Intersecciones en Comunicación

ISSN 1515-2332 (versión impresa)

ISSN 2250-4184 (versión On-line)

Intersecciones en Comunicación.  n.6 Olavarría ene./dic. 2012

DISCUSIONES EN TORNO A LA MEDIATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. EL CASO DE LA PROTESTA POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS EN URUGUAY

Julia de Diego[1]

Recibido 12/04/2012.

Aceptado 6/06/2012.

RESUMEN

El concepto de lo público se ha desplazado históricamente en torno a los múltiples sentidos que las ciencias sociales le otorgaron en distintas coyunturas, a partir de las transformaciones identificadas en los procesos sociales y políticos. Actualmente, pensar a los medios de comunicación y a la política en relación con esta categoría implica entender la preeminencia de lo mediático, pero no como poder absoluto que excluye al espacio público de sus anclajes geográficos y comunitarios, sino como una mediación entre los acontecimientos urbanos.

Proponemos cuestionar la idea de un traslado total del espacio público a la arena mediática, complejizando un abordaje para pensar además en el rol del espacio geográfico, la temporalidad y las escalas en las que transcurren los fenómenos sociales y políticos.

Tomamos por caso el conflicto por la instalación de papeleras en Uruguay. Este nos permite analizar la generación de un tipo de espacio público creado por los medios, a partir de uno local, teniendo en cuenta, por un lado, que lo que ocurre a nivel de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú no desaparece, mientras que, por otro, la estructura de la opinión pública no se da a partir de la generalización de las interacciones simples.

Palabras clave: Espacio público – opinión pública – mediatización – Habermas – Luhmann.

ABSTRACT

DISCUSSIONS ABOUT THE MEDIATIZATION OF PUBLIC SPACE THE CASE OF THE PROTEST THE CONSTRUCTION OF PAPER MILLS IN URUGUAY. The concept of the public has historically moved around the many ways that social science awarded at various junctures, from the changes identified in the social and political processes. At present, think the media and politics in relation to this category involves understanding the preeminence of the media, but not absolute power to exclude the public space of their geographical and community anchors, but as a mediation between the urban events.

We propose to question the idea of a total transfer of public space to the sand media, an approach to complexity it also think the role of geographic space, temporality and the scales on each passing social and political phenomena.

If we take for the conflict by the installation of paper mills Uruguay. This allows us to analyze the generation of a type of public space created by the media, from local one, taking into account, firstly, that what happens at the level of environmental Gualeguaychú assembly remains, while on another, the structure of public opinion is not given from the generalization of simple interactions.

Keywords: Alpha Public space - public opinion- mediatization - Habermas – Luhmann.

El concepto de lo público se ha desplazado históricamente en torno a los múltiples sentidos que las ciencias sociales y políticas le otorgaron en distintas coyunturas, a partir de las transformaciones identificadas en los procesos y la significación de los sujetos. Por marcar sólo algunos hitos, hallamos los orígenes en la antigua Grecia, momento en que lo público adquiere un importante componente normativo. Luego, durante la Reforma, este concepto da cuenta de la fuerte relevancia de la privatización los hábitos religiosos. En la modernidad, comienza a primar la racionalidad de los hombres privados que discuten en calidad de público. En la actualidad, el panorama no es tan claro, por lo que planteamos la necesidad de un abordaje multidimensional.

El rol de los medios de comunicación respecto de la puesta en escena de lo político es un elemento clave que permite a analizar las potencialidades del estudio de lo público. Esta mirada implica entender la preeminencia de las lógicas mediáticas, pero no como poder absoluto que excluye al espacio público de sus anclajes geográficos y comunitarios, sino como una mediación legitimada socialmente que performa los acontecimientos políticos y urbanos.

Con un énfasis en la dimensión que concibe al espacio público como lugar de visibilidad, cuestionamos la idea de un traslado total del espacio público político a la arena mediática, (Virilio, 1991; Barbero, 2002; Schmucler y Terrero, 1991)[2] lo cual nos permite pensar el tipo de determinación que generan el espacio geográfico, la temporalidad y las escalas en las que transcurren y adquieren sentido los fenómenos sociales. En otras palabras, proponemos alejarnos de la concepción de que un tipo de espacio público -el local/comunitario- es sustituido por otro: el creado por los medios.

En esta línea, evidenciamos la potencialidad analítica de la noción de espacio público, a partir de pensar, ¿bajo qué formas, en qué espacios y etapas es posible identificar la escena de lo mediático y político?

De esta manera, arribamos al caso que nos permite desarrollar la propuesta. El énfasis no está puesto en los diálogos teóricos y categoriales, sino más bien en inquietudes conceptuales que permitan iniciar un estudio en etapas del conflicto ocasionado por el proyecto de instalar dos procesadoras de pasta de celulosa en el costado oriental del Río Uruguay. Vemos así que las características de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, en tanto dinámica protagónica en el inicio del conflicto, no desaparecen como formas de acción política en el espacio público, a medida que los debates ganan espacio en los medios de comunicación. Del otro lado, observamos  un proceso de nacionalización de la problemática, cuando el poder político lo incorpora como cuestión de Estado, en un proceso de una naturaleza diferente del asambleario: la estructura de la opinión pública no es la generalización de las interacciones simples.

