En total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son campesinas, 1.358 de comunidades negras, 21.468 de resguardos indígenas y 473 de restitución

En el marco del Día Internacional de la Mujer el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, ratificó la apuesta de la entidad para empoderar a la mujer en los territorios.

De acuerdo con cifras oficiales, en siete meses del Gobierno nacional se han formalizado más de 1,4 millones de hectáreas en el país, de las cuales 1.015.000 corresponden a predios rurales y 396.000 a zonas de reserva campesina, como la de Sumapaz, en Bogotá, y la de Guayabero en el departamento del Meta.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, ratificó la apuesta de la entidad para empoderar a la mujer en los territorios.

“Durante los siete primeros meses del Gobierno del Cambio se han entregado títulos por más de 1,4 millones de hectáreas de tierra, de los cuales el 50% ha sido para mujeres porque ellas no solo han sido las principales afectadas de la violencia en el país, sino que son fundamentales para la construcción de la paz, la conservación del territorio y tejido social”, dijo el funcionario.
Las declaraciones de Vega Medina se hicieron en la entrega de la tercera versión del premio Mujer Transformadora de Colombia Rural, que con 98 postuladas, tuvo el récord para este reconocimiento que nació en 2020 para destacar a todas aquellas mujeres beneficiarias de los diferentes programas de entidad y han aportado al crecimiento y desarrollo rural del campo colombiano.

En ese sentido, en total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son campesinas, 1.358 de comunidades negras, 21.468 de resguardos indígenas y 473 de restitución, en el marco de la reforma rural.

Al respecto, Vega agregó que dicha tierra ha sido comprada, en su mayoría, a terceros, teniendo en cuenta que se viene “trabajando donde la tierra sea más fértil. Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”.

Sobre la meta del Gobierno de Gustavo Petro para la entrega de tierras en la zonas rural del país, el director de la ANT sostuvo que: “Pretendemos hacer una entrega de 3 millones de hectáreas en estos 4 años”.

Durante la entrega del premio Mujer Transformadora de Colombia Rural, que se realizó en La Plata (Huila), Eveniz Rodríguez Meneses, del Cauca, fue la ganadora en la categoría Mujer Constructora de Paz, mientras que Yamileth Ospina Hernández, de Tolima resultó ganadora de la categoría Mujer Conservadora del Territorio. Ambas recibieron un reconocimiento y la participación en el encuentro Internacional de Mujer Rural, en España, donde darán a conocer sus experiencias.

Yamileth Ospina Hernández, una de las ganadoras, dijo luego de la ceremonia:

“Estoy muy contenta con este premio, que reconoce el trabajo de mi comunidad por la conservación del territorio en mi municipio. Allí tenemos un proyecto de ganadería en los predios que nos fueron titulados, pero también de piscicultura y reforestación para proteger el medioambiente”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 que realizó el Dane, en las zonas rurales de Colombia, se ubicó el 24,2% de la población del país, es decir, 11.969.822 personas: el 48,13% de la población rural son mujeres (5.760.524 personas) y el 51,87% son hombres (6.209.298).

En el informe se destaca que el mercado laboral en las zonas rurales es desfavorable para las mujeres; ellas enfrentan tasas de ocupación más bajas y tasas de desempleo más altas, en comparación con las de los hombres.

Con respecto a la educación, entre las mujeres de zonas urbanas y las de zonas rurales se observan grandes disparidades, como lo son saber leer y escribir, participación y acceso a la educación, entre otras.

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Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total de 45.892.285 millones de personas, según los datos del censo de 2022. Este último censo no brinda datos específicos de la cantidad de población indígena existente en el país y que se autoperciben como indígenas. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque los procesos de recuperación identitaria son dinámicos y este número es variable, llegando a alrededor de 40 pueblos, de acuerdo a sus organizaciones. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en la mayoría de Estados provinciales.

Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otras. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad), fue ratificado en 2000 y está vigente con estatus de tratado internacional desde 2001. Asimismo, en Argentina se encuentran vigentes, y tienen fuerza normativa, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si bien hay nueva gestión que asumió en diciembre de 2023, ya sus primeras medidas auguran un escenario político y jurídico desfavorable para los pueblos indígenas. El 2023 estuvo signado por la campaña electoral y por las pujas políticas y, a su vez, las comunidades indígenas no fueron ajenas a las tensiones que se generaron.
Las comunidades indígenas y sus organizaciones (entre otras, la Confederación Mapuche Neuquina, CMN) rechazan estos instrumentos jurídicos porque atentan contra su territorio al promover el modelo extractivo; socavar la soberanía alimentaria, y generar las condiciones para la concentración del poder económico.

