recorrer un largo itinerario antes de poder crear nuevas estructuras, aplicar nuevos métodos y generar una nueva mentalidad" (Macbride 1982:13). Se refería a las propuestas sobre las cuales debería fundamentarse el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información (NOMIC) que en 1980 fueron publicadas por la UNESCO bajo el título “Un solo mundo, muchas voces”. Y agregaba: “no es posible entender la comunicación, considerada globalmente, si se hace caso omiso de sus dimensiones políticas. La política –en el sentido más noble de la palabra- no puede disociarse de la comunicación” (MacBride 1982:13).

Diez años más tarde, José Marqués de Melo[3] sostenía que las tesis del NOMIC continuaban siendo válidas y merecían un rescate eficaz en América Latina, pero que era necesaria una profunda autocrítica en la comunidad académica y profesional:

“Urge repensar nuestra conducta intelectual a partir de las alteraciones radicales que se procesan en el escenario político actual. La reconquista de la democracia nos ofrece un espacio favorable para revisar nuestros métodos de actuación y nuestros propósitos para la construcción de un mundo nuevo, marcado por la justicia, la solidaridad y el pluralismo” (Marques de Melo 1993:22).

Cuando se cumplieron 25 años de la publicación del Informe MacBride, Martín Becerra (2005) reflexionaba que los problemas surgidos de aquel diagnóstico bien podrían haber inspirado la agenda de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), realizada en su primera etapa en Ginebra en el año 2003. Y enumeraba:

“La concentración de las industrias culturales y la conformación de mercados oligopólicos, los efectos de la internacionalización de la actividad infocomunicacional, las amenazas sobre la diversidad cultural y sobre el pluralismo informativo que encierra el orden infocomunicacional, la relación entre medios de comunicación y educación, cuestiones relativas a la censura y a la autocensura, fueron enunciados como cuestiones medulares en el marco del NOMIC y hoy están expulsados de una agenda de construcción de sociedades informacionales sostenidas por mercados de tecnologías e infraestructuras cada vez más potentes” (Becerra 2005:134)

Mientras tanto, en un país de América Latina que se venía reconstruyendo de las terribles consecuencias que le dejaron más de 25 años de neoliberalismo, se empezaba a gestar lo que en el año 2009 se conoció en Argentina como la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la que se instalaron en la agenda pública varias de aquellas “cuestiones medulares” planteadas por el Informe en el marco del NOMIC[4]:

1- “Que los países amplíen las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. Se requiere emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información;

2- “Se debe abolir la censura o el control arbitrario de la información. En los sectores en los cuales estén justificadas unas restricciones razonables, éstas deberían quedar definidas en una ley, su aplicación estar sometida al control judicial y ceñirse a los principios formulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos que adopte la comunidad de naciones;

3- “Los obstáculos y las restricciones que se derivan de la concentración de la propiedad de los órganos de información, independientemente de que sean públicas o privadas, merecen analizarse con toda profundidad para encontrar sus vías democratizadoras. Se debe proceder a un examen crítico del problema de las condiciones financieras que se imponen a los órganos de información y de las medidas adoptadas para reforzar la independencia de la redacción;

4.- “Por último, se deben tomar medidas jurídicas eficaces para limitar la concentración y monopolización; conseguir que las empresas trasnacionales acaten los criterios y las condiciones específicas definidas en la legislación y en las políticas de desarrollo nacional; invertir la tendencia a la reducción del número de responsables cuándo está aumentando la eficacia de la comunicación y la dimensión del público; reducir la influencia de la publicidad sobre la política de redacción y los programas de radiodifusión; y perfeccionar los modelos que permiten fortalecer la independencia y autonomía de los órganos de información” (Esteinou 2004:1-5).

HACIA UNA NUEVA HEGEMONÍA

Néstor García Canclini se preguntaba en 1999:

“¿Qué podemos hacer con este mundo en que pocos observan a muchos?; ¿es posible organizar de otro modo los vínculos mediatizados, sus astucias de simulación para personalizarlos, despegarnos de sus procedimientos de selección y segregación, de exclusión y vigilancia, en breve, de reconvertirnos en sujetos del trabajo y el consumo?”. Y proponía: “Una reacción posible es evocar con nostalgia la época en que la política se presentaba como el combate militante entre concepciones del mundo entendidas como antagónicas” (García Canclini 1999:64).

En este sentido, América Latina ofrece en la actualidad una conformación social que permite analizar el escenario del conflicto desde el concepto gramsciano de “guerra de posiciones” en cuanto a la construcción de hegemonía. Es decir, que la transformación social ya no es algo centrado en un acontecimiento determinado, sino que se trata de un proceso complejo, contradictorio, donde en la era de la política de masas se desarrolla la lucha fundamental tanto de las clases dominantes como subalternas.

Emir Sader[5] (2008), analista político brasileño y director ejecutivo de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), analiza este panorama latinoamericano y habla de un proceso que implica “no sólo integración económica y social, sino también tecnológica, cultural, educacional, mediática y de estructuras políticas (…). El tema, podríamos decir, ahora es político, es discutir futuras relaciones de poder. Qué tipo de sociedad, qué nueva hegemonía queremos construir” (Página 12[P12], 17 de agosto de 2008, suplemento “Cash”).

En este sentido, el pensamiento de Gramsci (1973) apunta a la construcción de una nueva hegemonía, que permita lograr que quienes tienen el consenso de la población para reproducir y sostener su poder lo pierdan en manos de otra construcción social, de otro bloque de poder que pueda albergar a vastos sectores sociales. Algo que bien podría ocurrir en América Latina debido a que se trata de sociedades que manifiestan un fuerte desarrollo de la sociedad civil.

Vale la pena mencionar, entonces, las dos visiones sobre democracia que confrontaron en Latinoamérica desde los primeros años de vida independiente: la visión oligárquica (matriz liberal), que se niega a construir un nosotros con las mayorías sociales; y las corrientes populares (pensamiento popular latinoamericano), que parten de la incorporación del conjunto de los sectores sociales en el sistema político, con el objetivo de construir sociedades equitativas y soberanas.

América Latina, según esta visión, experimentó alternativas populares que tendieron a reivindicarse como sujetos colectivos con expresiones culturales propias, como integrantes de un nosotros social hostigado por otro social diferenciado étnica, racial y culturalmente. Las contradicciones entre clases también se manifiestan en la doble conflictividad de lo nacional y lo social, donde la corriente popular latinoamericana establece una marcada distancia respecto del nacionalismo aristocratizante, cuyo planteo de nacionalidad se sustenta en la identidad de ciertos sectores dominantes.

La concentración de los medios de comunicación ayudó a reproducir la visión de la clase dominante. Tal como señalan Martín Becerra y Guillermo Mastrini,

“en América Latina tempranamente se advirtieron los problemas generados por una excesiva concentración de la propiedad de los medios. Ya en los años sesenta los estudios de sociopolítica de la comunicación definieron dos dimensiones de la concentración: geográfica y económica” (Becerra y Mastrini 2001:5).

En la geográfica se hace referencia a la centralización de la producción, distribución y consumo cultural en los grandes centros urbanos, que deja a amplias regiones fuera del alcance de estaciones de radio y televisión, y cuya diversidad cultural se ve reducida a la visión de las elites capitalinas. Mientras que la concentración económica es vinculada con el complejo entramado de relaciones que tempranamente se estableció entre el poder político, el poder económico y los propietarios de los medios.

Focalizaremos el escenario del conflicto social en la Argentina de hoy, donde la hegemonía del bloque dominante, constituida desde el golpe militar de 1976 para hacer avanzar y organizar la sociedad detrás de la bandera del liberalismo económico, entra en crisis por dos razones: porque el Estado impuso el poder del “gran capital” hasta sus últimas consecuencias, lo que derivó en la crisis de 2001-2002 y la consecuente pérdida de consenso de las clases subalternas; y porque asoman otras clases que pretenden asumir la responsabilidad de reorganizar la sociedad.

Respecto al período previo a la crisis 2001-2002, Eduardo M. Basualdo[6] (2002) advierte una desvinculación del sistema político de los intereses y necesidades del resto de los sectores sociales, que no pueden enfrentar la creciente situación de explotación y exclusión social porque sus intelectuales orgánicos se integraron a los sectores dominantes. El autor sostiene que con la pérdida del contenido básico de los partidos políticos se registra la disolución de la figura emblemática que los caracterizaba, la militancia, que además de no estar convocada es repelida por ser un agente extraño a la nueva situación imperante.

El escenario en Argentina comenzó a modificarse desde el año 2003, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con una actitud cuestionadora de las matrices ideológicas del modelo neoliberal. En los hechos, y durante un proceso lento de crecimiento económico, eso se reflejó en la recuperación por parte del Estado de algunas empresas privatizadas en la década del noventa, la recomposición de la capacidad adquisitiva de los sectores populares, el crecimiento del empleo y las discusiones paritarias, entre otros. Con esto se pone en evidencia, a partir de 2007, la gestación de una nueva crisis que se desarrolla en el interior del sistema hegemónico, tras la ruptura de esa alianza entre el gobierno nacional, la vieja oligarquía agroexportadora y los grupos económicos locales y extranjeros.