EL ESPACIO PÚBLICO EN SOCIEDADES COMPLEJAS

Como anticipábamos, la noción de espacio público ha sido redefinida por diversas perspectivas teóricas a lo largo de la historia, las cuales resaltaron algunos aspectos por sobre otros, en relación con el desarrollo y las transformaciones en diversas coyunturas socio-políticas. Rabotnikof (2005) agrupa estas concepciones en tres “sentidos” que han sido preponderantes (no exclusivos) en diferentes contextos: el espacio público entendido como lo colectivo, lo manifiesto o lo abierto[3].

Actualmente, la complejización social, política y tecnológica de nuestras sociedades hace imposible erigir una sola perspectiva en el abordaje de lo público. En este sentido, sostenemos la necesidad de una mirada relacional entre los casos empíricos, su temporalidad y las dimensiones teóricas y categoriales.

Así vemos que el conflicto generado por el anuncio de instalación de dos papeleras en la margen oriental del río Uruguay, adquiere dos momentos clave en los que podemos problematizar el vínculo entre espacio público, medios y política: la preponderancia de la dinámica asamblearia y la nacionalización del conflicto a partir de una fuerte intervención de los medios y el poder político. No consideramos que una manifestación se constituya como la extensión de la otra, ni tampoco como un reemplazo de las dinámicas locales por las periodísticas. Veremos en el análisis como ambas instancias conviven, se superponen, se complementan y generan mutuas tensiones.

Según la “ontología del espacio público” (Rabotnikof, 2005), encontramos, por un lado, una perspectiva procedimental, que nos permite pensar aspectos inherentes al accionar de la sociedad civil, en la dimensión organizativa, en los procedimientos argumentativos y sus manifestaciones; en el carácter autónomo y crítico respecto del poder económico (los capitales extranjeros dueños de las pasteras), y político, representado por el Estado uruguayo. Habermas es el teórico que nos permitirá avanzar en este sentido, a partir de su esquema analítico del espacio público burgués.

Por otro, retomamos con Luhmann la perspectiva estética, que permite desentrañar la construcción y despliegue del tema en la opinión pública, luego de la aparición de las protestas locales: cuando la problemática adquiere carácter nacional. El rol de los medios de comunicación se conciben como constructores de espacio público movilizador del interés común, a partir de la aparición y visibilidad de ciertos temas, es decir del carácter fenoménico de la política.

Habermas y Luhmann protagonizaron profundos debates en los años ’70, embanderados en sus respectivos marcos teóricos: la Teoría Crítica y la Teoría de Sistemas. El pensamiento del primero abreva en una tradición de la sociología alemana (Karl Marx y Max Weber) y la moral kantiana. En tanto miembro de la escuela de Frankfurt, mantuvo su atención en una mirada normativa respecto del pasado que encierra el análisis nostálgico de la realidad cambiante de la actualidad. Como contrapunto, Luhmann asume una postura crítica respecto de esta perspectiva y propone observar el funcionamiento futuro de los sistemas sociales[4].

Para ambos enfoques, la idea de publicidad de los actos públicos, entendida como lo que es manifiesto y visible es fundamental.

Habermas concibe a la esfera pública como un ámbito de discusión política y racional. Toma como modelo la sociedad burguesa, en la que las normas debían pasar por el tamiz del razonamiento público, es decir, por la discusión entre individuos. Estos elaboraban críticas, pero sin intenciones de participar del poder del Estado. Se trataba de lugares públicos, en tanto accesibles a todos los hombres privados, libres de las jerarquías y la coerción; allí podían opinar libremente.

Desde este razonamiento, el pasaje a la sociedad actual negativamente es la decadencia del espacio público liberal, provocado por la disolución de los debates racionales cara a cara, críticos hacia el poder político. Esto se da en un marco de amplia difusión de los medios de comunicación, complejización de la sociedad y su indiferenciación creciente respecto del Estado. Así, Habermas asume que ya no existen problemas públicos que afecten a todos, sino a algunos grupos: cuando lo público se amplia, los problemas son cada vez menos comunes.

Por su parte, Luhmann aborda la cuestión de lo público en tanto circulación de temas en la opinión pública, es decir, de la aparición en los medios de comunicación. Sostiene que en una sociedad basta y diferenciada es preciso alcanzar el mayor nivel de abstracción posible en el concepto de publicidad, en el camino de anular lo particular en lo general. Desde este razonamiento, indica que “las comunicaciones no son estructuradas por los subsistemas sociales no políticos (…) sino por los temas de la opinión pública”. Esto quiere decir que, a diferencia de Habermas, no es fundamental una publicidad de las comunicaciones políticas particulares, sino “la estructuración de todas las comunicaciones políticas, mediante temas institucionalizados”. (1978: 20)

En ambas perspectivas, la esfera pública es atravesada por las propias características de la opinión pública y las relaciones de poder[5] que se tejen en esa escena.

Para el primer modelo, la opinión pública actual es ficticia y no puede delimitarse como tal. Esto genera que no se la pueda identificar directamente en el comportamiento del público de ciudadanos (Habermas, 2006). En este sentido, se concibe como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, opiniones, en la que los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados en opiniones públicas agrupadas en torno a temas específicos. (Ídem, 2008)

En el segundo caso no hay una mirada nostálgica frente a la complejización social. Más bien hay un alejamiento explícito de la definición habermasiana que promovía a la opinión pública como un control crítico del poder y una generalización de opiniones individuales. Es preciso concretar una definición más abstracta y radical, dice Luhmann. Plantea que la opinión pública es un mecanismo-guía, es decir, un filtro temático, cuya función es reducir la “multiplicidad subjetiva de lo que es jurídicamente y políticamente posible”. (1978: 4) Los temas que quedan tras el tamiz que imprime lo público no determinan el contenido de las opiniones, sino más bien sirven para captar la atención.