La situación actual fue gestándose, en algún sentido, con el anterior gobierno –que, en definitiva, abrió las puertas al nuevo modelo libertario- y se encuentra refrendada en decisiones de los gobiernos provinciales. Basta señalar como una enorme fuente de conflictos con las comunidades indígenas, que aún subsiste, la reforma constitucional llevada adelante por el gobierno de la provincia de Jujuy. La reforma inconsulta con las comunidades y profundamente inconstitucional (no cumplió con los requisitos de forma y fondo), construye un modelo estatal que avanza sobre los territorios. Fue centralmente pensada para la ampliación de la explotación del litio, principal recurso de la región y globalmente muy requerido por sus usos y las limitaciones de su existencia.

Esta reforma constitucional, sin participación ciudadana, sin consulta a los pueblos indígenas, en tiempos excesivamente cortos, atenta contra cualquier principio democrático. Si bien el texto incluye temas que en la actualidad serían considerados “políticamente correctos”, tales como el cambio climático, el bienestar animal, el bienestar espiritual, etc.; una lectura atenta desnuda finalidades incompatibles con un Estado que se pretende construir como igualitario, y que discursivamente señala que respeta a los pueblos indígenas. Las movilizaciones indígenas que se están desarrollando desde junio de 2023 cuestionando su legitimidad (y que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires), y la represión ordenada por el gobierno para acallar las protestas, dan cuenta de ello.

Por otra parte, es interesante prestar atención a una nueva forma de despojo territorial de los pueblos indígenas, a través de la creación de parques nacionales y reservas naturales de manera inconsulta, instalando una suerte de “modelo neocolonial de la conservación verde”, que configura una nueva forma expansiva sobre los territorios indígenas que ignora su presencia. Activistas, académicos y académicas denuncian la proliferación de estas estrategias, principalmente en el noroeste argentino, ejemplificando con la creación del Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán, imponiendo visiones conservacionistas sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, lo que impacta sensiblemente en la Nación Diaguita. Así fue discutido, entre otras instancias, en el XIX Congreso internacional sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente americano de noviembre de 2023, llevado adelante en la Universidad de Chilecito, provincia de La Rioja[1].

Revisando las disputas suscitadas alrededor de los territorios indígenas en el último año, el conflicto territorial que existe en las inmediaciones de Villa Mascardi, provincia de Río Negro (ver El Mundo Indígena 2023) lejos está de resolverse. Vale la pena recordar que se produjo un violento desalojo en 2022, por el cual cuatro mujeres con sus hijos permanecieron privadas de su libertad por casi seis meses, se realizaron tres mesas de diálogo en donde se llegaron a algunos acuerdos preliminares: entre ellos se reconocía el sitio sagrado del lugar (rewe) y se facilitaba su acceso a la machi (autoridad espiritual) para que pueda llevar adelante sus prácticas espirituales y sanadoras. Asimismo, se discutió la relocalización de la comunidad indígena mapuche Lafken Winkul Mapu en las cercanías del lugar del conflicto. Luego de seis meses de firmado el acuerdo, en diciembre de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les informó que el acuerdo no se cumpliría, alegando “el resultado de las elecciones” y la inminente asunción de un nuevo presidente.

En definitiva, los ejemplos mencionados ilustran las dificultades de las comunidades indígenas para gozar de sus derechos territoriales, la negación permanente del Estado de su reconocimiento efectivo, y un futuro que se vaticina con mayor conflictividad.

Reafirmando derechos: la ley de consulta en la provincia de Neuquén
En diciembre de 2022 la legislatura de la provincia de Neuquén aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades Indígenas (Ley 3.401), de acuerdo a lo que dispone el Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones respectivas. Dicha ley es la réplica de un Decreto del Ejecutivo que se encontraba ya vigente, y que fue consensuado con la Confederación Mapuche de Neuquén.