Si la crisis consiste en que “muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo”, vemos que en Argentina los intereses de las clases dominantes se oponen a un proyecto de democratización del país que pone en práctica decisiones que están logrando crear la iniciativa de la voluntad política (reestatización de las AFJP, Asignación Universal por Hijo, Ley de Servicios Audiovisuales, Matrimonio Igualitario), mientras el bloque dominante se apoya en algunos sectores de la sociedad civil (medios de comunicación concentrados, asociaciones empresarias, Iglesia, Sociedad Rural) para tratar de desacreditar esas experiencias acusándolas de “no democráticas”.

Sobre esta “guerra de posiciones”, la politóloga belga Chantal Mouffe[7] (2010) se refirió a una serie de intereses que se oponen a la democratización del país y mencionó a

“el Grupo Clarín y todos los que tratan de monopolizar los medios de comunicación”. Desde su punto de vista, en Argentina hay “un gobierno progresista que intenta dar pluralidad de información, quiere generar condiciones igualitarias para la obtención del papel con Papel Prensa (…). Los grupos económicos tratan de monopolizar el poder lo más posible y el Gobierno, de impedirlo. Esas fuerzas que intentan mantener sus privilegios y control las representaron también los sectores del campo; el otro va cambiando según las circunstancias. Cuando tratás de democratizar una sociedad, hacerla más plural e igualitaria, te enfrentás con grupos de poder” (Página 12[P12], 5 de septiembre de 2010: 15).

Gramsci (1973) ubica a los medios de comunicación en la estructura ideológica, por cuanto influyen sobre la opinión pública. Así, en el escenario del conflicto al que hacemos referencia, los medios ocupan un rol fundamental como generadores de consenso, sobre todo porque actúan de manera funcional a las clases dominantes que tratan de mantener su hegemonía.

Sin embargo, se advierte que en este escenario de conflicto social la sociedad civil puede resultar fortalecida, en tanto el nuevo proyecto hegemónico está ganando el apoyo de ciertos sectores (intelectuales, sindicatos, organizaciones civiles, movimientos estudiantiles, algunos medios de comunicación) que pueden ser conquistados para su proyecto de transformación. Un dato alentador si se tiene en cuenta que desde el apogeo del menemismo a principios de los noventa y hasta la crisis de 2001-2002, el sistema político había quedado claramente relegado a los intereses económicos dominantes.

El nuevo escenario se vio reforzado en los dos últimos años con la puesta en valor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Matrimonio Igualitario, donde quedó demostrado que algunos sectores sociales pasaron de la pasividad política a una cierta actividad en la que se plantean reivindicaciones. En este sentido, el punto más alto ocurrió durante la multitudinaria despedida a los restos del ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, donde se pusieron de manifiesto dos cuestiones centrales: la recuperación de la confianza en la política y la vuelta de los jóvenes a la militancia.

LA LEY DE LA DICTADURA

El marco regulatorio de la actividad audiovisual que establecía el Decreto-Ley 22.285/1980 de la dictadura militar argentina respondía a un modelo de país que concebía al servicio como una actividad puramente mercantilista. Con su política de aniquilación del campo popular, aquel gobierno de facto iniciado en 1976 creó las condiciones para que el neoliberalismo, principalmente en la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), completara la “extranjerización” de la economía, que tuvo su correlato en el campo de la radiodifusión: en los noventa, el gobierno “democrático” profundizó el carácter autoritario de la Ley 22.285, permitiendo el ingreso del capital extranjero y la concentración, que dieron origen a los monopolios.

En un trabajo realizado por integrantes del Observatorio Político y Social de Medios y del Área de Investigación de la UTPBA[8], se sostiene que,

“en términos normativos, la década menemista dejó condicionada la estructura de funcionamiento del sistema de medios. Como corolario de una serie de modificaciones al cuerpo legal vigente (la ley 22.285 sancionada en 1980, bajo una dictadura militar), que implicaron alteraciones sustanciales a favor de los grupos multimedia, y a dos meses de concluir su segundo mandato, Carlos Menem dictó el decreto de necesidad y urgencia 1005/99 modificando artículos del decreto-ley 22.285/80 de Radiodifusión” (Postolsky et al. 2005:19).

El mencionado decreto pasa así a modificar el régimen de multiplicidad de licencias (de 4 a 24 se extienden las licencias permitidas a un mismo operador), autoriza la transferencia entre titulares, permite la formación de redes y libera el tiempo publicitario por hora de emisión. Según el documento del Observatorio, el Estado utilizó su capacidad reguladora para favorecer la concentración de la propiedad en los medios audiovisuales y legalizar las tendencias y situaciones preexistentes en el ámbito privado.

El mismo trabajo deja en claro que, en el período comprendido entre 1991 y 1995, la fuerte presión de los agentes locales garantizó que dentro de las modificaciones producidas por la ley 23.460 (llamada de Reforma del Estado) a la ley 22.285 de Radiodifusión, los medios no pudieran ser adquiridos por capitales extranjeros. Los grupos editoriales Atlántida y Clarín ganaron los concursos públicos de los canales de aire 11 y 13. “Este cruce entre el sector periodístico gráfico y el audiovisual fue el puntapié inicial para la formación de grandes conglomerados, que derivó en unos pocos ganadores y un desplazamiento de los agentes tradicionales” (Postolski et al. 2005:19).

En el mencionado artículo, Glenn Postolski, Ana Santucho y Daniel Rodríguez agregan que, durante esta etapa, se produjo el posicionamiento del capital nacional, destacándose dos grupos principales: Clarín y Telefe, y otros grupos menores, como Eurnekián (América), Romay (Libertad) y García (Crónica). Y puntualizan que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (firmado con Estados Unidos en 1991, refrendado por ley del Congreso en 1994), en el área de la radiodifusión argentina se radicalizó el proceso de concentración e internacionalización del capital. En tanto, durante la última etapa de la década, “la irrupción del CEI Citicorp Holdings en la arena mediática y la constitución como grupo económico por parte de las empresas controladas por Clarín, deparó un duopolio privado de medios con gran capacidad de emisión, que era dueño de estaciones de televisión abierta, de cable y satelital, de radios AM y FM, de productoras de contenido, de medios gráficos, de empresas de telecomunicaciones y de acceso a Internet, entre otros” (Postolski et al. 2005:4).

Finalmente, esta situación no será alterada con el recambio en el gobierno tras la asunción del presidente Fernando De la Rúa en 1999. Las políticas emprendidas durante el breve lapso de gobierno de la Alianza marcaron la misma lógica en la orientación reguladora del sector. Así, para 2001, Clarín pasó de ser una empresa monomedia en la década del ’80, a convertirse en el medio de mayor influencia en la agenda pública, constituyéndose como el grupo de capital nacional dominante en el mapa de medios de Argentina. Según el artículo mencionado anteriormente, “con una facturación de 1.400 millones de dólares en el 2001, se convirtió en el quinto holding nacional” (Postolski et al. 2005:11).

No es casual, entonces, que desde la recuperación de la democracia en 1983 y hasta 2009, existieron 37 proyectos de Ley de Radiodifusión que lograron estado parlamentario (entre ellos los presentados por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001), pero que jamás pudieron cristalizarse afectados por fuertes presiones desde los medios cuyos intereses se veían involucrados. De hecho, y una vez sancionada la nueva Ley en 2009, todavía la clase dominante, representada en este caso por los grandes medios de comunicación concentrados (especialmente el grupo Clarín), está logrando postergar su completa implementación a través de medidas cautelares en la Justicia, con el argumento de que el gobierno nacional pretende, de esta manera, “controlar a la prensa” (llegaron a denominarla “Ley Mordaza”).

Siguiendo a Marqués de Melo, eso podría fundamentarse con antecedentes latinoamericanos donde “las iniciativas de apropiación de los Medios por los gobiernos nacionalistas o populistas del continente redundaron en proyectos manipuladores de la opinión pública, al servicio de los ocupantes del poder” (Marqués de Melo 1993:24). Sin embargo, en el caso de la nueva Ley argentina no se debe descuidar su origen: surgió a partir del trabajo de la denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática, definida como “un espacio horizontal, sin un liderazgo, donde hay diferencias entre sus integrantes”. Las coincidencias entre los actores (sindicatos, cooperativas, radios universitarias, comunitarias, movimientos sociales, universidades y estudiantes de comunicación y periodismo y organizaciones no gubernamentales) venían siendo sostenidas desde la recuperación de la democracia, planteando la necesidad del pluralismo informativo y cultural, el desarrollo de medios públicos al servicio de los ciudadanos, y elevando a la comunicación a la categoría de derecho humano fundamental.