Luhmann sostiene que la opinión pública debe entenderse desde la perspectiva de su constitución y no tanto como circulación de opiniones privadas. No es un efecto producido, continuamente operante, sino un instrumento auxiliar de selección contingente.

Las relaciones de poder que atraviesan el mundo de lo público constituyen una manipulación. Si bien éste es un término muy ligado a las teorías de comunicación de los 60, rescatamos el sentido que dan los autores en tanto vía para comprender las transformaciones y determinaciones de la opinión pública.

Para Habermas, la opinión pública es un objeto de dominación que no está regulado por reglas de discusión pública, ni se ocupa de problemas políticos. Ahora el consumo cae bajo esta categoría, de la misma manera que el resto de las conductas de los grupos sociales, “con tal de que sean relevantes para el ejercicio de las funciones estatal-sociales de la dominación y la administración”. (2006: 268)

Los medios de comunicación limitan las cualidades del debate público y racional y median entre las opiniones formales -institucionalmente autorizadas-, con una notoriedad pública “manipulativamente” desarrollada, y las informales -no públicas sobre temas variados-, con una predisposición al “seguidismo plebiscitario del público mediatizado” (2006: 272). El aspecto comercial de los medios genera una tergiversación del rol de la prensa como impulsora del debate público. Según analiza Thompson (1996), aquel foro de discusión burgués se convirtió en un mundo simulado de creación de imagen y de manejo de la opinión, al servicio de intereses creados.

Luhmann observa que se produce manipulación, cuando la comunicación no es interactiva sino unilateral y excluye cualquier tipo de respuesta, al tiempo que sugiere “la opinión justa”. Advierte que el peligro mayor es que se produzca la fusión entre tema y opinión, a partir del tipo de dispositivos que utilizan los medios de comunicación. Pero no se refiere a cuestiones técnicas, sino a la atribución a la comunicación de un valor moral y privarla así de respuestas alternativas: “la afirmación de una moral parece conectada a la obligación de su aceptación”. Si bien no es posible pensar en una moral colectiva general por la alta diferenciación funcional de la sociedad, sí está presente en el discurso de los medios de comunicación, una moral pública, acompañada de un “lenguaje ético manipulativo”. (1978: 8,9)

ESCALAS, TEMPORALIDAD Y CONFLICTO EN EL ESPACIO PÚBLICO

Aún con una presentación teórica somera, advertimos que se delinean dos perspectivas diferentes, no sólo por provenir de campos teóricos en tensión, sino -y aquí está nuestra apuesta interpretativa- por contribuir a comprender fenómenos disímiles en la fusión entre política, medios y espacio público. El foco de Habermas está puesto en las transformaciones del debate político racional y personal, en los diversos grupos sociales; mientras que Luhmann echa luz sobre los procesos sociales a un nivel más general: el de una opinión pública que no es la extensión de pareceres individuales, sino que funciona con sus propias lógicas.

Es posible recurrir a uno y otro conjunto de categorías para responder nuestras preguntas de investigación pero, fundamentalmente, para comprender distintos momentos de los procesos temporales de mediatización y articulación política de las problemáticas y demandas originadas en la sociedad civil. Este es el caso del conflicto ante la posible contaminación que generaría la instalación de dos plantas procesadoras de pasta de celulosa a orillas del Río Uruguay.

El proceso presenta varias etapas, en las que el grado de publicidad de la problemática crece en el tiempo, así como también sus implicancias territoriales y simbólicas. En un plano local (que incluye a manifestantes uruguayos) el acontecimiento se vincula inicialmente a la organización vecinal asamblearia de Gualeguaychú, la localidad fronteriza con Fray Bentos, espacio destinado a la instalación de una de las pasteras. Más adelante, adquiere una dimensión nacional, cuando la gestión de Néstor Kirchner se hace eco de los reclamos, tras el despliegue de una marcha de 40 mil personas sobre el puente internacional General San Martín. Se amplía hacia el ámbito regional, en el momento en que los bloqueos de puentes internacionales (Gualeguaychú, Colón y Concordia) y las posturas intransigentes de Argentina y Uruguay tensan las relaciones que se trasladan al interior del Mercosur. Para pasar, por último, a internacionalizarse con la denuncia de Uruguay contra Argentina ante el sistema de controversias del Mercosur y la de nuestro país en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

A) Primeras inquietudes: las asambleas vecinales

En 2003 comienzan a registrarse expresiones populares de descontento frente a la instalación en la costa oriental del Río Uruguay, de dos plantas productoras de pasta de celulosa de capitales extranjeros: la finlandesa Botnia y la española ENCE[6]. Todo se inicia cuando representantes de grupos ambientalistas uruguayos envían comunicados a organizaciones de Gualeguaychú, en los que manifiestan su preocupación por estos anuncios.