Esta ley, la primera en Argentina, es central para reconducir la relación con el Estado y, a través de éste, con la industria hidrocarburífera. Más aún en una provincia en donde la explotación del yacimiento “Vaca Muerta” con la técnica del fracking (fractura hidráulica que utiliza toneladas de químicos e ingentes cantidades de agua, método altamente contaminante) lleva una década, y ha ocasionado innumerables conflictos con las comunidades indígenas que habitan la zona.

Esta ley es relevante por un conjunto de razones. En primer lugar, va de la mano con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales que están vigentes en Argentina. En segundo lugar, considera a las comunidades indígenas que habitan la provincia de Neuquén como sujetos políticos con quienes se debe dialogar. Si bien esta ley no se reduce a las cuestiones territoriales, son las que indudablemente se destacan. En tercer lugar, establece un procedimiento para implementar el derecho a la consulta.

Sin embargo –advirtiendo que esta ley merece un análisis más exhaustivo- tiene dos aspectos negativos que no pueden soslayarse. Por una parte, solo pueden ejercer este derecho las comunidades con personería jurídica inscriptas en la provincia (art. 8), dejando de lado aquellas que –por las razones que fueren- no la hayan obtenido. Por la otra parte, el resultado de la consulta no es vinculante. Si bien contempla la inclusión de las observaciones o sugerencias de las comunidades, la administración finalmente puede adoptar la medida en cuestión (art. 15), lo que distorsiona en gran medida el objetivo principal de la ley.

A pesar de estas consideraciones, la promulgación de esta ley es positiva y así ha sido entendida por la Confederación Mapuche de Neuquén. El gran desafío pendiente es su implementación, y monitorear cómo su autoridad de aplicación (la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente) activará los mecanismos contemplados en la ley para una participación efectiva.

Conclusiones
El 2023 en Argentina ha estado signado por una notable ineficiencia del Estado en ejecutar sus políticas. Los pueblos indígenas, como destinatarios de ciertas políticas territoriales, no han sido ajenos a esta falta de gestión, y la parálisis para avanzar en la demarcación y posterior titulación de los territorios indígenas, ha sido evidente.

Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, los conflictos territoriales se agudizaron. A la falta de respuesta a nivel nacional, los Estados provinciales también han demostrado rechazo al reconocimiento, generando una protesta extendida de las comunidades indígenas y una fuente permanente de tensiones que subsisten hasta el presente.

Si bien existen algunas acciones positivas, como la promulgación de la Ley de Consulta en la provincia de Neuquén, a los aspectos controvertidos señalados debe sumarse un contexto político extremadamente incierto que pronostica un impacto directo en las comunidades indígenas. Un análisis político y jurídico de este último año permite señalar que un Estado ausente o inoperante deslegitima una gestión de gobierno, pero lo que es peor socava los derechos indígenas alcanzados, colocando a los pueblos indígenas en una situación más debilitada.

Asimismo, principalmente en un país federal como Argentina, los estados provinciales tienen un protagonismo en la protección de derechos. Aunque no han demostrado una vocación de garantizarlos, principalmente por los bienes comunes naturales presentes en su espacio geopolítico, y lo que representa la explotación del gas, petróleo o litio en términos de recursos económicos; todos estos bienes comunes naturales se encuentran presentes en los territorios reivindicados por las comunidades indígenas.

Finalmente, es racional anticipar una proliferación de disputas territoriales en el futuro inmediato, un abandono del relevamiento territorial que existe a partir de 2006 (con escasos resultados), y una priorización de actividades económicas sobre los territorios indígenas, que es abiertamente contradictoria con sus derechos.

Silvina Ramírez es abogada. Doctora en Derecho. Docente de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Palermo y de otras universidades argentinas y de América Latina. Integrante fundadora de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho indígena (AADI). Asesora Académica del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y referente de Argentina de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU).

 

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Familias campesinas, pueblos indígenas, cooperativas y asambleas socioambientales son protagonistas del libro "Radiografías del agro argentino", que reúne 23 investigaciones, una por cada provincia, realizado entre 2022 y 2024 por Agencia Tierra Viva. De los impactos del extractivismo al avance de la agroecología, de la disputa por la tierra a la soberanía alimentaria, del modelo con agrotóxicos a la agroecología y los alimentos sanos. Un material de libre descarga.

Familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativistas. Son el campo que produce una enorme diversidad de alimentos sanos, esos que están en los platos argentinos, que hacen a la cultura local, a la historia y al futuro de los sectores populares del país.

