SALVADOR MILLALEO, ABOGADO MAPUCHE: “La nueva Constitución chilena debe resolver la exclusión política del pueblo mapuche”
A menos de dos meses del plebiscito constitucional, el académico mapuche dice que “Chile puede tener su propia ruta hacia la plurinacionalidad”
Santiago De Chile SEP 2020
Chile se prepara para el plebiscito constitucional del 25 de octubre, cuando determinará si reemplaza o no la Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los más de 14 millones de ciudadanos habilitados para votar, además, decidirán quiénes la redactarán: si 155 personas especialmente elegidas o una convención mixta, compuesta también por parlamentarios. A menos de dos meses del referéndum, existe un asunto central que todavía no ha sido resuelto por el Parlamento chileno: si los pueblos indígenas, que representan el 13% de la población, tendrán o no escaños reservados en el órgano de decisión. Justamente cuando en la Araucanía se vive una nueva escalada de violencia –con camioneros protestando por seguridad, bloqueando rutas y poniendo en peligro el abastecimiento–, la representación de los mapuches en una posible asamblea es un aspecto de especial relevancia para quienes apuntan a desactivar el conflicto atacando una de sus causas remotas: la exclusión política.
Es lo que explica el abogado mapuche Salvador Millaleo (Talca, 1973), uno de los más reconocidos expertos en asuntos indígenas, integrante de diversos grupos que ya debaten sobre los contenidos de una eventual nueva Constitución. Militante socialista, académico de Derecho de la Universidad de Chile con doctorado en Sociología en Bielefeld, Alemania, indica que de los 155 convencionales de la eventual convención constitucional –la opción que ganaría, de acuerdo a las encuestas–, deben sumarse 23 representantes de los nueve pueblos originarios.
“Lo central es que se asegure la participación a través de un principio de justicia política. La de las mujeres fue asegurada por la paridad, porque representan la mitad de la sociedad. En el caso de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe corresponder a su proporción demográfica, el 13%”, explica Millaleo, al teléfono desde su casa en el municipio de La Florida, en la zona sur de la capital, Santiago. “El problema es que en Chile nos han acostumbrado a pensar que los pueblos indígenas son el 2% o 3%, porque vivimos en una sociedad que quiere pensarse a sí misma como no indígena. Pero es un porcentaje muy relevante, parecido al de México, que está en algo más del 15%”, reflexiona.
Si no es así, el proceso constituyente quedaría “bastante cojo”, según Millaleo, que informa que del 13% de población indígena que tiene Chile, un 10% es mapuche (es decir, unos 1,7 millones de personas). “Uno de los motivos declarados del estallido social de octubre pasado en Chile fue la exclusión de los pueblos indígenas. En las calles, la bandera mapuche fue la más usada, el símbolo de todo el resto de las injusticias. Por lo tanto, sería poco explicable que en una nueva Constitución –un proceso que se abrió justamente a causa de este movimiento de protesta–, no hubiese una preocupación central por la representación de los pueblos originarios”. Para el abogado, que integra como consejero el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en octubre “se produjo una suerte de empatía” entre los chilenos y las etnias originarias: “Todo lo que denunciaban los mapuches –las agresiones por parte de carabineros, las violaciones de los DD.HH., la represión innecesaria– los manifestantes lo vivieron en carne propia en el estallido social”.
Ciudadanos de segunda categoría
El abogado hace historia y se remonta a la formación del Estado. Explica que se trata de “un problema político, de poder, entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche y que, por lo tanto, debe resolverse como tal”. De acuerdo con Millaleo, lo que ha ocurrido hasta ahora es más bien una exclusión de los pueblos indígenas: “Nominalmente son ciudadanos, pero la forma en que se construyó el Estado determina que son de segunda categoría y que para ser plenamente chilenos, tienen que dejar de pertenecer a su pueblo”. Es un asunto que está en la raíz de todos los conflictos, según el académico: “Si bien hay pobreza y violencia étnica, ambas han sido más bien una consecuencia de la exclusión política. Por ello, la nueva Constitución chilena debe resolver la exclusión política del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios”.
