Identidad campesina, comunidades rurales y la reproducción de otras formas de vida
Mayo 2023
El libro "Campesinado y contrahegemonía" retoma las voces de quienes trabajan la tierra con sus propias manos. Lejos de la narrativa estatal que señala la "ausencia" del movimiento campesino en Argentina, el escrito visibiliza y analiza las diversas militancias que se desarrollan en la ruralidad del país. Una publicación de Editorial El Colectivo.
Un artículo de Oscar Soto
Pensar el mundo rural implica reencauzar el problema de las clases sociales y las formas de reproducción de la subsistencia en los territorios. En esa dirección, la cuestión de las resistencias en el campo es un elemento central en la evolución histórica de la lucha de clases sociales, así como su conformación y la articulación de las identidades políticas en los movimientos sociales organizados. Comprender a las clases que trabajan, como ejercicio antropológico fundamental, es un paso necesario para discernir la producción y reproducción de la sociedad; sin embargo, las formas que adoptan los grupos y comunidades al interior de las sociedades son las que contribuyen a su especificidad.
En cierto modo, si bien las clases trabajadores resisten al capital y su forma de clasificar, es en el transcurso de la lucha que los grupos sociales se conciben a sí mismos como clase, justamente porque las relaciones de fuerza económicas son el primer momento de las relaciones de fuerza sociales. Sin pretender cierres teóricos, creemos que la triangulación de la clase social, el trabajo y los sujetos campesinos/indígenas en las bases de una sociedad capitalista constituye un eje central para entender la ruralidad en contextos de hegemonía neoliberal.
Así como la conformación de una clase involucra la participación de determinadas relaciones de propiedad y producción, en el caso de la “clase” campesina/indígena organizada existe una composición diversa, fundada no tanto por individuos como sí por entidades colectivas: familias, comunidades, sectores productivos, asociaciones, redes. No hablamos aquí de “experiencias-modelo”. Las comunidades rurales, en toda su diversidad, dan lugar a una identidad y a un tipo de experiencia de clase social realmente existente, una de cuyas principales connotaciones es la de ser una anomalía y una alteración del orden capitalista de la economía y el trabajo.
Tal vez, si tenemos en cuenta que la heterogeneidad que asumen las modalidades del trabajo es previa al mismo modo de producción capitalista —para el caso de la disputa “capital versus trabajo” tal como la conocemos— la contraposición entre los modos de acumulación permitirá detectar la pervivencia de varios componentes de la llamada acumulación originaria. Con relación a ello es que la separación de las poblaciones respecto de sus medios históricos de producción explica el surgimiento del trabajo asalariado y la constante reproducción de los mecanismos de acumulación, así como el cercamiento de los bienes comunes, diferenciando viejos de nuevos alambrados. Tal como sostiene el mexicano Armando Bartra, América Latina es reservorio de lucha indígena y campesina, entre otras cosas porque el capitalismo se presenta como una forma de desposesión de la vida rural.
El Campo es Paz Total: nuevo programa del Ministerio del Trabajo y la OIT
El propósito del programa, que llega a 1505 familias víctimas del conflicto armado en Colombia, es fortalecer las capacidades productivas y socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado que se encuentre ubicada en las zonas rurales del país.
Mayo de 2023
Teniendo como base fundamental el núcleo familiar, dicho programa surgió como una medida de atención diferencial debido a que, de las nueve (9) millones de víctimas caracterizadas en el Registro Único de Víctimas – RUV, el 63% se encuentran en situación de desempleo. Son 1505 las familias participantes del programa en 27 municipios de Colombia.
El programa El Campo es Paz Total, cuenta con una ruta de atención integral pensada para potenciar el crecimiento de la población afectada por el conflicto. A través de esta ruta se proyecta, no solo crear iniciativas favorables para el desarrollo económico rural, sino además mejorar las dinámicas ya existentes, con el acompañamiento técnico respectivo en cada una de sus fases de desarrollo.
Con el programa se podrá incrementar de forma eficaz el autoempleo desde la consolidación de sus perfiles productivos; y a su vez, con la conexión efectiva de los participantes del programa con los mercados locales, regionales y nacionales, para generar sinergias con todas las esferas del sector productivo y ello se traduzca en planes de negocios y la materialización de una ruta de generación de ingresos.
De esta manera, se promueve el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el trabajo decente, así como el entendimiento y diálogo social para el avance de las relaciones laborales y el fomento de la paz total en el campo colombiano.