La mencionada Coalición recién se hizo visible con la convocatoria presidencial de abril de 2008 para debatir un nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que finalmente recogió los principios establecidos en los 21 puntos de la propuesta que fue sometida a consulta pública a partir de marzo de 2009.

Además de los integrantes originales de la Coalición, se sumaron a las actividades alrededor de 300 organizaciones, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Foro de Radios Comunitarias, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación (Cositmecos), la Confederación de Trabajadores de la Educación República Argentina (CTERA), organizaciones de pueblos originarios y la Asociación Radio de Universidades Nacionales (ARUNA). Así, entre marzo y julio de 2009, en distintos puntos del país se realizaron 23 Foros de Consulta Pública con la participación de 10 mil personas, y se recepcionaron unos 1.200 aportes al proyecto.

Lo que se discute, según Luis Lázzaro[9], actual coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca),

“es que ese dispositivo se ponga al servicio de las posibilidades de acceso, control y participación por parte de los diferentes actores que integran la sociedad democrática en un Estado federal. Para ello, es imprescindible replantear el actual modelo, que ha sido formateado por el autoritarismo neoliberal” (Lázzaro 2009:21).

LA LEY DE LA DEMOCRACIA

Así llegamos a la Ley 26.522, que destaca cuestiones tales como “el derecho a la información”, “más voces de la sociedad civil”, “límite a la conformación de monopolios y oligopolios de medios”, “más contenidos nacionales” y “acceso universal para la transmisión de eventos relevantes”, entre otros. Sobre el primer concepto se aclara que la libertad de prensa no es sólo para quienes poseen medios de comunicación, ni para quienes ejercen el periodismo o trabajan en los medios, sino que es también un derecho de quienes cotidianamente compran y leen diarios o revistas, escuchan radio o ven televisión. El concepto de libertad de prensa habla del derecho a conocer los hechos como facultad para saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y como forma imprescindible de permitir nuestra participación en la comunidad. Por eso el derecho a la información es caracterizado como un Derecho Humano, y por eso en las sociedades modernas, el derecho a la comunicación tiene la misma jerarquía que el derecho a la educación (Ley 26.522, 2009).

En cuanto a la oportunidad de generar “más voces de la sociedad civil” y para asegurar condiciones que permitan una expresión equitativa de las ideas por parte de los distintos sectores que integran la sociedad, la Ley, en su artículo 89 inciso F, establece “el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro”.

Por otro lado, con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, la Ley pone límites a la concentración a través de topes aplicados a la cantidad de licencias por tipo de medio. Por ejemplo, a nivel nacional un mismo propietario solo puede acumular hasta 10 frecuencias de radio o televisión abierta y hasta una señal de cable, o 24 servicios de distribución de TV por cable, siempre y cuando la cobertura que alcance no supere el 35% de la población o de los abonados. Mientras que a nivel local un mismo propietario puede tener como máximo 3 licencias de las cuales solo 1 puede ser de radio AM y solo 1 puede ser de televisión (ya sea abierta o por cable). Esto quiere decir que un mismo propietario no puede ser titular de la empresa local de distribución de tv por cable y de un canal de televisión abierta (Ley 26.522, 2009).

La Ley también fija “cuotas de pantalla” que deben respetar las emisoras para fomentar los contenidos nacionales y las producciones independientes. Establece que los canales de televisión abierta o por cable deben estrenar al menos 8 largometrajes de producción nacional y 6 películas de productoras independientes por año. Los licenciatarios de radio deben emitir un 30% de música nacional y la mitad de ese porcentaje debe ser de sellos independientes. Además deben tener un mínimo de producción propia del 50% con informativos locales. En los canales públicos el porcentaje estipulado de producción nacional y propia es del 60% y deben tener además al menos un 20% de programación de contenido educativo, cultural o de bien público. En los canales privados el 60% de la programación debe ser de contenido nacional, el 30% propio con informativos locales y entre un 10 a 30% de contenido local de acuerdo a la ciudad en que se encuentren. Finalmente, la Ley 26.522 garantiza la transmisión abierta de los acontecimientos tanto deportivos como informativos que se declaren “de interés relevante”, entre ellos, la transmisión de partidos de fútbol.

Para controlar el cumplimiento de la Ley, se destaca la existencia de cuatro cuerpos: 1) la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (en reemplazo del COMFER), es un ente autárquico (política y económicamente autónomo) que se financia con fondos del Presupuesto Nacional además de gravámenes a pagar por los licenciatarios de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo recaudado por la aplicación de multas. Este organismo está conformado por 7 miembros designados por el Ejecutivo, 3 de ellos en representación de la primera, segunda y tercera minoría Parlamentaria y 2 propuestos por el Consejo Federal de Comunicación, debiendo ser uno de ellos un académico representante de las universidades relacionadas con la comunicación.

2) un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual integrado por un miembro de cada provincia y representantes de las distintas fracciones que integran el sector: 3 representantes de los prestadores comerciales, 3 de las entidades sin fines de lucro, 1 de las emisoras universitarias, 1 de las universidades que dicten la carrera de comunicación, 1 representante de los medios públicos y 2 representantes de los trabajadores.

3) una Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual encargada de atender las consultas, reclamos y denuncias de la audiencia.

4) Una Comisión Bicameral para el Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Esta comisión es la encargada entre otras cosas de proponer a los representantes de la minoría parlamentaria en el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al Defensor del Público.

CONCLUSIONES

Ese “largo itinerario” que planteaba el Informe MacBride para “crear nuevas estructuras, aplicar nuevos métodos y generar una nueva mentalidad” pudo convertirse en Ley en la República Argentina porque el nuevo escenario del conflicto político y social, en términos de Gramsci (1973), ha puesto en evidencia una crisis orgánica en el bloque histórico. Por esa razón se advierte una resistencia del bloque dominante que impide la implementación total de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales.

Las palabras del intelectual y periodista Ignacio Ramonet en la conferencia de clausura de la Bienal Iberoamericana de Comunicación realizada en 2007[10] son elocuentes respecto del camino que venimos transitando en este trabajo:

“Miren lo que está ocurriendo en América Latina. Uno de los pocos ejemplos en el mundo, donde una serie de gobiernos han combatido la globalización, las sociedades han vivido a sus expensas, la aplicación de medidas neoliberales extremadamente depredadoras, se ponen en práctica una serie de decisiones que vuelven a poner en primera línea la voluntad política, de crear la iniciativa a lo político, frente a lo económico y mediático. Es lo que ocurre en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, y miren con qué violencia el aparato mediático está tratando de desacreditar esas experiencias con la temática de que son experiencias no democráticas cuando no lo son, o de regresión, cuando son de progreso evidente” (Ramonet <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57283 >2007).

 

Becerra y Mastrini (2006) sostienen que históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a través de la diversidad de medios y contenidos, de múltiples voces, y de la expresión pública de diferentes definiciones políticas. En este sentido, la nueva Ley representa una oportunidad histórica para garantizar la participación ciudadana y el derecho a la comunicación que toda democracia debe brindar.

En esa dirección deberá profundizar la democracia argentina para que las nuevas fuerzas sociales puedan construir su propia dirección política e ideológica, y así lograr que los sectores dominantes que aún hoy tienen el consenso de la población para reproducir y sostener su poder, finalmente lo pierdan en manos de otro bloque de poder que, en este caso, puede albergar a diversos sectores sociales.

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

ARTÍCULO

LA ACCIÓN POLÍTICA EN ARENDT: PUBLICIDAD, TRAMA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS POSTERGADOS

Gastón Marmisolle

Profesor y Licenciado en Comunicación Social con orientación en Comunicación Institucional. Maestrando en Investigación en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario de Posgrado Tipo I CONICET. Doctorando en el Programa de Doctorado en Ciencia Política. Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San Martín. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recibido 10 de agosto 2011.

Aceptado 21 de septiembre 2011.

Resumen

Recuperamos en este trabajo las consideraciones sobre la acción política que abordó Hannah Arendt en su obra. Nos preocupamos por el lugar que la autora le asigna a los sectores postergados en cuanto a su capacidad de participación en la vida política de una comunidad como también en las posibilidades de transformación de un status quo.

Palabras clave: acción política; participación; postergados.

Abstract: The political action in Arendt: Advertising, social fabric and delayed participation. Recovered in this work considerations addressed political action that Hannah Arendt in her work. We care about the place that the author assigns to neglected sectors in terms of their ability to participate in the political life of a community as well as the possibilities of transformation of a status quo.

Keywords: participation; political action; postponed.

