Pilar Puentes   27 Ene 2025   América del Sur

El país tiene el reconocimiento inicial de dos pueblos indígenas en aislamiento: los yurí y los passé.

Se tiene indicios de otros 16 pueblos, pero aún falta un largo camino para tener una confirmación.
Hace un año se emitió una medida cautelar que ordena la protección de los yurí y los passé, pero comunidades indígenas colindantes y organizaciones no gubernamentales advierten pocos avances.
El Ministerio del Interior no ha avanzado con el cumplimiento del Decreto 1232 de 2018 que ordena la protección de los pueblos en aislamiento.

Cinco datos clave

En medio de la selva amazónica colombiana viven pueblos indígenas en aislamiento del mundo occidental. En lo profundo de esta región, y lejos de las ciudades, habitan indígenas que se resisten ante la llegada de la minería, la deforestación, los grupos armados, el narcotráfico y la religión. Oficialmente, Colombia tiene sólo dos pueblos en aislamiento con presencia confirmada y territorialidad identificada. Sin embargo, desde su descubrimiento y confirmación en 2010 continúan bajo amenaza.

Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas que viven cerca de los aislados han realizado grandes esfuerzos para proteger su territorio y mantenerlos alejados del contacto. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) logró que en 2023 el juzgado de Cundinamarca emitiera una medida cautelar para los yurí y los passé, con el fin de protegerlos de la creciente minería en el río Puré, en la frontera con Brasil.

Sin embargo, el avance en la protección de estos pueblos y la confirmación de otros grupos indígenas en aislamiento en la Amazonía colombiana siguen siendo lentos. Según miembros del equipo de Amazon Conservation Team (ACT), una organización que ha dedicado décadas a investigar y proteger a estos pueblos, hay indicios de otros 16 grupos en aislamiento, “pero es fundamental confirmar su existencia para garantizar su conservación y su protección”.

Para expertos y comunidades indígenas que limitan con los aislados, esta situación es una carrera contra el tiempo. Temen que se repita la historia de los nukak, quienes al salir de su aislamiento enfrentaron una serie de amenazas devastadoras. En 1988, un pequeño grupo de nukak llegó al municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare y después de ese primer acercamiento con el mundo occidental, la mitad de su población murió a principios de la década de 1990 por gripe y problemas respiratorios. Las presiones por la tierra en la que habitan, los llevó a dejar su vida nómada y concentrarse en un pequeño espacio en San José del Guaviare. La deforestación, el mercado de tierras ilegal, la ganadería, los cultivos de coca y la presencia de grupos armados no les permite retornar libremente al territorio del que fueron expulsados.

Roberto Franco, politólogo y quien era la principal autoridad en temas de pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía colombiana, fue el autor de Cariba Malo, la investigación que llevó a la confirmación de la existencia de los yurí y los passé. En su libro narró lo que hoy sigue siendo vigente: “Los indígenas aislados son un asunto que a pocos interesa, pues si acaso son percibidos como algo folclórico”. Desde su descubrimiento en 2010, el Estado colombiano no ha hecho otro reconocimiento de un pueblo en aislamiento.

Los Nukak se vieron forzados a entrar en contacto con otras poblaciones debido al conflicto armado colombiano.

La mirada internacional
En el mundo hay por lo menos 200 grupos de indígenas en aislamiento o en contacto inicial que desde hace siglos conservan sus culturas, su lengua y modos de vida en lo más profundo de la naturaleza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estos pueblos residen en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Perú y Venezuela. En la región, el país que cuenta con el menor número de pueblos aislados confirmados por el Estado es Colombia, en contraste con Perú que tiene registros de la existencia de al menos 26 pueblos indígenas y otros dos por confirmar. Brasil, con 28 pueblos confirmados y 86 por confirmar, es el país con más aislados.

La identificación, reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y su protección efectiva sigue siendo un desafío. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en 2024 se hizo un llamado para la protección y el respeto al derecho de no contacto.

La presiones y amenazas a los aislados en Colombia no son muy distintas a las de países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han sido amenazados por la exploración y explotación del petróleo en su territorio. Aunque en agosto de 2023 la ciudadanía ecuatoriana decidió en una consulta popular —con el 58.95 % de los votos— dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en el que viven las aislados Tagaeri y Taromenane, y expulsar a las empresas que operan allí, el cumplimiento no se ha hecho efectivo.