Los entrerrianos se agrupan y comienzan a pensar en estrategias de oposición a estas medidas. A partir de la recopilación de información sobre el proyecto, sus posibles impactos y el estudio de antecedentes en zonas cercanas, logran un importante registro que forma la base para la lucha posterior.

Poco tiempo después, este grupo organiza la primera marcha de protesta al Puente Internacional General San Martín, que une a Gualeguaychú con Fray Bentos. Fue protagonizada por cerca de mil manifestantes uruguayos y argentinos. Allí se firma una declaración en la que se manifiesta la oposición a la construcción de la planta de celulosa, la impugnación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa y la convocatoria a la movilización de los municipios y entidades intermedias de Uruguay y Argentina. Sólo en una nota final se interpela a los gobiernos para que adopten las medidas legales e institucionales correspondientes.

En marzo de 2005 Tabaré Vázquez asume la presidencia de Uruguay y ordena la suspensión de las obras por seis meses, luego de plantear la revisión de los permisos ambientales concedidos a ambas empresas por la gestión anterior. Sin embargo, Botnia inicia los trabajos de construcción en Fray Bentos en abril, ocupando un predio 5 kilómetros aguas arriba frente Ñandubaysal, el balneario más popular de Gualeguaychú.

En este marco comienza a conformarse el proceso asambleario que más tarde dará un fuerte impulso a los reclamos. De esta manera, el espacio público adquiere un lugar central en varias de sus dimensiones:

- Como lugar común, accesible para todos, y con la necesidad de ser defendido colectivamente.

Los miembros de la comunidad son los que plantean la inquietud que origina el conflicto: los temores ante la posibilidad de que el Río Uruguay se contamine con productos químicos que serían vertidos por las pasteras y que el propio paisaje se viera modificado por las instalaciones. Las razones se vinculan a que tal emprendimiento pudiera afectar la actividad turística de la zona y, puntualmente, la calidad de vida de los vecinos. El objeto de debate es un fenómeno que vincula a los que de igual forma puedan acceder a las discusiones. Es decir, vemos aquí un espacio público, conformado por individuos que debaten y construyen una crítica respecto del poder político, en el nivel en que nos ayuda a pensar el planteo de Habermas.

- Como espacio de discusión pública “transfronterizo” (Merlinsky, 2008) entre vecinos y militantes ecologistas de ambos países, donde resulta central la conformación de la asamblea como ámbito de intercambio público de argumentos, al interior del grupo, y en tanto núcleo de difusión de la causa y concientización social hacia la comunidad.

El planteo de Habermas permite reconocer la preponderancia de la discusión, de la palabra y el debate público con el objetivo generar opiniones frente a una problemática específica. Pero no de la misma manera que lo hacían los ilustrados en los salones del siglo XVII, sino pergeñando acciones políticas que avanzan concretamente sobre el espacio, a partir de generar estrategias para materializar reclamos.

La modalidad de la asamblea es el eje para poder pensar la conformación del espacio público en esta instancia del conflicto y, desde la perspectiva de abordaje procedimental, puede decirse que aquí “el acento está puesto en la capacidad de llegar a un entendimiento”. (Rabotnikof, 2005: 292)

Como parte de las acciones hacia el resto de la comunidad, entre fines de 2004 y principios de 2005, los asambleístas desarrollan estrategias a las que Merlinsky (2008) denomina de micromovilización. En este camino, logran adhesiones en Gualeguaychú, a partir de activar “recursos simbólicos de movilización” que contribuyen a la construcción social de la idea de riesgo, como una amenaza a su forma de vida. Es decir, un significado social en torno a la amenaza potencial que constituiría la instalación de las plantas de celulosa en relación con el turismo y la ciudad como un territorio ambientalmente sustentable.

- Como lugar de manifestaciones públicas que encarnan la crítica y los reclamos hacia los espacios de poder, y las decisiones del Estado uruguayo.

La división entre Estado y sociedad aquí se hace visible. Organizaciones de la sociedad civil son las que promueven esta críticas y demandas -aún incipientes- hacia el poder político e, indirectamente, al económico representado en los capitales extranjeros dueños de las pasteras. A diferencia de la visión pesimista que plantea Habermas al hablar de la decadencia de la esfera pública en las sociedades complejas, aquí es posible analizar el ámbito externo y crítico que adquiere la comunidad autoorganizada en función de sus objetivos.

Vemos, entonces, cómo en esta primera instancia se privilegia una circulación democrática de la comunicación y el ejercicio de la soberanía popular: la formación racional de la voluntad y la opinión colectivas. Los medios de comunicación no pueden considerarse como constructores de este espacio público local. El debate, la crítica hacia el poder político y puesta en común de intereses relativos a la defensa del bien común, son los elementos clave. En este sentido, decimos que los ciudadanos de Gualeguaychú resisten desde la defensa del espacio de los lugares (Stang, 2008)

En una crítica a la teoría de los sistemas, Habermas plantea que la política no conforma un sistema cerrado, sino que “permanece abierto al mundo de la vida” y que “la formación de la opinión y la voluntad depende de los suministros provenientes de los contextos informales de comunicación del espacio ciudadano, de la red de asociaciones y de la esfera privada”. (2008: 432) Desde esta perspectiva y, tomando como centro el sistema político, es posible comprender el surgimiento del conflicto por las papeleras en el funcionamiento de la circulación comunicativa desde la “periferia”. Así, las primeras protestas pueden leerse como la presencia de una crisis en la sociedad civil cuya fuerza, en tanto movimiento capaz de influir en la sociedad con la potencialidad de instalarse en la agenda de los medios de comunicación, generó más adelante implicancias del poder político en el acontecimiento.