¿DESDE DÓNDE? ARENDT: POSICIONAMIENTO INTELECTUAL Y TRAYECTORIA VITAL

La figura de Hannah Arendt representa uno de los puntos más altos y por cierto conflictivos del pensamiento político de mediados del siglo XX. Sus reflexiones y ensayos contra el totalitarismo y sus planteamientos acerca de la acción, entendida como participación, constituyen bases sobre las cuales la sociología, la ciencia política y la filosofía han colocado su atención tanto en lo que a reflexión teórica como ha investigaciones empíricas se refiere aún años después de sucedida la muerte de tan lúcida intelectual.

Su trayectoria vital, formativa y profesional unifica las transformaciones de su pensamiento con el devenir del tiempo en la situación socio histórica en la que le toco vivir. Su sólida formación filosófica, estrictamente vinculada a figuras de la talla de Martin Heidegger, Hans Joans y Edmund Husserl, fue ampliada en su elección de posicionarse antes que como filosofa, como teórica de la política; a pesar de que en su obra abundan las recuperaciones y discusiones para con los representantes de la filosofía antigua como también algunos de los filósofos más importantes de la tradición europea como Marx. Esta elección se liga a la concepción Arendatiana según la cual la política necesita, como condición indispensable, de la acción, la participación responsable y voluntaria de la ciudadanía para el cotidiano desenvolvimiento de la cosa pública.

El interés manifiesto por la acción política fue construido no sólo como resultado de sus profundas reflexiones politológicas. Por el contrario, fue el devenir de su trayectoria biológica la que organizó, y redireccionó, las reflexiones teóricas de la autora.

Su aberración ante el horror de los regímenes dictatoriales de la Europa de entreguerras oriento sus reflexiones hacia la oposición ante cualquier forma de totalitarismo. Especial antagonismo mostró para con el régimen nacional socialista alemán. Nacida y educada en Alemania en el seno de una familia judía la autora que aquí recuperamos sufrió con especial violencia la acción del régimen a través de la expulsión del país y la prohibición de ocupar cargos universitarios. Además, su relación de admiración y tutelaje que mantuvo en su temprana juventud con Heidegger (filosofo colaboracionista del régimen y Rector de la Universidad de Berlín durante el ascenso del nacismo) caló en su vida y en sus orientaciones intelectuales con la intención de volver a evitar la asunción del horror y el asesinato en cualquier forma de régimen político.

Una segunda consecuencia de su posicionamiento frente al nacismo se encuentra en la recuperación y sostenimiento de su identidad como “judía”. En ocasión de ser detenida por la Gestapo (un breve encarcelamiento que no se extendió más allá de ocho días) Arendt se identifica como judía no sólo para mostrar su oposición al nacismo, sino también para criticar a muchos intelectuales contemporáneos que comienzan autodenominarse almenes ante al sostenido avance del nacismo. Sin embargo, Arendt no se opone sólo a las orientaciones dictatoriales del fascismo. Por el contrario, repudia casi con igual tenor los fundamentos de los regímenes dictatoriales soviéticas. Mientras que las dictaduras restringen la participación política de la ciudadanía resultan inadecuados e indeseables.

En este ensayo no nos detenemos sobre su posicionamiento ante las dictaduras. Optamos por una lectura dirigida de su obra en atención a dos conceptos que nos resultan de especial interés: el lugar de los postergados en la acción política y la posibilidad de transformación de un orden social desde la  participación política de la ciudadanía.

 

INTRODUCCIÓN

 

El estudio de la acción se constituye como un campo de disputa entre disciplinas tales como la filosofía, la sociología, la ciencia política y algunas corrientes de las ciencias de la comunicación. Para el caso de las investigaciones empíricas, las demandas y requerimientos de preguntas de investigación que tematización objetos empíricos han acudido a aportes de cada una de estas disciplinas. Mientras que para aquellos casos en que el motivo de la reflexión sea estrictamente teórico la predominancia de una disciplina se nota, antes que en capacidad alguna de una tradición por sobre otra, en las intenciones, intereses, y formación del autor de la pregunta que dirige la investigación. Así, catalogar a los principales teóricos de la acción como cientistas políticos, sociólogos o filósofos no depende solo de la obra de los autores considerados, sino de la lectura que de ellos se realice. Cada una de estas disciplinas reconoce como propios los aportes de autores emblemáticos del campo de la acción tales como Weber, Habermas, Giddens, Arendt, entre muchos otros.

Este escenario de inscripciones múltiples y disputas en lo que al estudio de la acción se refiere reconoce, sin embargo, algunos principios comunes que señalan las bases sobre las cuales construir el estudio de la acción. En primer lugar, se reconoce una posibilidad desigual de los actores sociales para realizar una acción (Arendt, 2008). En la mayoría de las ocasiones resulta posible establecer que no todos los actores pueden actuar. Aun si reconociéramos en cada uno de los actores que participan de una configuración socio- política capacidades potenciales de intervención en las cuestiones políticas, seguramente podremos coincidir en que estas no resultan iguales o equitativas para todos. En este reconocimiento de la desigualdad en la posibilidad de actuar, de participar, resulta de especial interés la consideración de las posibilidades de intervención en los asuntos públicos de aquellos que ocupan posiciones postergadas en la estructura social. Otro de los puntos de acuerdo en lo que al estudio de la acción se refiere reside en que para ser tematizada desde algunas de las disciplinas antes mencionada la intervención en cuestión debe realizarse en un espacio que supere los límites de lo privado y sea entonces, abierto a la consideración, la participación y la valoración de actores en el espacio público. La publicidad de la acción (Habermas, 2004) es lo que evidencia su posibilidad de abordaje desde una disciplina que se interesa ya sea por lo social, como instancia superadora de lo individual como por lo político, en tanto fenómenos que hacen al bien común (Arendt, 2008).

Recuperando estas dimensiones que consideramos centrales para la comprensión de una teoría que se preocupe por el estudio de la acción es que nos preguntamos ¿Cómo se construye la acción política en la teoría de Hanna Arendt y que espacio/capacidad de acción reserva para los sectores postergados de la sociedad?

 

LAS BASES DE LA ACCIÓN POLÍTICA

 

[Arendt] atribuye a la teoría política la tarea de indicarnos cómo comprender y apreciar la libertad en el mundo y no la de enseñarlos cómo cambiarlo. Cambiarlo es cosa de aquellos que aman actuar concertadamente y no del solitario trabajo de los teóricos

Fina Birulés en el Prólogo a ¿Qué es la política? (2005)

 

Arendt sostiene una división tripartita al clasificar las dimensiones de la condición humana ubicando en ellas a la acción, la labor y el trabajo. Estas tres integran la expresión vita activa. Por Labor Arendt entiende las actividades correspondientes al proceso biológico del cuerpo humano, ligadas a las necesidades vitales en el proceso de la vida. El trabajo corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre y su condición humana es la mundanidad. La acción es la única de las tres que se desarrolla sin la necesidad de mediación de cosas o materias y corresponde a la condición humana de la pluralidad. (Arendt 2005) Mientras que la labor asume un rasgo procesual, y el trabajo proyectal, la acción se caracteriza por su carácter constitutivo de libertad y imprevisibilidad (Arendt 2005). Este carácter obedece a que la acción política se inserta en una trama de relaciones humanas preexistente que configura el cambiante movimiento de las vidas humanas. De ahí el carácter impredecible de la acción. Se inserta en una trama de relaciones e interdependencias, cargadas de intereses y tensiones. Esta trama de interdependencias suele redireccionar las intenciones originales del actor. De esta forma la acción política, además del carácter público, reviste su condición de imprevisible. La acción política irrumpe en el espacio público a modo de eslabón inicial de una cadena de la cual se desconoce su final, la forma en que modificará la trama de interdependencias en la cual se insertó.

La condición intrínseca de la acción como social y en consecuencia dependiente de la trama y red de interdependencias en la que se inserta, lo que supone intereses, intenciones y voluntades difícilmente compartidos colabora en que las diversas acciones y las lecturas que de ellas se hagan den lugar al surgimiento de historias. Estas historias son lecturas que ordenan los procesos involucrados en el desarrollo de la acción en las que los diversos actores son colocados en posiciones y revestidos pos intereses por los autores de las historias. Estos intereses, intenciones y posiciones otorgadas por las historias, no son necesariamente, una exacta correspondencia de los que originalmente poseían los actores.

Una tercera condición que encuentra la acción política en la teoría de Hanna Arendt es que reviste como condición definitoria de acción política el ir acompañada de la palabra (Arendt 2005). La palabra, en tanto conforma el discurso, constituye la mediación necesaria por la cual los agentes vuelven inteligible el mundo. En tanto recurso por el cual los actores pueden interactuar y comunicarse la acción política requiere del discurso para su existencia en el espacio público. Además, es el recurso al discurso lo que permite construirse al realizador de la acción como actante. Es sólo con recurso al discurso, desde la apropiación de la palabra que el actor se instituye como tal en la formulación de un “yo soy el que…”. En tanto la política es conceptualizada como espacio de aparición, lo que se encuentra en juego, en disputa no es otra cosa el mundo en el que conviven los hombres que actúan. La palabra carga de significatividad y sentido a la acción política y, en consecuencia, la torna inteligible.