Los peligros

“Los pueblos no contactados de la Amazonía no tomaron la decisión de cortar con el resto de la humanidad de una manera voluntaria, lo hicieron obligados, hace cientos de años, por simple supervivencia”, manifestaron los voceros de ACT, que prefieren omitir sus nombres por la difícil situación de seguridad en la Amazonía, al referirse a las distintas amenazas que enfrentan estos pueblos indígenas. Huyeron de los peligros que el ‘cariba malo’ —hombre blanco— les ofreció desde su llegada a la selva.

Con el tiempo los peligros han cambiado, los indígenas ya no huyen de las caucherías, que desde 1879, y por más de 30 años, esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos. Ahora huyen de la minería ilegal, que no solo navega por los ríos que traspasan fronteras, sino que también les deja mercurio que consumen cada día sin saberlo.

Cientos de kilómetros para un control médico, discriminación por parte de los profesionales de la salud, negativa a que decidan sobre su propio cuerpo, afectación por agrotóxicos. Son hechos confirmados en una investigación del CELS, realizada durante dos años, con mujeres rurales de Argentina. El rol clave de las organizaciones campesinas para exigir el cumplimiento de derechos.

Mujeres campesinas y acceso a la salud

“Muchas mujeres resignan la propia salud por la sobrecarga en sus tareas cotidianas de sostenimiento de la vida.” La frase, que resonará en el cuerpo de toda mujer que la lea, forma parte del inicio del informe “Campesinas. Organización para la salud” elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explora el acceso a ese derecho básico por parte de las campesinas en Argentina. La investigación muestra que la desigualdad de género se ve agravada aún más cuando esas mujeres habitan en parajes y poblaciones rurales. Los resultados son concluyentes: las malas condiciones de acceso a la atención médica, la sobrecarga en las tareas de cuidado y la falta de políticas públicas hacen que no accedan al derecho a la salud.

Una de las conclusiones del estudio es que las mujeres de zonas rurales no cuentan con disponibilidad del mismo tratamiento que en zonas urbanas, sobre todo cuando se trata de acceder a métodos anticonceptivos, controles ginecológicos frecuentes, el seguimiento de un embarazo o las posibilidades de su interrupción, y adecuada atención del momento del parto y el postparto.

La investigación, a la que se puede acceder aquí, recupera testimonios de mujeres de distintas provincias del país. En ellos se revela que, en el campo, todo queda lejos y a contramano. Las largas distancias por recorrer para llegar a un lugar de atención primaria se agrava por la falta de profesionales especializados y la imposibilidad de darle continuidad a los tratamientos.

Las conversaciones en los territorios fueron clave para relevar la realidad que viven cotidianamente. Las autoras del informe, Daiana Aizenberg y Agustina Bender, explican que estuvieron con comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. También visitaron la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se ubica el cinturón hortícola platense.

Las dificultades se transitan de forma diferente y con distintas estrategias, pero en todos los casos las mujeres campesinas quedan más lejos de gozar de sus derechos. En ese contexto, mencionan las propias entrevistadas, las organizaciones campesinas son una respuesta fundamental para el ejercicio de los derechos negados por un Estado que pocas veces llega a las comunidades rurales.

Entre lo que dice el marco legal, que es un paraguas amplio, y las maneras en que esos derechos se garantizan, hay un trecho, resumen las autoras. “Los derechos están, pero poder acceder es una tortura” subraya Leti, una de las entrevistadas en Quimilí, Santiago del Estero.

Las mujeres de Quimilí deben recorrer 200 kilómetros hacia la capital de la provincia para acceder al hospital regional más cercano. Para las infancias, el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón y el Hospital de Niños son los dos establecimientos que más valoran, pero también se encuentran en la capital. El dato grafica la “tortura” que implica el lograr una atención adecuada.

La odisea para conseguir un turno

La salud depende de las condiciones estructurales de acceso. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) —recuerda el informe— esto incluye la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo, agua potable, alimentación y vivienda adecuadas”.

En las zonas rurales de Argentina, la infraestructura adecuada para facilitar la atención médica siempre queda lejos. Las distancias que deben recorrer muchas mujeres para encontrar lugares de atención impiden la consulta de control. Sólo se llega a la consulta cuando pasa algo grave. Además de los problemas y gastos que implican el traslado, la odisea no termina allí. Es habitual que los turnos no sean el mismo día. Si eso ocurre, tienen que conseguir un lugar para quedarse en la capital o, en el peor de los casos, viajar nuevamente hasta sus casas y volver en unos meses.