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El Congreso de Colombia aprobó el proyecto que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y especial protección
La iniciativa, que hace parte de las reformas agrarias del Gobierno Petro, pasó su último debate en sesión plenaria de la Cámara de Representantes
El acto legislativo reconoce al campesinado como sujeto de derechos y fue aprobado en su último debate, de ocho que pasó en el Congreso de la República. El texto contó con 149 votos a favor y cero en contra, luego de debatirse en sesión plenaria de la Cámara de Representantes.
Lo que hace esta iniciativa es modificar el artículo 64 de la Constitución Política, al cual se le añadiría la mención que reza que, “el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección” y que “las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos”.
Lo último, “en garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, conforme a la economía campesina, agricultura familiar (...) mejorar la productividad de sus cultivos, las tecnologías para su transformación y las estrategias de comercialización que permitan darle valor agregado a sus productos y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”, se lee en el texto aprobado.
Aunque en el texto la modificación es pequeña, significa un gran avance para el movimiento campesino del país, que ha venido reclamando este reconocimiento desde hace años. Así lo reconoció Diogenes Quintero, coordinador ponente del proyecto y representante de las curules de paz por la Circunscripción Especial de Paz (CITREP) por el Catatumbo, Norte de Santander:
La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, respaldó desde la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo para reconocer al campesinado colombiano como sujeto de derechos y especial protección. @MinAgricultura/Twitter
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, igualmente se refirió a la decisión de la Cámara: “por unanimidad la sesión de plenaria de Cámara aprobó en su último debate de la segunda vuelta el acto legislativo que reconoce al Campesinado como sujeto Especial de Protección Constitucional. Gana el campesinado. Un avance histórico que nos permite sentar las bases como Gobierno del Cambio para saldar una deuda de muchos años con nuestros territorios”.
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Mayor equidad y reconocimiento, los retos con las mujeres campesinas en Colombia
Las más de 5 millones 760 mil mujeres rurales que hay en el país desempeñan actividades del hogar y netamente agropecuarias.
Junio es una época importante para los hombres y mujeres rurales en Colombia. Cada primer domingo del sexto mes del año se conmemora el Día Nacional del Campesino, una fecha que se convierte en el reconocimiento de sus labores y en la importancia que tienen para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Históricamente se ha dado un reconocimiento a la brecha que existe entre el trabajo del campo y la ciudad. La ruralidad ha llevado mayores desafíos en temas sociales, culturales, de educación y equidad. Precisamente, en este ámbito, hay un trabajo por hacer y con muchos pendientes, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.
Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el país hay 11.969.822 personas de población rural, de esa cifra, 5.760.524 son mujeres, lo que representa el 48.13 por ciento.
Aunque se tiene casi una igualdad en el porcentaje de hombres y mujeres, el género femenino ha tenido más dificultades en acceso a la educación, trabajo y superar aspectos como discriminación, violencias de género, entre otros.
Panorama de la mujer rural en Colombia
Las más de 5 millones 760 mil mujeres rurales que hay en Colombia desempeñan actividades del hogar y netamente agropecuarias. Son reconocidas por llevar las “riendas del hogar” y se caracterizan por su resiliencia. Un gran porcentaje de ellas, son víctimas de la violencia y el desplazamiento.
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño, La Guajira, el archipiélago de San Andrés, Cauca y Córdoba, son los departamentos que tienen mayor representatividad de mujeres campesinas. En cuanto al grupo étnico, en total 1.232.417 mujeres son indígenas, afrodescendientes, mulatas o rom.
Según organizaciones sociales y lo reportado por el Dane, uno de los grandes inconvenientes de las mujeres campesinas está en la falta de acceso a educación. El 35 por ciento no tiene ningún nivel de estudios, el 30 por ciento ha terminado la primaria y los porcentajes continúan reduciéndose, a medida que aumenta el nivel de escolaridad. Solo el 9 por ciento de ellas ha estado en educación secundaria, el 5 por ciento en una educación técnica y el 0.4 por ciento ha logrado llegar a la educación superior.
Precisamente, sobre este tema de las dificultadas en temas de educación de la mujer rural, Sandra Palacios, gerente y representante legal de Cooagronevada, una cooperativa de caficultores y agricultores que está ubicada en la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, aseguró que la falta de capacitación en diferentes temas ha llevado a las mujeres campesinas a tener carencia de criterio y empoderamiento.