Otra dimensión que reviste la concepción de la acción para Hanna Arendt reside en su dimensión pública. El carácter público de la acción en Arendt se relaciona con la publicidad de la acción. Publicidad hace referencia a que la acción puede ser objeto de contemplación por la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Lo público aparece como un espacio disruptivo diferente y opuesto a lo privado. El espacio público, en tanto aquel en el que se desarrolla la acción, es caracterizado como un espacio de visibilidad. Es la condición por la cual los actores que participan de la acción pueden ser visibilizados y oídos. Mientras que en el espacio privado la acción se restringe por su carencia de visibilidad en el público los actores y sus acciones se tornan visibles y entonces políticos. Así, el espacio público es condición de ejercicio de la acción, es entonces el ejercicio de la libertad de los actores, ya que en Arendt todo actor político por su capacidad efectiva de actuar es entonces libre. Si bien todas las actividades humanas se encuentran sujetadas a la condición de pluralidad y convivencia inherente a la condición humana, esta caracterización asume rasgos específicos en lo que a la acción y el discurso. La especificidad de la influencia de la pluralidad humana sobre acción y discurso se ubica en que son solo estos dos los que se conectan por el hecho de que vivir es sinónimo de vivir juntos, entre seres que son, por lo menos en principio, iguales y potencialmente libres.

Mientras que todo ser humano posee en principio la capacidad de actuar, es en potencia un ser libre. Sin embargo, Arendt (2008) se ha preocupado por mostrar en su análisis de las revoluciones francesas y norteamericanas como actores específicos ganan capacidad de intervención en el espacio público. Espacio que resultaba para ellos anteriormente prohibitivo.

 

LA ACCIÓN EN LA DISPUTA ENTRE LO SOCIAL Y LO POLÍTICO

 

Señalamos en líneas anteriores que el estudio de la acción es territorio en ocasiones de convivencia y complementación y en otras oportunidades de disputa entre la sociología y la ciencia política. Pues bien, la antinomia entre social y político en lo que refiere al estudio de la acción desde la teoría arendatiana se juega no sólo en la pertinencia disciplinar del estudioso sino también en la concepción del espacio en el cual la acción se desarrolla. Mientras que en algunas ocasiones lo social se constituye como sinónimo, o por lo menos casi intercambiable, con lo político Arendt (2006) se esfuerza en demostrar la inconveniencia de esta utilización. El argumento de Arendt se sostiene en una concepción de lo social ligada a todo animal que pueda vivir en sociedad. Mientras que reserva lo político como específico de la especie humana y directamente vinculado a la forma de intercambio lingüístico entre los ciudadanos. El discurso es inherente a la actividad política y en tanto el manejo del lenguaje se encuentra reservado con exclusividad a la especie humana se especifica la acción política como condición humana a diferencia de lo social. Este argumento nos permite comprender como hombres que en ocasiones de ser retirados de la acción política se los retrae a una condición que podría denominarse como no humana. Sostiene Arendt (2008) que la vida de los esclavos y bárbaros en el orden griego, por ejemplo, los privaba de un discurso con sentido, esto es, que tiene como preocupación primera la oportunidad de existencia del dialogo entre ciudadanos para la atención de los asuntos públicos.

A la distinción entre lo social y lo político antecede una distinción entre lo público y lo privado (Arendt, 2008). La distinción entre esfera privada y pública se corresponde con la familiar y político. La esfera social, en el argumento de Arendt (2006, 2008) en si misma ni pública ni privada, tuvo su origen en la edad moderna con la constitución de la Nación- Estado moderno. Como esta esfera social no es por naturaleza o condición intrínseca alguna, ni pública ni privada, los límites entre la regulación de los asuntos públicos y los privados aparece antes que como un espacio claramente diferenciado, como un área de contacto en el que los limites resultan por lo menos borrosos en cuanto se refiere a una sociedad industrial moderna. La clásica división entre actividades relacionadas al mundo común, y por tanto correspondientes al espacio público, y las otras vinculadas a la conservación de la vida, y entonces vinculada al mundo privado aparece en la sociedad industrial moderna como inapropiado. Esta distinción tradicional en lo que al pensamiento político se refiere entre público y privado se resuelve en lo que hace a las sociedades contemporáneas a partir de una extensión del marco regulatorio del espacio privado al público. La administración de los asuntos públicos se asimila entonces, a la administración de una comunidad doméstica gigantesca. Es por esto que Arendt sostiene que la disciplina por excelencia para ocuparse de los asuntos públicos en lo que a las sociedades contemporáneas se refiere no es la ciencia política, responsable de sostener las anteriores divisiones, sino una “economía nacional” o “economía social”. Desde su nominalización la propuesta de esta disciplina atenta contra las divisiones que constituye y válida la ciencia política tradicional. Mientras que para ella la administración de las cuestiones referidas al individuo y por lo tanto ligadas a la supervivencia eran propias del ámbito privado no debían, y por supuesto no podían, trasladarse a lo público.

En lo que hace a la sociedad industrial moderna y la forma que esta requiere de conceptualización del espacio público y el privado resulta posible establecer que el auge de lo social debilita los límites entre lo público y lo privado e intenta, además, resignificar el contenido de ambos conceptos. Para los antiguos, permanecer en el espacio privado, significa encontrarse prohibido de participar en el público (recordemos el ejemplo de los esclavos en la antigua Grecia). Mientras que, a diferencia, en la vida moderna lo privado se fortalece desde la incorporación del proceso de individualización creciente en este tipo de sociedad. En la edad moderna, con la fuerza del proceso de individualismo, lo privado deja de ser lo opuesto a lo político para posicionarse como rival de lo social.

 

ACERCA DE LAS CONDICIONES POR LAS CUALES UN ACTOR SE SUMERGE EN LA ACCIÓN. LOS FUNDAMENTOS DE LA VIDA CONTEMPLATIVA Y LAS CONDICIONES DE LA ACCIÓN EN EL ESCENARIO CONTEMPORÁNEO 

 

“Sin la acción, sin la capacidad de comenzar algo nuevo y de este modo articular el nuevo comienzo que entra en el mundo con el nacimiento de cada ser humano, la vida del hombre, que se extiende desde el nacimiento a la muerte, sería condenada sin salvación. El propio lapso de vida, en su carrera hacia la muerte, llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y a la destrucción. La acción, con todas sus incertezas, es como un recordatorio siempre presente de que los hombres, aunque luego han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo”.

Hanna Arendt, 2008: 107

La concepción de la acción política en Arendt se construye desde una oposición entre acción y contemplación. La contemplación es lo contrario de la acción como la quietud lo es a la actividad. Señalamos anteriormente en este texto que en potencia, todo ser humano es un ser libre en cuanto cuenta con la capacidad de actuar. También intentamos describir que a pesar de esta condición no todos los hombres logran alcanzar su calidad de actor. Esto es así porque la acción revierte un carácter situacional en el que se reconocen diversidades de capacidades de actuar. No fue la misma capacidad de acción la que encontraron los esclavos en la revolución americana que la encontraron los sans culottes en la revolución francesa, este es el esfuerzo al que se dedica demostrar Arendt en su ensayo Sobre la Revolución. Sin embargo, ambos estratos (esclavos y sans culottes) conformaban grupos de personas no pertenecientes a las clases de mayor consideración, prestigio y bienestar material en sus respectivas organizaciones sociales. En este punto nos detenemos sobre las condiciones que posibilitan, en la teoría política de Hanna Arendt, el traspaso de la superación de la contemplación para involucrarse en la acción, esto es participar en el espacio público de una manera activa y consciente, lo que en términos de Arendt supone las condiciones por las cuales la hasta entonces vida contemplativa se transforma en vida activa.

La oposición entre contemplación y acción remite a una construcción histórica según la cual la primera de las tareas estaba reservada al cuerpo de filósofos que conformaban la intelectualidad de una formación social, y por lo tanto, ostentaban una posición de cierto privilegio que los separaba de la necesidad de acción política. Por el contrario, la acción se destinaba en el orden griego donde Arendt encuentra las bases de esta distinción, al resto de la ciudadanía. De esta forma, la capacidad y la obligación o tarea de actuar o no descansa sobre un principio clasificatorio sustentado en estratificaciones sociales: mientras que a la intelectualidad corresponde la alta tarea de contemplar, a los ciudadanos les cabe la actividad de actuar. Por cierto, a buena parte de los seres humanos que conformaban la sociedad griega ni siquiera les cabía la oportunidad de actuar. En este orden griego la actividad que gozaba de más alta valoración era el trabajo, especialmente el de los artesanos. El posible prestigio y/o valoración de la actividad política surgiría en la medida en que esta alcance el status y la posición del trabajo a partir de su visualización como parte del trabajo.