Por último, advertimos la autonomía de los espacios públicos respecto del sistema político[7], constituyéndose en ámbitos comunitarios e integradores, en una recuperación de la política como empresa de todos.

B) La nacionalización del conflicto

El acontecimiento a partir del que pensamos el pasaje del conflicto a la escena nacional es la irrupción de la marcha que convoca a cerca de cuarenta mil personas sobre el Puente Internacional General San Martín, el 30 de abril de 2005. Los principales medios de comunicación nacionales se hacen eco la protesta que, en esta primera etapa, aún es enunciada como una cuestión local[8].

Tras la movilización, se constituye la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú designando al Intendente de la ciudad como presidente honorario. A través de este espacio se intensifica la campaña de sensibilización destinada a la población local, a partir del debate que se va transformando en un lugar de articulación de los diferentes actores sociales, políticos y económicos de la ciudad. Asimismo, comienzan a estipularse formas de protesta.

En este marco, se firma un petitorio en el que se acusa a Uruguay de haber incumplido con el Estatuto del Río Uruguay[9], al no haber informado ni consultado a Argentina por la instalación de las plantas. El mecanismo previsto a tal fin era la comunicación por medio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

La masividad de las manifestaciones y los cortes de ruta son elementos que contribuyen a la difusión del tema. Sin embargo, lo que definitivamente provoca un traslado de la problemática a la escena nacional es que el poder político incluyera a la demanda condensada en el significante “no a las papeleras. Si a la vida”, como una cuestión de Estado.

Ya a comienzos de 2005 las acciones de los manifestantes generan una retroalimentación de fuerza hacia el movimiento, a partir de lo que se incorpora al gobierno uruguayo como “objeto de reclamo” y se hace que la disputa retorne hacia Argentina en tanto interlocutor. “Es en este punto en que se puede empezar a hablar de un conflicto binacional”. (Merlinsky, 2008)

La respuesta a la presión política producto de la movilización es la creación en agosto de ese año de un Grupo Técnico Mixto de Alto Nivel (GTAN) bilateral, cuya función sería analizar el impacto ambiental de la instalación de las plantas.

En el plano territorial, vecinos de Colón se suman a las protestas en el paso fronterizo con la ciudad uruguaya de Paysandú. Los cortes parciales de la ruta San Martin en Gualeguaychú permanecen y el paraje Arroyo Verde al borde de la ruta internacional 136 se transforma en el punto de convocatoria para las reuniones de la Asamblea.

Se acrecienta así la presencia de los hechos en los principales medios y se afianza en la escena política nacional, a partir de la apertura de canales de comunicación entre representantes del movimiento ciudadano de Gualeguaychú y el gobierno nacional. En julio de 2005, el Canciller argentino Rafael Bielsa visita la ciudad entrerriana y se compromete a transformar en vinculantes los acuerdos a lograr por la GTAN, un tema que venía siendo eje de los reclamos vecinales.

El 24 de agosto los asambleístas se entrevistan con el presidente Kirchner, quien les asegura que consideraba al tema como una cuestión nacional[10]. En este contexto, dice Merlinsky, la demanda ambiental se fue “colando” en la coyuntura eleccionaria para los comicios legislativos de octubre, que fueron consideradas como una especie de plebiscito en torno al apoyo a la gestión del presidente.

Si prestamos especial atención al elemento de lo visible y lo manifiesto en el espacio público, es en este contexto donde el conocimiento y los debates en torno al conflicto amplían sus destinatarios, pero no en el marco de un espacio público de características dialógicas propio de la asamblea de Gualeguaychú y la micromovilización comunitaria. La intervención de los medios de comunicación hace que se estructure una esfera pública visible a otro nivel: una opinión pública difusa que, no solo consume la noticia, sino que define lo que es política y jurídicamente posible. Como veíamos con Luhmann, estamos ante un filtro racional y subjetivo que reduce las opciones, permite pensar en una expresión colectiva que no constituye una suma de individualidades, sino que se hace pública en tanto circuito fluido de comunicación. Ahora, la atención recae “más sobre la puesta en escena o en la existencia del circuito de comunicación que en el diálogo en si; (…) más en la constitución pública de los acontecimientos que en el predominio de las cuestiones de interés general; más en la génesis o en el porqué de la constitución de los temas y los problemas que en los procedimientos para abordarlos”. (Rabotnikof 2005: 294)

Lo importante en este momento es la adquisición de visibilidad, entendida como una vía clave para el sostenimiento de identidades, proyectos y conflictos, a través de la presencia en los medios. (Reguillo, 2000). En la misma línea, Barbero (2001) nos ayuda a pensar en que los medios resultan espacios decisivos de reconocimiento social que no sustituyen la acción de los asambleístas -en este caso-, pero sí densifican las dimensiones rituales y teatrales que siempre tuvo la política.

A nivel de lo público, se evidencian estrategias por la inclusión del reclamo de los asambleístas como una política de Estado. Es una primera fase de la historia de vida del tema (Luhmann, 1978) en la opinión pública, en la que éste adquiere cierta popularidad, pero aún no se conoce el grado de interés de los políticos.