“Concurren a atenderse cuándo ya no pueden más del dolor. Antes que atender sus propias dolencias, les dan prioridad a los niños o a las personas adultas mayores. Resignan su propia salud, el autocuidado, por la sobrecarga de tareas.”, cuenta Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS y del relevamiento realizado. De este modo, la prevención de los problemas de salud queda absolutamente relegada.

Una de las entrevistadas (solicitó mantener anonimato), de la comunidad misionera de San Antonio, afirma: “Es tan complicado hacerse estudios médicos, que me los termino haciendo únicamente cuando estoy embarazada”. A la dificultad de las distancias, se le suma la complejidad de la logística familiar para el cuidado de su salud. Los viajes que realizan en esa provincia son de 120 a 170 kilómetros, para llegar a las ciudades de Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente. Allí se encuentra la mayoría de los hospitales de alta complejidad.

A las dificultades materiales se le suma la incomprensión. Las campesinas manifiestan sentirse, y con frecuencia, juzgadas por el personal de salud durante las consultas. En algunos casos reciben críticas sobre el tiempo que pasa entre una consulta y la siguiente, sin considerar la odisea que implica movilizarse. No faltan relatos que señalan también un fuerte cuestionamiento sobre el uso que ellas hacen de la medicina ancestral: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, dice en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Ese acceso sin equidad a la salud se profundiza aún más cuando sólo se depende de la atención pública. En las zonas en las que se depende sólo de instituciones estatales, éstas se encuentran en menor cantidad y con menos complejidad para la atención. Con la cantidad de personal médico y de enfermería ocurre lo mismo.

Según los datos publicados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (2024), aproximadamente el 32 por ciento de los establecimientos de salud del país son públicos. Sin embargo, en el NOA y en el NEA los establecimientos públicos alcanzaron proporciones que superan este promedio, con 42 por ciento y 53 por ciento respectivamente. El NEA y NOA fueron las de mayor relación de establecimientos públicos por habitantes.

Estas regiones, a su vez, tuvieron la mayor frecuencia de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), que —en algunos casos— logran achicar las distancias. Pero en la mayoría de ellos, según el relevamiento del CELS, no se cuenta con medicamentos, equipamiento ni personal médico de especialidades necesarias.

Cuerpos y vidas a la deriva

La vida sexual y reproductiva de una mujer abarca múltiples aspectos. Esos accesos inequitativos a los servicios más básicos de salud las alejan del pleno goce de sus derechos y de la posibilidad de tomar elecciones informadas sobre sus cuerpos. Lo mismo sucede con los partos y sus controles, tanto antes como luego del nacimiento.

Muchas campesinas de Santiago del Estero hacen sus controles en puestos móviles o “camioncitos de salud”. En esos casos, las distancias se achican. Pero el recorrido de estas postas móviles no siempre es constante ni frecuente. En Bernardo de Irigoyen (Misiones) y en Quimilí (Santiago del Estero), las mujeres campesinas relatan que jamás recibieron los resultados de sus estudios de papanicolau (que sirve para detectar el cáncer de cuello uterino), colposcopía (examen de cuello de útero, vagina y vulva) y mamografía, por lo que quedaron sin saber su estado de salud.

A pesar de las leyes nacionales de Parto Humanizado y de Protección Integral de las Mujeres, las campesinas relatan que los sentimientos, percepciones, experiencias y saberes sobre el propio cuerpo, muchas veces resultan ignorados durante el proceso de pre y post parto. Maltrato verbal o físico, deslegitimación, restricción de información sobre los procesos y las decisiones que pueden tomar, medicalización al momento del parto y escaso acompañamiento fueron algunos de los temas que se repitieron.

La violencia obstétrica persiste en muchas clínicas y hospitales. El 79 por ciento de la violencia obstétrica es de tipo psicológica, el 40 por ciento es física y el 14,7 por ciento de las personas que se comunicaron a la línea 144 informaron haber sufrido violencia sexual.