Todo eso es parte fundamental del libro "Radiografías del agro argentino". Un material periodístico inédito, pensado y realizado por Agencia Tierra Viva para dar testimonio de un sector que resiste frente a la avanzada del extractivismo, que cultiva sin transgénicos ni agrotóxicos, que construye soberanía alimentaria y futuro.

De Cuyo a la Pampa Húmeda, de la Patagonia al Norte, son 23 investigaciones repletas de información cualitativa y datos cuantitativos que reflejan lo que sucede en la ruralidad de Argentina: la concentración de tierras en pocas manos, los monocultivos, las políticas de Estado en favor del agronegocio y de los agrotóxicos que inundan el territorio nacional. Están presentes, inevitablemente, la megaminería, la explotación petrolera y la actividad forestal, todas actividades con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

Pero también sobresale la agroecología, que crece en cada provincia; la producción diversificada, desde las huertas para autoconsumo hasta la producción a mayor escala, desde las ferias locales hasta la comercialización regional, con canales cortos de distribución y a precios justos para las mesas argentinas.

Realizado entre 2022 y 2024 por una decena de periodistas y fotógrafos que viven y recorren los territorios —de Jujuy a Tierra del Fuego, de Catamarca a Buenos Aires, de Santa Cruz a Misiones—, en todos los casos se da cuenta de la gran cantidad de organizaciones locales y provinciales que construyen soberanía alimentaria o, en términos indígenas, el buen vivir. Y, no casualmente, en todos los capítulos se priorizan las voces de mujeres y hombres que todos los días meten las manos en la tierra, que siembran presente y futuro.

En definitiva, este libro intenta ser una contribución para conocer, pensar y saber que "el campo" está lejos de ser un sector uniforme, que es muy diverso —como la misma agricultura y sus 10.000 años de existencia— y tiene protagonistas tan históricos como imprescindibles para la producción de alimentos sanos: familias campesinas, cooperativistas y pueblos indígenas.

 

Fuente del artículo y link del libro aquí

El contexto

Los pequeños productores generan alrededor de un tercio de los alimentos que se consumen en el mundo. La producción de alimentos es fundamental para su propia seguridad alimentaria y nutrición, así como para abastecer a sus comunidades y naciones. Sin embargo, muchos habitantes del medio rural carecen de acceso a los mercados, los servicios y la financiación que necesitan para lograr el desarrollo sostenible de sus actividades comerciales. Todos los años millones de jóvenes de las zonas rurales acceden al mercado laboral, donde las oportunidades que encuentran son escasas.

Habida cuenta de que la ayuda oficial para el desarrollo que se destina al sector agrícola se ha estancado, esos desajustes solo pueden corregirse con el apoyo del sector privado.

Aunque los inversores privados son cada vez más conscientes de se trata de una necesidad urgente, muchos carecen aún de la capacidad y los conocimientos necesarios para entablar una colaboración eficaz con los pequeños agricultores y las empresas rurales. El alto riesgo percibido, el reducido volumen de las inversiones y los elevados costos de transacción suelen desincentivar la inversión.

Las oportunidades

El sector privado no es solo una fuente esencial de capital. También aporta una experiencia técnica única, soluciones innovadoras y dinamismo comercial. La inversión privada es fundamental para iniciativas tanto específicas como de alcance general: desde la concesión de préstamos a las empresas rurales hasta el desarrollo de cadenas de valor y la ampliación del acceso financiero en las zonas rurales.

Conocer a fondo el sector agrícola y las comunidades rurales permite tender puentes entre los pequeños productores del medio rural y el sector privado y propiciar el desarrollo de economías rurales, dinámicas y resilientes.

La labor del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)

El FIDA ha ampliado su capacidad de reunir, apalancar y facilitar recursos para generar medios de vida rurales y fomentar la resiliencia gracias a la inversión del sector privado. Nuestro apoyo permite a la población rural aumentar sus capacidades productivas, acceder a los mercados y a la financiación y colaborar en actividades con el sector privado.

Somos uno de los mayores inversores multilaterales del mundo en alimentación y agricultura y, guiados por nuestra Estrategia para la Colaboración con el Sector Privado, canalizamos capital hacia pequeñas empresas rurales. También ampliamos los mercados y aumentamos los ingresos y el empleo en beneficio de la población rural.