Decimos que, mientras se resignifican los hechos en el ámbito periodístico, la dinámica asamblearia sigue operando y decidiendo acciones directas sobre un espacio público atravesado por otras lógicas. Los planos no son paralelos, sino elementos de un entramado de relaciones que se insertan en diversas formas de desarrollo del poder, del lenguaje y de escalas del espacio público.

Según Habermas, cuanto más se extiende la presencia virtual de lectores, oyentes y espectadores, más clara se vuelve la abstracción del espacio de la opinión pública, sin embargo, nos distanciamos de la idea de que esto responde una “generalización de la estructura espacial de las interacciones simples”. (2008) Lo que se produce a nivel dialógico, comunitario o local en este caso, no es homólogo a lo que surge como opinión pública mediática y generalizada. Son fenómenos que se dan en niveles distintos y no uno por la amplificación del otro, sino que funcionan interrelacionados en una trama compleja.

El trabajo de este autor nos permite comprender el derrotero del tema en cuestión, que transita por etapas que le permiten llegar a insertarse en el sistema político-administrativo para convertirse en normativa. En este sentido, el conflicto por las papeleras surge en la periferia de este conjunto, es decir, por fuera del poder político. Según observamos, consigue atravesar compuertas e incorporarse en la enunciación y las acciones del gobierno nacional. Dice Habermas que “el influjo publicístico político, al igual que el poder social, solo puede transformarse en poder político a través de procedimientos institucionalizados. En el espacio de la opinión pública se forma influencia y en él se lucha por ejercer influencia”. (2008: 443)

A medida que se intensifica el conflicto, las demandas particulares de la Asamblea se insertan en una cadena equivalencial (Laclau, 2008) que las articula en el “no a las papeleras. Sí a la vida”. No sólo los medios de comunicación se hacen eco de este significante; gran parte de la población se apropia de la consigna, al tiempo que representantes del espectáculo y del poder político se manifiestan públicamente en adherencia[11].

La calificación de la problemática ambiental como cuestión nacional fue acompañada de la apelación a ciertos elementos simbólicos en la población, vinculados a percibir un riesgo de daño futuro hacia todos los argentinos. En esta instancia, no necesariamente la implicancia de los individuos tiene que ver con experiencias “interpretadas en el horizonte de una biografía que queda tejida con las demás biografías en los contextos de mundos de la vida comunes” (Habermas, 2006), sino en la potencialidad discursiva de generar mecanismos de atención en la opinión pública que se identifiquen con una causa nacional, frente a un oponente extranjero.

Aquí la “moralidad pública” luhmanniana que los medios de comunicación -junto con estrategias del poder político y la Asamblea- contribuyeron a generar, se define por la carga negativa vinculada a la sensación de riesgo que promueve la instalación de las plantas. Es decir, las modificaciones que desarrolla el tema en la escena pública se detienen en la aparición de un tema que puede transformarse en “parte de un mundo en común, movilizar sensibilidad y atención”. (Rabotnikof 2005: 295)

C) La disputa bilateral

Otro acontecimiento marca un punto de inflexión en el transcurso del conflicto: el 30 de abril de 2006 se convoca a una nueva marcha sobre el puente San Martín, a la cual concurren cerca de 100.000 personas. Se pone en evidencia así que el tema se traslada al ámbito regional e internacional[12]. Lejos de una sustitución del plano nacional por el internacional, lo que se produce es una complejización del entramado.

En el nivel local, entre fines de 2005 y principios de 2006, la Asamblea inicia el bloqueo del paso de vehículos hacia Uruguay; Concordia y Colón se suman a la protesta. El gobierno uruguayo expresa un radical rechazo frente al cierre de la frontera, invocando la existencia de convenios, en el Mercosur, de libre circulación de personas y mercaderías.

El anclaje de la protesta territorial en la frontera da cuenta de que lo que se construye en los medios no arrasa con estas manifestaciones, sino que las incluye, las interpela y las resignifica. Los asambleístas “resisten con el paso del hombre” (Stang, 2008), en un  territorio, donde se despliega la acción colectiva local, frente a los flujos de la productividad internacional del tránsito y de las firmas extranjeras.

El proceso de toma de postura del gobierno nacional se intensificó con la acción directa del poder político, a partir de la apropiación que hace del conflicto en dos frentes:

1) Cinco días después de la gran movilización, el propio Kirchner, acompañado por Busti y otros gobernadores, encabezó un acto en el corsódromo de Gualeguaychú, en el que declaró que la lucha por el medio ambiente era una cuestión de Estado y señaló la responsabilidad del gobierno de Uruguay en el conflicto[13].

2) El 7 de Julio una de las principales asesoras legales del movimiento de Gualeguaychú, Romina Picolotti, es designada a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. De ese modo, el kirchnerismo busca acercarse al movimiento ciudadano ambiental y evitar que las demandas se dirijan hacia la gestión. (Merlinsky, 2008)

Es en este punto que el tema ingresa en una nueva fase en su historia de vida: es la incorporación del reclamo en el discurso del poder político y en los programas decisionales de la administración.