Los relatos ilustran esos números. “Ser mujer, marrona y campesina es un orgullo para Susana, pero en el hospital de La Plata donde se atiende son sesgos de discriminación: ‘Te ven con esa tonada de que sos de provincia y te dejan de lado’", se lee en el informe. El mismo cuenta también la historia de otra mujer, en Santiago del Estero, a quien le negaron la internación cuando comenzó su trabajo de parto. Su bebé falleció; a ella le realizaron un legrado (raspaje del útero con una cureta) y le dieron el alta. Otro caso fue el de Leonor, que pasó la noche parada en el pasillo del Hospital de La Banda (Santiago del Estero), con su hija recién nacida y luego de una episiotomía, porque faltaban camas y no había más colectivos para volver a Quimilí.

La episiotomía es un corte que se hace en el tejido entre la abertura vaginal y el ano durante el parto, y dicha práctica está cuestionada incluso por la Organización Mundial de la Salud. ”A dos de cada tres personas gestantes primerizas en nuestro país les hacen episiotomías”, denuncian desde el CELS.

Como estrategia ante lo complejo de asistir a un centro de salud cuando llegan los síntomas del parto, algunas mujeres rurales optan por cesáreas programadas. “María, vecina de Quimilí, prefiere organizar su parto de ese modo porque vive muy lejos del hospital, no tiene vehículo y se le dificulta volver a realizarse los controles; entonces una internación de varios días le resulta más conveniente. No es que no haya hospital público en Quimilí, pero derivan todos los partos a la capital provincial. La cesárea, que debería aparecer como una práctica médica extraordinaria, se impone muchas veces por la complejidad logística”, dice el informe.

Otra dificultad es el acceso a los anticonceptivos. El relevamiento cuenta que, en Misiones, Miriam decidió, ante el nacimiento de su quinto hijo, solicitar una ligadura tubaria (método anticonceptivo permanente). Su intención era aprovechar el parto para realizar la intervención. Sin embargo, en el hospital de Eldorado se la negaron sin motivo y le ofrecieron en su lugar colocarle un dispositivo intrauterino (DIU, otro método no permanente), a los dos meses. A Mónica, de Bernardo de Irigoyen, el ginecólogo le pidió la autorización de su esposo para realizarle una ligadura tubaria (pese a lo que dice la ley para estos casos). A Laura se la negaron porque “aún era joven y podía arrepentirse”.

Entre objetores y agrotóxicos

Toda mujer debe decidir sobre su cuerpo y su embarazo. En las comunidades rurales, muchas no pueden decidir por las consecuencias de los agrotóxicos que interrumpen sus embarazos. En otros casos, cuando son ellas quienes quieren ejercer el derecho a no continuar una gestación, encuentran trabas concretas que cercenan sus derechos.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, las mujeres fumigadas tienen un 75 por ciento más de posibilidades de sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación. “Fue en las asambleas donde surgió un tema que no habíamos contemplado al comienzo de la investigación: la incidencia de los agrotóxicos en los abortos involuntarios. En varios lugares, los testimonios se repetían, y eran coincidentes, además de la pérdida de embarazos referenciaban descomposturas y reacciones en la piel o problemas respiratorios relacionados con el uso de agrotóxicos”, explican desde el CELS. El informe contiene todo un capítulo específico sobre el tema.

En 2015, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia advirtió que existen vínculos documentados entre la exposición prenatal a sustancias químicas ambientales y los resultados adversos para la salud. En agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe del Centro de Derechos Reproductivos y otras organizaciones en el que señala la evidencia científica sobre las consecuencias de la exposición al glifosato y otros pesticidas.

Los impactos de los agrotóxicos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyen trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia (complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada), aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos.

Por otra parte, el aborto elegido, en las comunidades rurales, no está exento de debates que aún atraviesan el tema, pero, concretamente, la posibilidad de acceder al derecho al aborto se enfrenta de lleno con la presencia de muchísimos impedimentos, que se hacen más notorios en las provincias más conservadoras. La oposición de efectores de salud a la práctica y el número de objetores en el sector público son un obstáculo real.

En el Hospital de San Antonio (Misiones), se grafica en la investigación, el equipo de salud es objetor. “Por lo tanto, quienes opten por interrumpir su embarazo deberán desplazarse hasta Pozo Azul, una localidad a 100 kilómetros de distancia. La vigencia y cercanía de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía está atravesada por sesgos morales y religiosos que, en algunos casos, obstaculizan la apropiación de derechos conquistados. Aún así, las organizaciones sociales toman la decisión política de acompañar el plan de vida de sus integrantes”, resalta.