“Una persona educada tiene su propio criterio, es muy fácil inducir por la falta de conocimiento y no solo a la mujer, en la medida en que seamos educados, vamos superar esta barrera o limitaciones que afectan negativamente”, asegura la líderesa gremial, quien representa a 26 asociadas de este emprendimiento campesino.
Las brechas en la educación llevan a que esas deficiencias se intensifiquen en el mercado laboral, en general, el panorama que se encuentra, es que las mujeres campesinas tienen unas tasas de desempleo más altas que las de los hombres.
Del universo total de mujeres rurales, 4.089 están en edad de trabajar; sin embargo, según el Dane, el 68.1 por ciento de esa población se encuentra inactiva y solo se tienen 1.599 mujeres rurales que trabajan y devengan algún tipo de salario.
En las zonas rurales, las mujeres ocupadas se emplean principalmente en actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (36,2 por ciento), comercio, hoteles y restaurantes (27,3 por ciento), servicios comunales, sociales y personales (18,6 por ciento) e industria manufacturera (11,5 por ciento).
Sin embargo, hay otro dato que preocupa: “El promedio total de horas de trabajo diario de las mujeres es mayor al de los hombres y la mayor parte de ese trabajo es no remunerado. En las zonas rurales las mujeres trabajan en promedio 1 hora con 11 minutos más que los hombres al día”, según revela el Dane.
El promedio total de horas de trabajo de las mujeres campesinas es de 12 horas con 42 minutos diarios; de este tiempo, el 62 por ciento es trabajo no remunerado. En conclusión, las mujeres rurales reciben remuneración por el 38 por ciento del tiempo diario trabajado.
Ana Velasco es representante de la Organización Mujeres Campesinas de Cundinamarca (Fedemuc), que reúne a 3.017 agremiadas y trabaja por su empoderamiento y superación. Ella asegura que el trabajo femenino también se ve afectado por otras situaciones del país.
Indica que la falta de vías y conectividad también ha representado una dificultad para aquellas mujeres que trabajan, esas deficiencias hacen que sus productos no sean comercializados de la manera correcta.
“La situación de las mujeres en el campo no es fácil, nos superamos, pero tenemos retos en todos los frentes. Faltan vías para sacar los productos, la tenencia de tierras, la valorización e invisibilización del trabajo, la falta de servicios públicos, créditos blandos. Hay una línea que tiene el Ministerio de Agricultura con el Banco Agrario, pero la mujer llega allí y no son atendidas como merecen, se les ponen tramitologías innecesarias. Hay muchas mujeres campesinas que no saben ni leer, los intereses económicos son muy altos”, afirma Velasco.
Lo anterior son datos relacionados con el trabajo remunerado, porque el resto de mujeres campesinas realizan otras actividades, pero no reciben ningún tipo de contraprestación. El 65,8 por ciento se dedican a oficios del hogar como actividad principal.
Las violencias y el conflicto
La mayoría de mujeres campesinas también han sido víctimas del conflicto armado del país. Despojo de tierras y pérdida de sus seres queridos, son algunas de las principales problemáticas en este aspecto.
Sin embargo, María Fajardo, miembro de la Asociación Café Sello Mujer, aseguró que estas formas de violencia, paradójicamente, también trajeron oportunidades de crecimiento para ellas.
“Ya en la época de la violencia, cuando las mujeres, esposas e hijas enfrentaban la pérdida de sus esposos, padres y abuelos, se vieron en la obligación de aprender a administrar. Las mujeres empezaron a reconocerse y reclamar participación, hasta ver hoy en día el empoderamiento que hemos ganado, no solo en producción, sino en comercialización del café. La mujer sabe hoy todo lo referente al cultivo, beneficio, comercialización y valor agregado. Esto nos permitió también entender que debemos asociarnos con otras mujeres para ser más fuertes, productivas y participativas”, explica.
Por último, la violencia contra la mujer es otra de las problemáticas que enfrentan las campesinas en el país. Para contrarrestar este panorama preocupante, el Gobierno, a través del Consejería de la Mujer, lanzó el año pasado ‘Inés’, una iniciativa, que busca fortalecer los mecanismos de prevención y atención de las distintas formas de violencia contra las mujeres rurales y promover sus derechos, brindándoles información puerta a puerta que permita evitar, pero también actuar frente a cualquier señal de maltrato.