Más allá de la problemática del espacio público, lo que se pone en juego es una característica del tipo de construcción de poder que hace Kirchner, basada en la apropiación de ciertas demandas de movimientos sociales, incluyéndolas en su discurso como compartidas por todos los argentinos. No solo convocó a su gestión a militantes de los derechos humanos, a líderes piqueteros y, en este caso, a personajes vinculados a las asambleas ambientales, sino que en el “esfuerzo para reconfigurar la hegemonía” su discurso “lleva las huellas de las prácticas políticas de los movimientos sociales y las organizaciones políticas no electorales que formularon demandas sociales en tiempos de dominación neoliberal.” (Muñoz y Retamozo 2008: 122)

Para Luhmann, existen dos reglas en la configuración de la comunicación: las de atención[14], que guían la constitución de temas políticos, y las de decisión, las cuales rigen la formación de opiniones. En este sentido, las primeras inciden directamente en las segundas. Si bien para este enfoque la política es una cuestión de saberes distribuidos entre pocos, los temas son filtrados y reordenados en la opinión pública, es decir, el sistema político no está simplemente integrado por las reglas de decisión, sino que las de atención, es decir las de la opinión pública, forman parte central de los procesos de comunicación.

En el contexto previo a la gran marcha de 2006, había comenzado a darse un cruce de denuncias entre ambos países ante organismos internacionales. Este proceso lo inicia el gobierno de Entre Ríos, cuando en septiembre de 2005 plantea acciones en dos planos: una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusa al Estado uruguayo de violar las convenciones americanas de derechos humanos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al autorizar la instalación de las fábricas de celulosa. Y, en segundo término, una solicitud ante la Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI), requiriendo que suspenda el crédito que Botnia había pedido al Banco Mundial. La CFI contrata a una consultora externa que prepara un primer estudio de impacto ambiental y consultas entre la comunidad. Finalmente decide otorgar el préstamo en noviembre de 2006.

En respuesta, el gobierno uruguayo plantea que Argentina estaba inmiscuyéndose en sus asuntos internos, al tiempo que las reuniones de la GTAN se vuelven cada vez más dificultosas. Finalmente, no se logra un acuerdo para la fecha prevista (31 de enero de 2006) y ambos países presentan informes separados. Uruguay concluye que las plantas de celulosa producirán una “afectación indetectable” en las aguas, mientras que Argentina exige un mayor detalle acerca de los productos químicos que se utilizarán.

En la asunción de la presidenta chilena Michelle Bachelet, en marzo de 2006, se reúnen Vázquez y Kirchner y deciden pedir la suspensión por noventa días de las construcciones y el levantamiento de los cortes de ruta. Se dice entonces que, una vez cumplidas estas condiciones, ambos concertarían otros encuentros, lo que finalmente no prospera: los manifestantes se corren de las rutas, pero las obras continúan.

Agotado el camino del diálogo, Uruguay inicia en abril de 2006 una demanda contra Argentina ante el sistema de controversias del Mercosur, en la que se resalta el incumplimiento del compromiso del Tratado de Asunción (carta fundacional de ese bloque regional) en el punto que establece la libre circulación de bienes y servicios entre los países miembro, sumado al pedido de nuevas medidas frente a los cortes. En septiembre un tribunal hace lugar parcialmente a esta denuncia, reconociendo que las manifestaciones no conllevan la misma legitimidad y que afectaron tanto al comercio uruguayo y al argentino. Sin embargo, acepta la “buena fe” de Argentina por creer que actuó dentro de la legalidad. Así rechaza el pedido de indicar a nuestro país la conducta a seguir frente a los cortes (citado en Merlinsky, 2008).

Argentina hace lo propio el 4 de mayo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, argumentando que Uruguay violó el tratado y el Estatuto del Río Uruguay, al autorizar unilateralmente la instalación de las plantas y la de un puerto privado. Se plantea que no fueron respetados las presentaciones de información ante la CARU en tiempo y forma, que no existen estudios sobre el lugar de localización de las fábricas, que los informes realizados por las empresas son insuficientes y que, para determinar la sustentabilidad ambiental, debería realizarse un estudio independiente de las partes en conflicto.

El 13 de julio de 2006 la Corte Internacional de Justicia da a conocer su primer dictamen que no se expide sobre la presunta violación del Estatuto, pero sí plantea un impasse en el conflicto. No da lugar a la petición de suspender de las obras, aduciendo que falta evidencia que sugiera la existencia de contaminación que cause un daño irreparable al río. Además, establece que Uruguay asume los riesgos relacionados con cualquier constatación que la Corte pueda realizar en el futuro[15]. El fallo definitivo del Tribunal se da a conocer el 23 de enero de 2007 y rechaza por mayoría la demanda uruguaya, pero concluye que hay un riesgo de perjuicio irreparable a los derechos del Uruguay, causados por los bloqueos de rutas.

Es claro en este último segmento del proceso, que si bien el conflicto se nacionaliza, no puede ser canalizado por el sistema político y pasa a desenvolverse en un espacio público internacional. Los que ahora debaten las posibilidades de resolución del conflicto son entidades supranacionales y, como tales, con un ámbito de injerencia pública que supera las intenciones políticas de los mandatarios intervinientes.

PALABRAS FINALES

El planteo de este trabajo permitió una articulación teórica de dos propuestas que definen al espacio público de forma diferenciada (las de Luhmann y Habermas) a partir de un caso puntual: el conflicto por la instalación de dos plantas de procesamiento de pasta de celulosa en la costa oriental del río Uruguay. Las respuestas políticas comunitarias, gubernamentales e internacionales frente a los posibles riesgos ambientales y la conflictividad socio-territorial, permitieron desarrollar un ejercicio analítico en torno a pensar las distintas modalidades que fue adquiriendo el tránsito de este conflicto por el espacio público.