Chile tuvo una historia común con otros Estados coloniales. Pero a diferencia de otros países como Estados Unidos y muchos latinoamericanos, “Chile no logró consolidar un momento para empezar a revertir esta historia”. Por el contrario, señala Millaleo: “Los países democráticos comenzaron a compensar a los pueblos indígenas, a restaurar sus instituciones, a respetar sus culturas y –si bien en todas partes hay desigualdad–, los Estados han generado políticas inclusivas”. Sucedió en Latinoamérica desde los años ochenta, cuando Nicaragua debutó con una Constitución avanzada respecto de sus etnias. En paralelo, sin embargo, en Chile hace cuarenta años nacía la Carta Fundamental vigente. “La Constitución de 1980 fue mucho más rígida que todas las otras constituciones y no ha permitido hasta hoy un reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. Su modelo neoliberal ha profundizado la pérdida de tierras y el empobrecimiento”.
Millaleo se refiere al modelo económico extractivo que empujó la dictadura militar y a la instalación de las forestales, mineras, salmoneras, pesqueras que, desreguladas, generan desarrollo económico, pero muy desigual: “Perjudican a muchas comunidades y al entorno natural y profundiza un conflicto de raíces históricas profundas”, cuya expresión más visible en los últimos años es la lucha por las tierras, dice. El abogado reconoce que los gobiernos de la democracia realizaron avances desde 1990, pero que “la elite no ha tenido la decisión de terminar con la exclusión”. “Si se afirma querer erradicar la violencia, el sistema político chileno debe abrir un camino a una solución genuina, porque los que ha abierto hasta ahora, en lugar de resolver el conflicto, lo escala aún más”, indica.
Tres indígenas mueren por disparos de la policía en Perú
Las muertes se producen durante una protesta contra el Estado por falta de atención en salud en la Amazonía
Un grupo de indígenas llevaba seis días de protesta contra el Estado en la región amazónica de Loreto, debido a la falta de atención de salud y medicinas en plena pandemia. “Amigo policía, la huelga no es contigo”, clamaban desde el primer día. La mayoría eran jóvenes de la etnia kukama. Al no obtener respuesta del Estado, la noche del sábado los manifestantes amenazaron con ocupar la sede de la empresa canadiense Petrotal, que opera en esa zona petolera. La madrugada del domingo, día internacional de los pueblos indígenas, la policía antimotines mató a tres manifestantes e hirió a otros diez, cuatro de los cuales están en estado crítico, según las autoridades sanitarias locales. Seis policías resultaron heridos.
El Ministerio de Interior reportó que unas 70 personas se apostaron el sábado por la noche en la entrada de la empresa petrolera, ubicada en el Lote 95. Según la versión oficial, algunos pobladores usaban “retrocargas (perdigoneras) y demandaban la paralización de las labores del campamento petrolero”.
Interior señaló que “al no llegar a un acuerdo, los pobladores habrían realizado disparos impactando en un efectivo policial”. El presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez, rechazó que los manifestantes portaran armas. “Nadie llevó ningún tipo de arma, como siempre en todas nuestras luchas se han usado lanzas, que son herramientas de defensa tradicional. Por eso estamos pidiendo que la fiscalía haga una investigación sobre estas muertes, nosotros como federación indígena también vamos a investigar”, comentó desde Iquitos, capital de Loreto.
”Es una mentira, los policías han lanzado una especie de bombas en la oscuridad, por eso entre ellos se han herido. Nosotros solamente hacemos la protesta con lanzas. Siempre es así: cuando queremos hacer un bien para nuestros hermanos somos vulnerados, nos responden así. Si no salimos a protestar nunca nos contestan: siempre vivimos abandonados, nos insultan que somos unos indios”, relató a EL PAÍS Agnita Saboya, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas del Marañón, quien participó de la protesta desde el miércoles.
Saboya, de 38 años, es una indígena del pueblo kukama que vive en la comunidad nativa Cuninico, afectada en 2014 por un derrame petrolero del Oleoducto Norperuano. En solidaridad con las comunidades cercanas del Lote 95 se sumó a los reclamos, pese a que vive lejos de allí. “Desde mucho antes de la pandemia vivimos con enfermedad y el Estado no nos apoyaba con nada”, añadió la lideresa.
Loreto fue la región amazónica cuyo sistema de salud colapsó a inicios de mayo debido a la alta propagación del nuevo coronavirus, la precariedad de los establecimientos sanitarios, la falta de oxígeno y de equipos de bioseguridad, y el contagio del personal médico.
En la provincia de Requena, donde se ubica el Lote 95, la mayoría de la población es indígena. Según la Dirección de Salud de Loreto, hasta el 7 de agosto eran 935 personas infectadas en Requena, y 80 en el distrito de Puinahua, donde se ubican las comunidades cercanas al lote petrolero.