En oposición a esta tesis que Arendt (2006) encuentra en los griegos sostiene la primacía de la actividad política, la acción sobre el trabajo y la labor; la autora posiciona la acción por sobre las otras dos. Este posicionamiento se funda en el carácter público que reviste la acción, y por lo tanto vinculada a la esfera política de la actividad humana. Esta distinción se funda, sostiene Arendt (2006), en las etapas fundacionales del pensamiento griego, específicamente en el período pre platónico, anterior a lo que ella considera la constitución de la filosofía griega.

Sostiene Arendt (2008) que en la sociedad moderna la conducta reemplaza a la acción como dispositivo por excelencia para la conformación de vínculos entre los seres humanos. Este sobredimensionamiento de la conducta solo resulta posible a partir de cierto conformismo con el status quo. Conformismo que anula la posibilidad de participación política que conoció la Grecia Antigua para los ciudadanos. Pareciera que la sociedad moderna no requiere ya de la privación de la condición de ciudadanos para buena parte de la población desde el recurso a mecanismos restrictivos violentos. El conformismo asegura la total restricción en los asuntos políticos, lo que incluye no sola la actuación efectiva, sino también la voluntad y la conciencia de lo importante de la acción personal para el desarrollo de la esfera pública.

En la era moderna, a partir de la instalación y consolidación del Estado moderno, el Estado y el gobierno ceden su lugar a la mera administración. La administración, a partir de los recursos que le posibilita la burocracia, reemplaza el gobierno personal por la administración impersonal del Estado: el gobierno de nadie. Pareciera que la única forma de participación política que le cabe al período moderno es la aceptación de las condiciones dadas, a partir de la conducta.

La restricción a la acción pública como mera conducta se desarrolla no sólo gracias a la conformación de la burocracia como forma de administración del Estado y la cosa pública. La universalización del trabajo como actividad necesaria para el mantenimiento de la vida significa la necesidad de ocupar todo el tiempo posible de la vida humana en la mantención de las condiciones de supervivencia biológica^[1].

LA ACCIÓN DE LOS POSTERGADOS Y LAS TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO DEL TRABAJO

 

Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor.

Hanna Arendt. La condición humana, 2005: 17

La rabia es la única forma de actividad que puede desarrollar el desgraciado

Arendt, 2008: 110

Es cierto que el sufrimiento transformado en rabia puede liberar fuerzas irresistibles

Arendt, 2008: 111

Las reconfiguraciones de la sociedad salarial y del mundo del trabajo en su totalidad que altera las condiciones de contratación, regulación y vida de los asalariados evidencia del declive del modelo de producción industrial y visualiza el comienzo de una nueva configuración societal que ha sido tematizada por algunos autores como posmodernismo (Bauman 1998, 2001, 2005), sociedad de riesgo (Beck 2006, 2007, 2008), sociedad post- estatal (Virno 2003), entre otras muchas denominaciones. La pérdida de la centralidad del mundo del trabajo con su capacidad de colectivización de los asalariados y de dispositivo por antonomasia en torno al cual giraban las políticas de protección social fue, quizá tempranamente, tematizada por Arendt (2005). En este fragmento del ensayo procuramos abordar los señalamientos de la autora en torno a la conformación de una sociedad sin trabajo prestando especial atención a las capacidades de acción política que les caben a quienes conforman los sectores más postergados de la sociedad capitalista.

Desde las fases iniciales del industrialismo el problema de la movilización y la capacidad de acción de los sectores más desfavorecidos de la sociedad constituyeron un tema de preocupación para la sociología como también para la ciencia política. La movilización en el espacio público, ha sido generalmente vinculada a dispositivos de protesta en tanto expresión pública del descontento ante la vivencia de una situación que se considera injusta, y que en consecuencia, habilita a la exigencia de reparación (Boltanski y Thevenot 1997; Boltanski y Chiapello 2002). La vigencia del modelo de sociedad capitalista (Marx 2007, 2009a, 2009b) y/o asalariada (Castel 2003, 2010) presenta dos sujetos colectivos que por antonomasia, se esgrimen como responsables de la expresión pública, y en consecuencia política, de la denuncia de las injusticias vividas: la clase obrera en tanto explotada en el proceso de producción que sufre la injusticia de una distribución inequitativa del excedente de producción capitalista. El otro de los sujetos colectivos que podía movilizar la capacidad de expresión pública del descontento reside en el denominado ejército industrial de reserva. Mano de obra potencialmente empleable, pero que sin embargo no logra integrar el sistema industrial de producción sino como reservorio potencial de reemplazo del conjunto de asalariados empleados. Para ellos, la vivencia de una situación de injustica no reside en una distribución desigual del excedente, por el contrario su injusticia vivida se encuentra en su condición de excluidos del mundo del trabajo, de la participación en la distribución de la riqueza y de la vida política de la sociedad. Su única forma de participación política reside en el reclamo público a través de dispositivos de protesta.

La separación del trabajo para muchos de los ciudadanos en el período moderno reviste especificidades con respecto al sector de los ciudadanos alejados del mundo del trabajo en el mundo antiguo. Mientras que en el período griego la liberación del trabajo fue un privilegio asignado para unos pocos que los permitían distanciarse de las tareas manuales, que no gozaban de demasiado prestigio, en el escenario de descomposición de la sociedad industrial la pérdida del trabajo se construye como una amenaza para toda la población y una realidad que afecta a cada vez más personas^[2]. Sin embargo, el proceso de restricción al acceso al trabajo no se da directamente desde su obligatoriedad hasta su imposibilidad. En medio de ambos, el advenimiento de la sociedad industrial casi universaliza al trabajo como actividad. En simultaneo, los teóricos de la sociología y la política glorifican tal actividad y perciben en los que las realizan la posibilidad, cuando no la efectiva realidad, de conformar actores políticos colectivos con inusitada capacidad de acción. La pérdida del trabajo llega, entonces, cuando fue constituido por el desarrollo de las dinámicas socio- políticas en actividad común a buena parte de la sociedad y cuando el campo intelectual reconoce su valor e importancia. Lo que con anterioridad fue pensado como un sueño hoy aparece como una pesadilla efectiva o como una amenaza indeseable (Arendt, 2005).

En su análisis comparativo de la revolución francesa y la americana Arendt (2008) sostiene que los fundamentos de la primera se vinculan directamente con la vivencia de una situación de carencia y sufrimiento. Más aún, la evidencia de esta situación en la aparición urbana, cotidiana e importante en términos cuantitativos en el paisaje urbano de aquellos años de un número importante de pobres sirvió de base política, ideológica y también material a la proclama revolucionaria francesa. Esta hipótesis presenta el lugar que la cuestión social, es decir el papel de los sectores postergados de una totalidad social, en las formas de acción y expresión política pública. Esta lectura de la exclusión social, la pobreza como potencial fuente de la acción política es influencia directa de la herencia del pensamiento marxista en las bases del pensamiento político contemporáneo a Arendt (2008). Según el modelo marxista la pobreza antes que una condición natural es resultado de un proceso político, la distribución desigual del excedente de producción capitalista y en consecuencia obedece a un proceso de explotación de los capitalistas por sobre los asalariados. La forma de superar la condición de pobreza en la que se encuentra buena parte de la población reside en la superación de las propias relaciones capitalistas de producción. La acción política de los postergados orientados a la mejora de sus condiciones de vida se dirige, finalmente, a la supresión/superación de las relaciones capitalistas de producción (Marx 2007, 2009ª, 2009b).

El vínculo que establece Arendt entre la revolución francesa y la lectura de la misma desde el marxismo se fundamenta en su intento de señalar las primeras conceptualizaciones de las revueltas políticas como formas de acción de los sectores postergados. El señalamiento marxista, recuperado por Arendt, otorga posibilidad de intervención en el espacio público a los desprotegidos, si bien con el precio de condicionar la orientación de su acción y por lo tanto, determinar de manera estructural y de forma casi universal (por lo menos alcanzable a todas las formaciones capitalistas con independencia de cualquier otra condición situacional) las intenciones y objetivos de su participación en el espacio político: el final de una forma desigual y construida sobre la explotación de distribución de la riqueza. De esta forma, la concepción de la capacidad de la acción de los postergados se construye casi sobre una suerte de leyes de la historia que otorgan, en base a la característica identitaria de su condición de excluidos, sentido y orientación política a su acción. Sin embargo, esta característica que parecería ser en principio una debilidad del abordaje marxista y arendatiano de la acción de los postergados es también, tal vez, el mayor reconocimiento que podría otorgarse a estos sectores: reconocerles capacidad de acción y un rol transcendental en la construcción de los procesos políticos y en la posibilidad de cambio de un orden social injusto para buena parte de la población^[3].