Sostener y tejer comunidad

En este presente de achicamiento y desmembramiento del Estado todo hace prever que el acceso a la salud integral, ya en deuda, se complique aún más. Ahí, desde siempre, están y estarán las propias mujeres acuerpándose para tejer redes. Y para seguir exigiendo que el derecho a la salud sea posible para todas, independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica. Cuidar a quienes cuidan y a quienes nos alimentan se hace urgente y necesario en un presente que pareciera olvidarse de la importancia del sostenimiento de la vida.

“Hoy nos encontramos con las provincias haciendo malabares y con el Estado nacional que se ha corrido. Sin insumos, sin medicamentos y con el desmantelamiento de programas enteros destinados a prevenir embarazos en adolescentes, por ejemplo”, explican desde la Coordinación de Agenda Feminista del CELS.

El organismo de DDHH detalla que “las organizaciones sociales funcionan como puente para llegar al primer nivel de atención a la salud. Muchas veces garantizan el plato de comida, así como dan apoyo escolar y juegos para niños y niñas. Son el telar de solidaridad y afecto en un tejido social cada vez más desintegrado”. También marca la necesidad de reconocer y fortalecer el rol de las promotoras de salud y de género y garantizar la representación de las organizaciones campesinas e indígenas en las mesas de trabajo y en los espacios de definición de las políticas públicas que afecten a sus comunidades.

Los cuidados comunitarios son estratégicos para el desarrollo de las comunidades rurales, por su inserción territorial, por las posibilidades de sostenibilidad y por la pertenencia a una trama cultural común. “Lo que vimos y escuchamos a lo largo de todas las entrevistas es que el acompañamiento de las organizaciones de la propia comunidad es clave para tratar de sortear tantos obstáculos. En algunos casos las ayudan a gestionar los turnos, pero en todos son quienes se encargan de insistir para que no se pierda esa conciencia de la necesidad del autocuidado. Algo que resulta fundamental”, afirma de la Vega.

“Una señora se nos acercó en Misiones y nos compartió un consejo que practica y comparte con otras: ‘Aunque estés tapada de trabajo, tomate unos matecitos y, aunque sea, dedicate una hora para vos’. Ese registro, ese espacio que nos damos, para pensarnos, son algunos de los aprendizajes que nos trajimos de esos encuentros. Y resultan centrales para poder conectarse”, comenta.

Esa autoconciencia, ese reconocimiento, esa conexión con el propio cuerpo, no es suficiente, pero es un primer paso necesario para escucharse. Este “parar la pelota” se da fundamentalmente a través de talleres. Pero el acompañamiento no se queda sólo ahí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), por citar un ejemplo, sostiene una red de promotoras de salud. Ellas trabajan para generar esa conciencia y juegan un rol de comunicación con el Estado que resulta clave para atender las demandas y para garantizar el acceso a tratamientos o a medicación antes escasos, hoy cada vez más lejanos.

Fuente aquí

Los estudios preliminares del Atlas de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición arrojan datos actualizados sobre el estado de las lenguas indígenas en la región: el 38,4 % de las 556 lenguas indígenas de América Latina y el Caribe se encuentran en riesgo de desaparición, aproximadamente 18 puntos porcentuales más que en 2009, cuando se publicó el último Atlas

Iberoamérica avanza en la elaboración de un nuevo Atlas Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Peligro de Desaparición, un documento clave para entender el estado de las lenguas originarias en la región y garantizar su supervivencia. La propuesta ha sido presentada este jueves, en Colombia, por el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI), uno de los 30 programas de cooperación iberoamericana promovidos por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El documento, impulsado por IIALI, junto al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe (FILAC) y SEGIB, ofrecerá informaciones actualizadas sobre el estado de las lenguas indígenas en la región respecto al último atlas disponible (2009). Según los datos revisados hasta la fecha, el 38,4 % de las 556 lenguas originarias se encuentran en riesgo y situación crítica, aproximadamente 18 puntos porcentuales más que hace 15 años. El documento destaca también que ninguna de ellas está a salvo y al menos 66 lenguas indígenas de la región cuentan con menos de 99 hablantes; en Bolivia, por ejemplo, al menos 7 lenguas de 33 tendrían menos de 10 personas de avanzada edad que las hablan, entienden o recuerdan.

Según el estudio, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la vulnerabilidad de las lenguas guarda una relación estrecha con al menos tres factores: el racismo y la discriminación en contra de las personas, sociedades y conocimiento indígena; el incumplimiento por parte del Estado de la legislación vigente (que debería proteger, fomentar y visibilizar a las lenguas indígenas); y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas.