Proporcionamos financiación directamente a empresas privadas para fomentar la resiliencia y la sostenibilidad de los medios de vida en las zonas rurales. Nuestro Programa de Participación del Sector Privado en la Financiación ofrece intervenciones financieras capaces de generar gran impacto, así como coordinación y asistencia técnica con asociados del sector público.

Nuestro innovador modelo de asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores (modelo 4P) permite a los pequeños productores entablar relaciones comerciales más estables y acceder a nuevos mercados, mientras que las empresas del sector privado obtienen acceso a fuentes fiables de materias primas de calidad. Los asociados del sector privado que participan en este modelo van desde pequeñas empresas nacionales, como distribuidores y agroempresarios, hasta corporaciones internacionales, como fabricantes de alimentos y cadenas de supermercados.

El Fondo de Inversión para Agroempresas (Fondo ABC) es la primera plataforma a gran escala de financiación combinada promovida por el FIDA. Concede préstamos y facilita inversiones de capital que se adaptan a las necesidades de las empresas rurales, las organizaciones de productores, los emprendedores y las instituciones financieras.

El Mecanismo Africano de Financiación para la Adaptación al Cambio Climático en las Zonas Rurales (ARCAFIM) es una operación a gran escala sin garantía soberana destinada a apoyar la adaptación al cambio climático en las comunidades rurales de Kenya, Rwanda, la República Unida de Tanzanía y Uganda.

El FIDA alberga en su Sede la Red de Inversión y Financiación en favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (Red SAFIN) y pone en contacto a agroempresas, prestamistas y otros agentes para que el acceso a la financiación rural sea más eficiente e inclusivo.

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El Parlamento Europeo aprobó una ley para limitar la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. De cumplirse la normativa, no podrán ingresar a ese continente las carnes, soja, madera, café y palma provenientes de regiones desmontadas. En Argentina se arrasaron siete millones de hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2022.

Tras años de discusión y con el impulso de organizaciones ecologistas, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una ley que buscará cerrarle la puerta a la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. A partir de esta ley, Europa no aceptará productos que procedan de tierras deforestadas ni que hayan provocado deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

Según la FAO, el consumo de la Unión Europea (UE) representa el diez por ciento de la deforestación mundial. El aceite de palma y la soja constituyen más de dos tercios de esta cifra.

De ahora en más, las empresas tendrán que demostrar que sus productos cumplen la legislación correspondiente del país de origen, incluida la relativa a los derechos humanos, y que al producir se respetaron los derechos de los pueblos indígenas. Las multas por incumplimiento podrán ser de hasta el cuatro por ciento del volumen de negocios anual total que la empresa penada tenga en la UE.

Esta norma contra la “deforestación importada” implica que en el mediano plazo no podrán ingresar a Europa productos realizados en desmontes posteriores a 2020 (ya sean legales o ilegales) tales como ganado, soja, madera, cacao, café, palma, caucho, carbón y papel. La ley también incluye a los derivados de estos productos, como chocolates o muebles.

Las autoridades competentes de la UE deberán tener acceso a información (como las coordenadas de geolocalización) y realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos. Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de "diligencia debida".

La nueva ley fue aprobada en abril pasado por 552 votos a favor, 44 votos en contra y 43 abstenciones. A partir de su entrada en vigencia, un comité de la Unión Europea clasificará a los países, o a partes de ellos, como de bajo, medio o alto riesgo mediante una evaluación en un plazo de 18 meses. Esto implica que cuanto mayor sea el riesgo deforestación, mayor será el control sobre las empresas para exportar a Europa.

El texto incluye a bosques primarios y secundarios (los primeros se caracterizan por no haber sido transformados o alterados por la actividad industrial). Pero no se logró que la nueva ley proteja a los humedales.

En resumen, las autoridades de la Unión Europea controlarán que las empresas que pretendan venderles sus productos no provoquen deforestación. Esto no es poco. Se trata de un paso muy importante, pero llevará tiempo su correcta implementación. Por otra parte, las exportaciones de soja y ganadería de Sudamérica a China y otros países de Asia seguirán provocando deforestación.

En Argentina ya se perdieron siete millones de hectáreas de bosque nativo

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables: alimentos, maderas y medicinas. Son territorio y sustento de indígenas y campesinos. Y cumplen un rol clave en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos. La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos y desaparición de especies. Es un ecocidio que debe terminar urgentemente.