Ahora bien, no fue sólo la toma de conciencia del potencial de acción política de los postergados lo que los constituyó en un actor político esencial para la Francia de aquellos años. La presencia en el paisaje urbano de los desposeídos necesita de la compasión del ciudadano mediante la cual se reconoce no sólo su condición de vulnerabilidad, sino también lo injusto de la misma y la necesidad urgente de remediarla. Este señalamiento nos conduce a dos puntos que resultan de especial interés para el desarrollo de este ensayo. En primer lugar la cuestión social, o la capacidad de acción de los sectores postergados, y aun a pesar de la recuperación que Arendt (2005, 2008) hace de Marx no obedece a cuestión natural alguna fundada en la condición de postergación de los excluidos. Señala Arendt (2008) que a diferencia de lo que sucede en la revolución francesa, en la revolución americana los oprimidos, que en esta ocasión eran esclavos, es decir seres humanos reducidos a condición de servidumbre, no lograron instalarse como actores decisivos en el desarrollo de las revueltas. La razón de este lugar desigual de los sectores postergados en procesos políticos, en principio similares por su condición revolucionaria como son los sucesos de Francia y Estados Unidos reside en el segundo punto que intentamos considerar para la continuidad de este texto: la capacidad de otorgar preponderancia a la situación de los sectores desfavorecidos como motor de la acción política desde el recurso a la compasión^[4].

La contemplación de los postergados con intenciones a salvar o por lo menos optimizar su condición se convierte desde el recurso a la compasión en instrumento y dirección de la revolución francesa cuando algunos de los grupos que participaron en la revuelta comienzan a fracasar en sus objetivos de reforma constitucional e institucional. En este momento el protagonismo del pueblo francés suplanta al de la fundación de la Republica. La intención de otorgar condiciones de vida digna para el pueblo supera la importancia, por lo menos para el grupo de Robespierre, de fundar un orden institucional de tipo republicano. Más allá de estos fines, por cierto nobles, el programa revolucionario aun después de su triunfo fracaso en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población que en ese entonces se encontraba en situación de vulnerabilidad social. Aún después de la revolución, pobres y desamparados seguían existiendo en cantidad. También quedaba en claro después de los sucesos revolucionarios que su capacidad de participación en la cotidianeidad de los asuntos políticos, si existía, era bastante acotada. La compasión hacia estos sectores sin embargo, dio origen a la constitución de cuerpo de actores políticos responsables de acompañar y dirigir los reclamos de estos sectores ante el sentimiento de que ellos mismos son incapaces de llevarlo adelante. Si a algo dio origen la compasión que oriento y redirigió el desarrollo de la revolución francesa fue a un cuerpo de dirigentes que se construían y legitimaban como aquellos que sostenían que el poder emana del pueblo, y en consecuencia, el político no es sino un representante de este, y que es responsable de la defensa de sus intereses. Estos representantes de la voluntad del pueblo reemplazaron la importancia otorgada en las primeras fases de la revolución a los regímenes institucionales. Parecía que la importancia del pueblo se mostraba superior a la de la República. Sin embargo, el divorcio entre pueblo y Republica colaboro en seguir relegando a los que conforman el pueblo a perpetuarse en su posición de postergación. Mientras tanto, la República, el Estado y los asuntos políticos continuaron siendo de hecho asuntos de ciudadanos y no de pobres.

La intención de incorporar a buena parte de la población en el tratamiento de los asuntos públicos fue conceptualizada, según recupera Arendt (2005, 2008b), por Rousseau desde su noción de voluntad general. Este concepto, antagónico al de voluntad y por tanto intereses particulares, intentaba cohesionar las necesidades y estrategias de participación política del pueblo: que en aquel entonces se encontraba conformado en gran medida por marginados, pobres y excluidos.

Quedan todavía pobres, marginados y postergados por doquier. Queda todavía la deuda de que participen en el espacio político y más aún queda la obligación de que hagamos lo posible para que abandonen su condición de vulnerabilidad. Le queda a la política, y a los que por ella nos preocupamos, la tarea de materializar aquello de que la vida sea digna de ser vivida para todos.

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2011. Newsletter . ISSN 1850-261X Copyright © Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA. Argentina

NOTA BREVE

ASISTENCIA SOCIAL Y CARIDAD: VARIACIONES DE UN SABER PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA POBLACIÓN

Laura Zapata

Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recibido 29 de agosto 2011.

Aceptado 19 de septiembe 2011.

Entre febrero y julio del año 2001 acompañé la actividad que llevaban adelante un grupo de voluntarias de Caritas en la parroquia católica San Alonso de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Unas 30 mujeres realizaban acciones de caridad dirigidas a las “familias carenciadas” o “necesitadas” de sus entornos barriales. A través de donaciones de ropa, zapatos, alimentos y muebles realizados por los feligreses de la parroquia, decían asistir la necesidad de los pobres. La “ayuda” que prestaban a los “necesitados” incluía también la administración de varios programas de asistencia social que provenían del estado nacional (Ministerio de Desarrollo Social), provincial (Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano) y municipal (Secretaría de Calidad de Vida del Municipio de General Pueyrredon). Distribuían entre las familias beneficiarias de Caritas puestos de trabajo en programas de emergencia laboral, pequeños créditos para la reparación de viviendas y alimentos provenientes de programas alimentarios como el ASOMA (Apoyo Solidario a los Mayores) y el PAU (Programa Alimentario Único).

Caritas San Alonso contaba con unas 300 familias beneficiarias en ese momento. La administración de estos programas, sin embargo, no estaba íntegramente en manos de las voluntarias. Un grupo de “asistentes sociales” provenientes de las dependencias provinciales y municipales “capacitaban” al voluntariado y “supervisaban” periódicamente su trabajo, visitando sus locales de atención, manteniendo reuniones regulares con las “directoras” de las Caritas parroquiales donde los programas eran “bajados” a la comunidad.

Mi inquietud a la hora de definir este grupo de personas como objeto de investigación fue comprender los fundamentos en que basaban la legitimidad de las acciones que desarrollaban sobre la población a la que llamaban “pobre” (Zapata 2005). Me inquietaban los saberes que sobre las familias pobres decían portar las personas que se auto-reconocían como idóneas para “asistirlas”. Esperaba encontrar, al nivel de la interacción localizada, lógicas de institución de prácticas y saberes fundamentales para la existencia de dispositivos, eventualmente gubernamentalizables, de administración de la población (Foucault 1990).

Aunque las voluntarias católicas y las asistentes sociales acordaban que su común propósito era hacer lo más eficiente posible el funcionamiento de los programas, las relaciones que mantenían entre sí eran tensas. Las voluntarias le decían a las asistentes sociales, con ironía y respeto a la vez, “las licenciadas”. Diferenciaban el trabajo de las licenciadas, a las que consideraban “políticas”, con respecto al suyo, que era el desinteresado acto de “dar sin mirar a quién”, sin obtener por ello un “beneficio” ni estar guiado por un “interés” personal. Además, me decían las voluntarias, las licenciadas no conocían de primera mano su barrio y su gente: “ellas no gastan las zapatillas recorriendo el barrio”. Aunque le adjudicaban valor a los conocimientos científicos, los títulos profesionales y los sellos con que acompañaban sus firmas, las voluntarias decían poseer una clase de saber que se oponía al de las asistentes. Esta clase de tensión no se manifestaba en actitudes abiertas de enfrentamiento. Como el papel adjudicado a mi persona durante el trabajo de campo fue el de una voluntaria en proceso de formación, las observaciones que sobre las asistentes recogí me fueron reveladas en ámbitos que reunían sólo al voluntariado. Con respecto a las licenciadas las voluntarias no expresaban ningún malestar o resistencia. En los encuentros de capacitación o en las reuniones de seguimiento de los programas las mujeres católicas escuchaban en silencio las indicaciones de las licenciadas. Más tarde, cuando las profesionales se retiraban de los salones de Caritas o regresábamos a nuestras casas, las voluntarias compartían sus evaluaciones y críticas.

Las licenciadas, por su parte, consideraban el trabajo que realizaban en sus barrios las voluntarias como rudimentario, irreflexivo, falto de método e intuitivo. Las profesionales me explicaban que las mujeres católicas estaban recibiendo un “recurso estatal” y, por lo tanto, tenían que “dar cuenta de él”, “manejarlo con prolijidad”, “administrarlo racionalmente”. Era necesario que las voluntarias aprendieran a adoptar una mirada distanciada pero totalizadora con respecto a la “situación social” de los beneficiarios de los programas. En lugar de esos cuadernos viejos con listas de nombres que se reiteraban desorganizada y crónicamente y de la práctica indiscriminada de la caridad basada en la bondad ingenua de las mujeres, las asistentes sociales introducían “planillas”, “perfiles de beneficiarios”; “bases de datos”. Las licenciadas decían “bajarle” al voluntariado “herramientas técnicas” con objeto de racionalizar la lógica de acción de las mujeres y con ello elevar los “niveles de eficacia y eficiencia” en el manejo de los recursos estatales orientados a la asistencia social de los necesitados.