Demandas no atendidas
El presidente de Orpio explicó que aunque el Lote 95 es de reciente operación y no hay derrames de petróleo, está pendiente una agenda que el Estado no ha cumplido desde 2018. ”En la cuenca del río Puinahua no hay ningún apoyo directo ni en la pandemia ni en otro momento. El petróleo sale de acá pero es un abandono total, a raíz de eso las comunidades han planteado que un 5% de la producción del hidrocarburo se pueda destinar a algún mecanismo para la lucha contra la pobreza. Han pedido reuniones, llegó la pandemia y se ha suscitado la represión”, anotó Pérez.
”La atención médica ha sido pésima, escasa e inoportuna. Aún no termina la pandemia, y en la cuenca del río Urituyacu los niveles de la enfermedad están muy fuertes, todo esto se agudizó con los impactos de la explotación petrolera. Por eso las comunidades afectadas por la contaminación y la falta de remediación de los pasivos ambientales se han solidarizado con este pedido de la población cercana al Lote 95″, refirió el líder de Orpio.
El defensor adjunto de conflictos sociales, Rolando Luque, dijo a EL PAÍS que en abril de 2019 la Defensoría del Pueblo registró la plataforma de lucha de las comunidades cercanas al Lote 95. “Los pedidos son principalmente dirigidos al Estado: sobre construcción de establecimientos de salud, instalación de energía eléctrica, entre otros. Pero no se han dado pasos concretos en ese plan de cierre de brechas anunciado por el ex primer ministro Vicente Zeballos”, detalló.
“Es lamentable la respuesta del gobierno peruano en el día de los pueblos indígenas, estamos de luto por tres hermanos que han caído pidiendo atención sanitaria”, declaró a este diario Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, la principal organización de pueblos amazónicos. La tarde del domingo, una comitiva encabezada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, integrada por un funcionario del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Salud viajaron a Loreto para dialogar.
Fuente aquí
América Latina. Importante llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares del continente
La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:
Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue con la recomposición de la tasa de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.
En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.
Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también a proyectar los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.
Ante la falta de vivienda construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente al monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos por la paz. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.
Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.
Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.
Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad mejor. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos:
1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad.
Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de nuestros bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.
2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la producción de insumos destinados a combatir el Coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.
3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.
4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.
5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social, la cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras.
Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.
6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal, priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias. Es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.
7. Contra la mercantilización de la naturaleza, necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con las complicidad de gobiernos y empresarios locales. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.
8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.
9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.
10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, a líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos y de la madre tierra. Es hora de reducir la población carcelaria y otros cuidados como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidad la vida.
11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indigenas y populares de Colombia, la feroz represión del regimen golpista en Bolivia y del gobierno antipopular de Piñera en Chile, la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.
12. Ayuda Humanitaria Internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.
Contra la riqueza de pocos, por la soberanía de los pueblos. ¡Por la vida, no el FMI!
Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo.
¡Solidaridad internacionalista!
Adhesiones a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador
Congreso de los Pueblos-Colombia
MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana- Ecuador
FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia
FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina
Ukamau-Chile
CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela
CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México
AUTE sindicato electricista-Uruguay
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala
CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia
Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina
CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile
FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia
UTT Union de Trabajadores de la Tierra-Argentina
PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia
CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay
União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil MICC Movimiento Indigena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador
PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia
MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia
MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador
Brigadas Populares-Brasil
Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador MTD Aníbal Verón-Argentina
FOB Autónoma-Argentina
FOB La Libertaria-Argentina
MTR por la democracia directa-Argentina
FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina
Frente Popular – Ecuador
Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela
Radio al Son del 23-Venezuela
Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela
Colectivo Caminos Verdes-Venezuela
FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil
Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia
Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico)
Red Emancipa de Educación Popular-Brasil
Feministas del Abya Yala
MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina
Pañuelos en Rebeldía-Argentina
Red de la Diversidad-Bolivia
Escuela Popular Permanente-Chile
Colectivo Whipala-Bolivia
Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia
OLP Resistir y Luchar-Argentina Colectivo Alexis Vive-Venezuela
Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina Corriente Social y Política Marabunta-Argentina
Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil
Fabrika Zurda – Ecuador
FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador
Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina
Convergencia 2 de Abril-Chile
Democracia Socialista-Argentina
ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina
La Junta-Peru.
Venceremos Abriendo Caminos-Argentina
ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina
Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia
CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina
Fuente: Resumen Latinoamericano
Link aquí
DECLARACIÓN
Declaración ante la violencia racista desatada desde el Estado de Chile contra el pueblo
mapuche movilizado.