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Naciones Unidas: preocupación por el racismo contra indígenas, afrodescendientes y migrantes en argentina
En su informe, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le recomendó al Estado avanzar en el relevamiento y titularización de los territorios de los pueblos indígenas, poner fin a la criminalización de la protesta y estigmatización del pueblo mapuche y eliminar obstáculos para el acceso a derechos por las personas migrantes, entre otros puntos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas evaluó al Estado argentino sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para garantizar la eliminación de la discriminación racial. La última evaluación fue en el año 2016. Junto con otras organizaciones, acercamos informes sobre la situación en el país.
En sus observaciones el Comité destacó la persistente discriminación y racismo estructural que enfrentan indígenas, afrodescendientes y migrantes, lo que se manifiesta en los altos índices de pobreza y exclusión social, en los abordajes represivos y en su limitada participación en los asuntos públicos. Más allá de destacar algunas medidas del Estado argentino, como la derogación del DNU 70/2017 que restableció la vigencia plena de la ley de migraciones o el reconocimiento que hizo sobre la situación de discriminación estructural. Ante estas situaciones, el CERD le reclamó a la Argentina una serie de medidas urgentes para cumplir con sus obligaciones internacionales.
El Comité de la ONU manifestó preocupación por los actos de represalias, intimidación, amenazas y de recurso desproporcionado a procesos penales contra líderes e integrantes de pueblos indígenas que defienden sus derechos, así como contra quienes abogan por los derechos de estos grupos. El Comité destacó el caso de la detención de siete mujeres mapuche y seis niños y niñas de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, en el marco de un allanamiento y desalojo violentos. Le pidió a la Argentina adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de reunión sin discriminación por motivos de raza, ascendencia u origen étnico y para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza, represalias, intimidación y amenazas.
También le recomendó al Estado argentino tomar medidas contra la estigmatización hacia integrantes del pueblo mapuche, inclusive por parte de altos funcionarios provinciales, y los discursos que los asocian al terrorismo o que les acusan de “falsos mapuches”. Se señaló asimismo el aumento de medidas e iniciativas legislativas a nivel provincial que restringen indebidamente el derecho de reunión pacífica de las minorías, en particular de los pueblos indígenas. Un ejemplo es la resolución que aprobó la Cámara de Diputados de Mendoza en el que se afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
En sus observaciones el Comité se refirió particularmente a los limitados avances del relevamiento de tierras ancestralmente ocupadas por pueblos indígenas y reclamó asegurar que la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas, se aplique e implemente de manera íntegra y efectiva en todo el territorio nacional y que se investigue la violencia policial cuando se producen desalojos o protestas. Reclamó también la falta de un mecanismo para la titularización de sus tierras, a pesar de la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat que le exigió una ley de reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena.
El Comité refirió a la falta de información estadística detallada sobre afroargentines, afrodescendientes, indígenas y migrantes. Consideró la inclusión de la variable étnico-racial en el último censo nacional como un buen avance, destacando la importancia del autoreconocimiento. En su evaluación recomendó a la Argentina promover la recopilación sistemática de datos, incluyendo la variable étnico-racial, por parte de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno.
Respecto a la situación de las personas migrantes, el Comité alertó sobre la persistencia de la violencia policial sobre ese colectivo, especialmente les vendedores ambulantes senegaleses y haitianes. A su vez, recomendó revisar y modificar las normas y prácticas que establecen distinciones discriminatorias en el acceso a derechos y servicios básicos entre migrantes y nacionales. Finalmente, advirtió sobre la reciente situación de las personas que solicitaron asilo durante la pandemia de Covid-19 y el cierre de fronteras. En este contexto muchas de ellas vieron desestimadas sus solicitudes sin evaluación y corren el riesgo de ser expulsadas.
Para que el CERD pueda conocer con más profundidad la situación en la Argentina, desde el CELS, junto a Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Asociación de Mujeres Abogadas Indígena (AMAI), Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes (CAREF), Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) y Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), presentamos dos informes sobre discriminación estructural y la situación de los pueblos indígenas, que se pueden descargar acá y acá.
El racismo es un fenómeno estructural y sistémico que se produce desde las instituciones hacia los individuos. El origen del racismo en la Argentina está asociado a la búsqueda de construcción de una sociedad blanca y europea como reflejo de la noción de progreso en la construcción del Estado nación. Las particularidades del racismo criollo permiten la invisibilización y habilitan la violencia estructural e institucional hacia las poblaciones no blancas, incluidas las afrodescendientes y originarias.
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