Los sutiles enfrentamientos que estos dos grupos de mujeres mantenían entre sí en lugar de señalar una oposición fundamental que definiría lógicas de acción y saberes contrapuestos, revelan variaciones de un saber, históricamente gestado y culturalmente signado, para la administración de la población (Sousa Lima 2002). Aunque en materia de políticas de estado la década de 1990 en Argentina, y en varios países de la región latinoamericana, aparece como singularmente afectada por las reformas estructurales del estado (ajuste fiscal, aumento de la desocupación, privatización y descentralización de las políticas sociales), el problema que estoy proponiendo aquí no se halla determinado por aquella coyuntura “neoliberal”. Para comprender las tensiones que vivían estos grupos de mujeres, asistentes y voluntarias, cuando administraban un programa de asistencia social es preciso considerarlas como herederas y protagonistas de un proceso de institución de una tradición de conocimiento para la administración de poblaciones; productoras y actualizadoras de una clase de conocimiento que es preciso desarrollar para intervenir sobre la población; protagonistas de las luchas que se han librado durante el siglos XX en Argentina para gubernamentalizar, estabilizando y profesionalizando, esos saberes. La tensión gubernabilizante del saber que se desprende del contacto directo y de la “asistencia” (sanitaria, alimentaria, laboral, educativa, etc.) de la población pobre, explica la variación que presenta la tradición de conocimiento asociada a tal contacto caritativo o asistencialista (Barth 1993).

Voy a tratar de ser más clara. Las prácticas caritativas femeninas, ligadas al ideario católico, suelen ser conceptuadas como una fase “pre-moderna” y “pre-científica” de la “Asistencia Social”. La profesión y el saber racionalizado a ella asociada habrían ido lentamente surgiendo, no sin enfrentamientos y resistencias, de la rémora beneficente entre la tercera y cuarta década del siglo XX (Ayalón 1980, 1989; Grassi 1989). Pero la “Asistencia Social” al mismo tiempo que fue definiéndose como una materia social objeto de intervención experta, supuso la creación de dominios, por medio de la institucionalización de direcciones, secretarías, ministerios y legislación, sobre los cuales reclamaba legítima acción monopolizante el estado argentino y sus funcionarios. De ahí que buena parte de la agenda disciplinar se halle abocada a pensar el problema de la dependencia de esta profesión con respecto a un régimen político, como es el estado de bienestar, que le imposibilita al Trabajo Social la definición autónoma de un objeto de reflexión e intervención (Aquín 1999; Tonon 2002).

Fue el gobierno peronista el que estatizó, en 1947, a la centenaria y poderosa Sociedad de Beneficencia. Basada en los ideales cristianos de la caridad, esta Sociedad se ocupó de los pobres argentinos por más de un siglo. En abierta oposición a la beneficencia, el peronismo, entre 1946 y 1955, colaboró en la consolidación del “Estado de Bienestar”, institucionalizó y profesionalizó un modelo de “ayuda” estatal dirigida a los pobres: la asistencia social. El Estado institucionalizó a través de la reforma de la Constitución, en 1949, nuevas reivindicaciones en materia social. Produjo un cuerpo jurídico sin precedentes en materia de legislación laboral y previsión social. Concentró y unificó en su esfera burocrática las entidades ocupadas de la “Asistencia Pública”, “Administración Sanitaria”, “Departamento Nacional de Higiene”, y las instituciones de asistencia de la disuelta Sociedad de Beneficencia de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo el Estado creó la Dirección Nacional de Asistencia Social, encuadrada dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión y la Secretaría de Salud Pública (Torrado 1992; Passanante 1987:125-135).

No es sorprendente que esta historia, de carácter lineal, presente al estado de bienestar como la superación ideológica e histórica de la “irregular, irracional, asistemática” beneficencia femenina (Recalde 1991; Lo Vuolo y Barbeito, 1998; Passanante 1987; Tenti-Fanfani 1989; Moreno 2010). Sólo que la participación masiva de 25 mil voluntarias en los programas de asistencia social a fines de la década de 1990 en Argentina, niega esa historia hecha de fases que en un movimiento progresivo se superan unas a otras. No alcanza con calificar, como hacen algunos autores, de “neo-beneficencia” (Isuani 1992) a esa estrategia estatal de intervención que, en lugar de recurrir a las profesionales que creó para intervenir sobre segmentos específicos de la población, entrega planes laborales y alimentarios a las manos del voluntariado católico. La administración de programas de asistencia supone la capacidad de intervenir en la definición de los grupos sociales pasibles de ser asistidos por medio de recursos estatales (Zapata, 2005: 77 y ss). Los programas revelan aspectos de un trabajo de construcción de grupos sociales, para nuestro caso los pobres, que se hacen inteligibles y eventualmente gobernables para la administración a través de la asistencia que reciben. Estas prácticas, y los saberes que de ellas se desprenden, definen una soberanía que puede o no ser transformada en principio de  gobierno (estatal).

El voluntariado masivamente integrado a la ejecución de políticas sociales pone en tensión el monopolio laicizado y racionalizado que sobre la intervención en la población pobre reclama la profesión de asistente social. Por eso las licenciadas “supervisan” y “capacitan” en su labor a las mujeres católicas. Pese a desdeñar, en parte, sus métodos y motivaciones, las asistentes sociales ven en el voluntariado una fuente de conocimientos y procedimientos que sus teorías, métodos y técnicas no les permiten desarrollar. Las escuchan con atención cuando en tono de chisme las mujeres católicas rezan biografías detalladas de amplios sectores de la población. Los enfrentamientos que ambas mujeres experimentan en sus actividades conjuntas revelan, no obstante, que ambas constituyen modulaciones de un saber lentamente desarrollado sobre la población pobre, y que ante coyunturas críticas, como fue la crisis política, económica y social que vivió el estado y la sociedad argentina en la década de 1990, los saberes estatizados y burocratizados y aquellos que han resistido la gubernamentalización estatal, son útiles para sustentar acciones de intervención capilares sobre determinados segmentos de la población.

Por medio del análisis de las ideas y valores asociados a dos lógicas de acción diferentes, la asistencia social y la caridad, aquí he mostrado que es preciso pensar al estado no sólo como un proceso social históricamente situado, sino, además, como un proceso ideológico (Sousa lima 2002) . Tal alternativa permite poner nuestra atención en la producción de saberes y poderes no necesariamente delimitados bajo la esfera de la acción burocrática. Hace avidente que es preciso pensar las lógicas de formación de cuadros burocráticos y agentes sociales aptos para manipular, transformar y/o reproducir tales saberes. En lugar de analizar, desde una perspectiva normativa, si los programas sociales de asistencia cumplen o no sus objetivos, la comprensión de su operatoria práctica, desde la perspectiva de quienes los ejecutan (licenciadas y voluntarias), permite que nos adentremos en los procesos performativos de producción de instrumentos de creación y gobierno de poblaciones específicas.

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2011. Newsletter . ISSN 1850-261X Copyright © Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA. Argentina

                      ÍNDICE  

ARTÍCULO: A DIEZ AÑOS DEL INICIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA SOBRE LOS “CORRALES DE PIEDRA” DE TANDILIA. Dra Victoria Pedrotta

ARTÍCULO: EL ESCENARIO DEL CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL EN ARGENTINA. DEL NOMIC A LA LEY 26.522. Lic. Pablo Zamora

ARTÍCULO: LA ACCIÓN POLÍTICA EN ARENDT: PUBLICIDAD, TRAMA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS POSTERGADOS. Lic. Gastón Marmisolle

ARTÍCULO: MEDIACIONES, NEGOCIACIONES, RESISTENCIAS. REFLEXIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA DE LA INTERCULTURALIDAD A PARTIR DE UNA SITUACIÓN ETNOGRÁFICA. Lic. Gabriel Morales

NOTA BREVE: ASISTENCIA SOCIAL Y CARIDAD: VARIACIONES DE UN SABER PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA POBLACIÓN. Dra. Laura Zapata

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Editora
Lic. Carolina D. Ferrer
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Co-editores
Lic. Manuel P. Carrera Aizpitarte
CONICET / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Lic. Nélida Pal
CONICET / Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires / Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)

Lic. María Laura Casamayou
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Colaboraron en esta edición

Evaluadores que colaboraron en esta edición:

Esp. Susana Morales. Especialista en investigación de la Comunicación. Docente investigadora, integrante del Observatorio de Comunicación y Ciudadanía. UNC-CONICET.

Lic. Julio Merlo. Departamento de Arqueología, INCUAPA. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Mag. Mónica Cohendoz. Departamento de Comunicación Social, ECCO. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Lic. Ludmila Adad. Departamento de Antropología. NuRES. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Newsletter ISSN 1850-261X. Publicación electrónica de la Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA
Av. Aristóbulo del Valle 5737 - B7400JWI Olavarría, Provincia de Buenos Aires,  Argentina

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