Ante los hechos de violencia y racismo ocurridos la noche del 1 de agosto como Red de Sitios de Memoria repudiamos la violencia racista desatada ayer contra las comunidades mapuche en toma, por parte de Carabineros de Chile y de civiles organizados.
Es urgente que se investiguen estos hechos y asociaciones entre carabineros y organizaciones de la sociedad civil de extrema derecha, tal como lo vimos y escuchamos ayer a través de videos y audios difundidos por organizaciones a través de redes sociales.
Como organización de derechos humanos solidarizamos con las compañeras, compañeros, niñas, niños y adolescentes reprimidos y detenidos ayer y respaldamos las acciones de las comunidades mapuche exigiendo la liberación de los prisioneros políticos mapuche, que hoy cumplen más de 85 días en huelga de hambre.
Reiteramos que la impunidad en la que se mantienen los crímenes de la dictadura cívico militar allanaron el camino para las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el estallido social del 18 de octubre, pero también señalamos que esa violencia que vimos desatada ayer y hoy es la violencia, represión y discriminación histórica ejercida contra el pueblo mapuche.
Frente a estos hechos:
Exigimos el fin de la sistemática violencia ejercida por el Estado y sus instituciones contra el pueblo mapuche, el fin de la criminalización de sus legítimas demandas y el fin del racismo institucional.
Exigimos que se investigue la participación y responsabilidad de todos los civiles involucrados en estos actos de violencia y racismo; y también una respuesta oficial desde Carabineros de Chile por no detener estos ataques.
Exigimos un pronunciamiento público desde la institucionalidad de derechos humanos, pues nos parece de suma gravedad que al igual que en otras ocasiones, tanto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, como la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, han mantenido un silencio cómplice y no han condenado los hechos.
Finalmente, exigimos la renuncia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, responsable directo de los hechos de violencia racista ocurridos ayer. Su llamado a desalojar las municipalidades tomadas en protesta por los presxs políticxs mapuche resonó en todo lo que hemos visto: ataques racistas y fascistas contra el Pueblo Mapuche movilizado. Este actuar se condice con su férrea defensa de la dictadura cívico militar, sus vínculos con la organización criminal Colonia Dignidad, y sus dichos negando las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras la revuelta social del 18 de octubre. En un contexto en que las mayorías del país demandan cambios profundos en nuestra sociedad se requieren representantes que tengan como mínimo ético la defensa y promoción de los derechos humanos para todas, todos y todes, algo de lo que evidentemente carece el actual ministro.
¡Por la verdad y la justicia:
Los pueblos contra el racismo!
Red de Sitios de Memoria
2 de agosto 2020
ANTE LA GRAVE SITUACIÓN OCURRIDA LA NOCHE DEL 01 DE
AGOSTO EN TERRITORIO MAPUCHE, COMO UNIDAD SOCIAL
DECLARAMOS LO SIGUIENTE:
1. Desde el pasado lunes 26 de julio se mantenían tomadas cinco
dependencias municipales de la Provincia de Malleco en las comunas de
Curacautín, Victoria, Ercilla, Traiguén y Collipulli en razón del apoyo a los
presos políticos mapuche que se encuentran detenidos y en huelga de
hambre por casi 90 días, ante la aparente indiferencia del gobierno de
Sebastián Piñera.
2. Luego del nombramiento de Víctor Pérez, ferviente colaborador de la
dictadura pinochetista y alcalde designado por el tirano, como nuevo
ministro de interior y su visita a la zona en conflicto para reunirse con
autoridades policiales y civiles, reconocemos en este hecho una clara
maniobra de presión desde el gobierno hacia las autoridades locales, lo
que pone en responsabilidad a este ministerio por el enfrentamiento
entre las comunidades mapuche y no mapuche.
3. Ante esto el alcalde de la municipalidad de Curacautín, Jorge Saquel
Albarrán no tuvo mejor idea que hacer llamados a los pobladores a
concurrir en defensa del municipio, como una medida inentendible, lo
que terminó con los lamentables hechos que conocemos, donde los
manifestantes en apoyo a los presos políticos mapuche fueron
fuertemente golpeados antes de ser detenidos.
4. Además, denunciamos la presencia de la organización de ultra derecha
reconocida como APRA que opera en Wallmapu con total impunidad,
quienes han azuzado a la población para salir a enfrentarse y desalojar
los municipios tomados. Todo esto bajo la complicidad de las fuerzas
policiales que hoy son defendidos por las autoridades del gobierno
central como verdaderos salvadores de la vida de quienes mantenían las
tomas de los municipios antes señalados.