Observamos en este proceso que no es posible desterritorializar el espacio público e identificarlo sólo con los discursos mediáticos o a las opiniones privadas de circulación reducida o familiar. La propia complejidad y los niveles en que transcurren los acontecimientos, sumado a lo que el observador decide enfocar en cada caso, generan necesariamente que se redefinan los sentidos de lo público, teniendo en cuenta los roles que cumplen en cada instancia los representantes de la sociedad civil, el poder político y los medios de comunicación.

Desde las maneras de pensar la ontología del espacio público, logramos esbozar dos líneas para pensar la problemática que se entretejen permanentemente.

A) Un análisis sincrónico, a partir de identificar diversas escalas inmersas e interrelacionadas durante todo el proceso:

- Lo local. Representado sobre todo por el proceso asambleario, en el que la constitución del espacio público se generó principalmente -no únicamente- a partir de lo dialógico. La argumentación y los procedimientos democráticos, vinculados a la elaboración de estrategias políticas de acción directa, fueron los elementos centrales.

Cuando el conflicto adquiere una difusión a escala nacional, se hacen permanentes los cortes de ruta en la frontera con Uruguay, trasladando las disputas políticas definitivamente al territorio, lo que adquiere una importante visibilidad mediática, junto a las multitudinarias movilizaciones y el acto masivo que Kirchner lleva a Entre Ríos.

- Lo nacional, nivel en el que los medios de comunicación surgen como agentes de mediación central en el espacio público. Una opinión pública ampliada se involucra a la tarea ya iniciada por asambleístas y representantes de gobierno, y contribuye a generalizar la circulación del slogan “no a las papeleras. Si a la vida”. Hablamos de una opinión pública que vive el debate a través de los discursos mediático y político y no necesariamente por una implicancia biográfica en la problemática de la contaminación ambiental.

- Lo internacional está presente en varios momentos del conflicto: cuando ambientalistas uruguayos participaban de las primeras protestas; luego durante los cortes de ruta de los asambleístas, donde las problemáticas vinculadas a la circulación del turismo y de los flujos económicos pasan a primer plano; con las acciones legales iniciadas en 2005 en el gobierno de la provincia de Entre Ríos ante la CIDH y el Banco Mundial; y, finalmente, las presentaciones de Uruguay y Argentina en los tribunales del Mercosur y la Haya, respectivamente.

B) Un análisis diacrónico, a partir de pensar en la historia de vida del tema, e introducir la temporalidad como elemento crucial en las transformaciones constitutivas del espacio público que, en ocasiones, se relaciona con el surgimiento de las escalas. Identificamos tres núcleos:

- El inicio, marcado por la conflictividad que surge a nivel local desde la sociedad civil, en la periferia del sistema político. Donde se plantean las primeras estrategias vinculadas a hacer trascender el problema hacia otros niveles.

- El auge. Luego de este proceso político encabezado por la asamblea de Gualeguaychú, el conflicto es incorporado por gobierno nacional como propio, y discursivamente lo manifiesta como una cuestión de Estado. El Poder Ejecutivo se transforma en el interlocutor del conflicto que se nacionaliza y lanza las primeras acusaciones a Uruguay.

- La internacionalización. Las tensiones bilaterales se profundizan y se dificultan las relaciones entre los mandatarios de ambos países, quienes ante la imposibilidad de resolver las disputas a nivel nacional, recurren a organismos supranacionales para elevar las denuncias. El debate pasa en esta última instancia a dirimirse en un espacio público internacional.

Decimos entonces, que la propuesta de utilizar dos conjuntos teóricos buscó sobre todo pensar en la multidimensionalidad de la problemática, pero no solo en términos cronológicos, sino en entretejido de escalas y niveles del espacio público que siguen desarrollándose, determinándose mutuamente, mientras el conflicto se expande.

Vinculados al rol de los medios de comunicación en el proceso, surgieron conceptos centrales como los de opinión pública, mediación y visibilidad. Así, observamos que existen mecanismos que se estructuran en el flujo comunicativo del espacio público que permiten pensar en el despliegue de estrategias de la sociedad civil en función de reglas de atención, procesos de selección de temas, con el objetivo de adquirir una visibilidad tendiente a retroalimentar la fuerza del propio movimiento ambientalista. Es en este proceso y en el momento en que los medios se vuelven agentes centrales, que los discursos mediatizados se vuelven una mediación del funcionamiento de lo público, no solo como vehículo, sino como constructores de una moral pública en términos luhmannianos.

La opinión pública que a la vez se conforma y se desarrolla en el espacio público no es una y generalizable a toda la sociedad, sino que es conformada por actores específicos, alentados por una implicancia de índole personal o por elementos simbólicos que apelan a la nacionalidad y a la sensación de riesgo que implica la amenaza externa de contaminación.

En definitiva, la complejización de la sociedad hace que resulte difícil concebir un funcionamiento universal de la relación medios, espacio público y política, sin prestar atención, por ejemplo, a la atención del público, al surgimiento del acontecimiento, a la resignificación que de eso hace el poder político y la escala a la que finalmente es capaz de llegar determinada problemática.

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NOTAS

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