«La actualización del Atlas Latinoamericano de las Lenguas en Peligro es necesaria para que los países, los Gobiernos, así como las organizaciones indígenas tomen decisiones adecuadas sobre el futuro de sus lenguas, las cuales conservan ese cúmulo de conocimiento que los pueblos originarios transmiten», afirma el lingüista e investigador peruano Luis Enrique López-Hurtado, encargado de coordinar la propuesta de Atlas de Lenguas Indígenas en Peligro de Silenciamiento.

El Laboratorio para las Lenguas Indígenas

Ante la crítica situación que viven las lenguas indígenas en Latinoamérica y el Caribe, el IIALI también ha presentado una propuesta de creación de un laboratorio que contribuya a la revitalización de las lenguas de los pueblos originarios.

De acuerdo con el lingüista peruano Roberto Zariquiey, el Laboratorio para la Vitalidad y el Uso de Lenguas Indígenas busca promover el intercambio entre las distintas iniciativas de revitalización lingüística que existen en la región. Además de su papel como articulador, el proyecto también es concebido como un espacio de experimentación, formación e investigación, que permita retroalimentar el Atlas de las Lenguas Indígenas en Peligro de forma constante e interactiva.

«La buena noticia es que, desde el último atlas de 2009, las iniciativas de revitalización cultural y lingüística de las sociedades indígenas se vienen incrementado día a día, particularmente por la decisión de actores clave de las comunidades lingüísticas, como las mujeres y hombres jóvenes que han decidido reaprender las lenguas patrimoniales de sus familias y comunidades», agrega López Hurtado.

Sobre el IIALI

La Iniciativa Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI) fue impulsada en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Andorra en 2021, y nace con el objetivo de fomentar el uso, la conservación y el desarrollo de las lenguas indígenas habladas en América Latina y el Caribe, apoyando las sociedades indígenas y los Estados en el ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos.

IIALI, uno de los 30 programas de cooperación iberoamericanos, celebró este semana en Colombia su Consejo Intergubernamental, en el marco del cual Bolivia traspasó la presidencia de la iniciativa a Colombia.

La creación de la IIALI constituye una contribución plena al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) y pone al conjunto de Iberoamérica en el desarrollo de acciones regionales concretas, en una muestra de un trabajo constructivo y colectivo entre gobiernos y pueblos indígenas.

«El instituto dedica sus esfuerzos a reducir la pérdida de tradiciones y culturas, especialmente en un contexto de globalización y triple crisis planetaria. La extinción de lenguas ancestrales representa un grave riesgo para la transmisión intergeneracional del conocimiento de los Pueblos Indígenas, quienes han demostrado una gran resiliencia frente a los desafíos actuales gracias a dichos sistemas», apunta la coordinadora del programa de Juventudes y Mujeres de la FILAC, Dali Ángel.

El especialista del Área de Cohesión Social de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Jorge Luis Díaz Scharff, reafirma el apoyo de la SEGIB a las «acciones que contribuyen al sostenimiento y revitalización de las lenguas indígenas, dinamizando la tradicional transmisión intergeneracional de las mismas y el desarrollo de políticas para su uso público».

Fuente aquí

En el Chaco salteño se encuentra una comunidad Wichi denominada "La Emboscada". En el caserío donde viven 20 familias arman una biblioteca con paredes de barro y madera. La historia de una comunidad que sueña con poder brindarle más de educación y cuidado a los niños.

"Ausencia de libros, no es ausencia de sueños", es la última entrega del informe del equipo de El Doce integrado por Luchi Ybañez y Keko Enrique que viajó al chaco salteño a documentar las dramáticas experiencias y la forma de supervivencia que atraviesan a estas personas.


En el Impenetrable, los habitantes de la comunidad Wichi "La Emboscada" están llevando adelante un sueño: hacer un espacio de biblioteca y escuela con paredes de barro y techos de lona. "Quiero ayudar a los chicos, que no abandonen el estudio y salgan adelante".
En el campamento donde residen hay un rancho de madera y chapa que resguarda con un candado los pocos libros que tiene la comunidad, están todos amontonados en cajas y cubiertos de polvo. Cuando hay viento se les vuela el techo y eso arruina los libros.