5. Reiteramos con mucha fuerza que el gobierno de Sebastián Piñera debe
aplicar a la brevedad el Convenio 169 de la OIT referido a los Pueblo
Originarios y Tribales suscrito por nuestro país y no seguir auspiciando
esta oleada fascista en territorio Mapuche.
NO MAS TERRORISMO DE ESTADO HACIA LAS COMUNIDADES MAPUCHE
NO MAS RACISMO NI VIOLACIONES A LOS DD.HH EN WALLMAPU
APLICACIÓN INMEDIATA AL CONVENIO 169
La música que rescata el quechua
JUL 2020 - 04:01 ART
Cantar en quechua se ha vuelto una forma de resistencia para muchos jóvenes artistas en Perú. Hablado por alrededor de ocho millones de personas, el idioma se difundió por Latinoamérica gracias al imperio Inca y ha resistido a la discriminación que ha sufrido desde la llegada de los españoles. Ni siquiera con la independencia ha podido alcanzar la importancia del castellano y, a menudo, el quechua se considera una lengua innecesaria que se reserva para conversaciones privadas.
Cuando el conflicto entre Sendero Luminoso y el estado peruano se difuminó, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del país descubrió que el 75% de las casi 75.000 víctimas era de nativos hablantes de quechua u otras lenguas indígenas. Ese periodo negro impulsó la fundación de un grupo histórico, los Uchpa (Cenizas), que lanzó un movimiento de blues y rock en quechua y se hizo portavoz de ese dolor. Bandas como Uchpa y también artistas como Yma Sumac, sirven de inspiración para la escena musical contemporánea.
"Cuando me empezaron a preguntar por qué cantaba en quechua fue como un baldazo de agua para mí, fue algo inesperado. Después entendí que tenía que rescatarlo, empezar a mostrar la lengua como algo importante. No deberíamos olvidarlo, especialmente nosotros, que somos peruanos. Sentía que por medio de la música podía rescatarlo y volverlo una resistencia para muchos”.
Amante de la libertad
Ricardo Flores ha elegido como seudónimo Liberato Kani (amante de la libertad). Tiene 26 años, vive en Lima, pero aprendió el quechua durante los tres años que pasó con su abuela en Andahuaylas, ciudad del departamento de Apurímac. En su hip hop relata la realidad del campo, sus recuerdos, y recurre al bagaje musical de su padre y su abuelo, ambos músicos de Taril y Huayno. “El quechua es resistencia”, le gusta decir.
Empezó a rapear en el colegio y, tras unos años con un grupo llamado Quinta Rima, compuso su primera canción, Hip Hop Ruachkani (Hip Hop Estoy Haciendo), dedicada al campo de Apurímac. Otros temas hablan de viajes, de la rebeldía andina y “del encuentro entre el mundo occidental y el andino”. Además de ser músico es también docente de historia y uno de sus sueños es “que se hagan estudios con el quechua, no sobre el quechua”. En otra entrevista dijo: “Desafortunadamente, no es conveniente para [los pueblos indígenas] existir en el siglo XXI, porque sería el fin de carreras académicas, proyectos de investigación, el fin del turismo antropológico”.
Kani quiere que el quechua desempeñe un papel activo en la sociedad y con sus canciones intenta luchar contra la imagen despectiva que proyecta: “Cuando el quechua se adapte un poco más a mostrar otras expresiones será mucho mejor. El ciudadano peruano no va a pensar que si uno se viste de una manera no puede hablar quechua y todas estas ideas se van a tumbar cuando el quechua esté por todos lados. Mostrar algo en quechua no será una cuestión de asombro, sino una cuestión natural. Uno no está investigando a una persona que habla español. Nadie dice nada si alguien que habla castellano se viste de cierta manera, pero sí se juzga al poblador andino. Juzgas a tal persona, pero a otra no”, zanja desde su casa en Lima.
NO SOLO PERÚ
El mercado musical en lengua indígena está creciendo también en otros países latinoamericanos. Liberato Kani cita el gran éxito de Los Hermanos Kichwas, que mezclan rock y jazz en 'kichwa' en Ecuador, además del pequeño movimiento de música en 'aymara' en Bolivia. Según el Atlas Interactivo de las Lenguas en Peligro en el Mundo de la UNESCO, en América Latina existen 248 idiomas que se consideran seriamente en peligro de extinción. Brasil lidera esta clasificación con 64 lenguas en situación crítica, seguido por México, con 53, y Perú, con 29.
Fuente aquí
Página 27 de 55