"Tenemos un quincho con techo de nylon y la idea es armarlo como un espacio de estudio. Ya contamos con el pizarrón y algunos estantes. Entre todos nosotros nos ayudamos a mejorarla", agregó Marcia.


Los niños no cuentan con la base de la educación tradicional a la cual puede acceder el resto de la población argentina, debido a la distancia en la que se encuentra esta comunidad. Solo pueden completar el nivel inicial (jardín) y no mucho más. La idea de este espacio es que el aprendizaje no tenga un freno obligado. Marcia Benito cuenta con entusiasmo que esta iniciativa les llena el corazón. Ella no es maestra pero se predispone a enseñar a los niños y siente que lo hace con vocación.

La comunidad Wichi de La Emboscada está construyendo el proyecto de armar la biblioteca con sus propias manos. Entre tantas necesidades, ahora los niños podrán tener otra opción, otro camino.

"Ahora hay que salir adelante. Los chicos suelen trabajar en puestos, hacen changas, despues se van a cosechar tomates y dejan de estudiar. Por eso los apoyamos para que puedan hacerlo".

Fuente aquí

En total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son campesinas, 1.358 de comunidades negras, 21.468 de resguardos indígenas y 473 de restitución

En el marco del Día Internacional de la Mujer el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, ratificó la apuesta de la entidad para empoderar a la mujer en los territorios.

De acuerdo con cifras oficiales, en siete meses del Gobierno nacional se han formalizado más de 1,4 millones de hectáreas en el país, de las cuales 1.015.000 corresponden a predios rurales y 396.000 a zonas de reserva campesina, como la de Sumapaz, en Bogotá, y la de Guayabero en el departamento del Meta.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, ratificó la apuesta de la entidad para empoderar a la mujer en los territorios.

“Durante los siete primeros meses del Gobierno del Cambio se han entregado títulos por más de 1,4 millones de hectáreas de tierra, de los cuales el 50% ha sido para mujeres porque ellas no solo han sido las principales afectadas de la violencia en el país, sino que son fundamentales para la construcción de la paz, la conservación del territorio y tejido social”, dijo el funcionario.
Las declaraciones de Vega Medina se hicieron en la entrega de la tercera versión del premio Mujer Transformadora de Colombia Rural, que con 98 postuladas, tuvo el récord para este reconocimiento que nació en 2020 para destacar a todas aquellas mujeres beneficiarias de los diferentes programas de entidad y han aportado al crecimiento y desarrollo rural del campo colombiano.

En ese sentido, en total 28.868 mujeres han sido beneficiadas, de las cuales 5.677 son campesinas, 1.358 de comunidades negras, 21.468 de resguardos indígenas y 473 de restitución, en el marco de la reforma rural.

Al respecto, Vega agregó que dicha tierra ha sido comprada, en su mayoría, a terceros, teniendo en cuenta que se viene “trabajando donde la tierra sea más fértil. Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”.

Sobre la meta del Gobierno de Gustavo Petro para la entrega de tierras en la zonas rural del país, el director de la ANT sostuvo que: “Pretendemos hacer una entrega de 3 millones de hectáreas en estos 4 años”.

Durante la entrega del premio Mujer Transformadora de Colombia Rural, que se realizó en La Plata (Huila), Eveniz Rodríguez Meneses, del Cauca, fue la ganadora en la categoría Mujer Constructora de Paz, mientras que Yamileth Ospina Hernández, de Tolima resultó ganadora de la categoría Mujer Conservadora del Territorio. Ambas recibieron un reconocimiento y la participación en el encuentro Internacional de Mujer Rural, en España, donde darán a conocer sus experiencias.

Yamileth Ospina Hernández, una de las ganadoras, dijo luego de la ceremonia:

“Estoy muy contenta con este premio, que reconoce el trabajo de mi comunidad por la conservación del territorio en mi municipio. Allí tenemos un proyecto de ganadería en los predios que nos fueron titulados, pero también de piscicultura y reforestación para proteger el medioambiente”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 que realizó el Dane, en las zonas rurales de Colombia, se ubicó el 24,2% de la población del país, es decir, 11.969.822 personas: el 48,13% de la población rural son mujeres (5.760.524 personas) y el 51,87% son hombres (6.209.298).

En el informe se destaca que el mercado laboral en las zonas rurales es desfavorable para las mujeres; ellas enfrentan tasas de ocupación más bajas y tasas de desempleo más altas, en comparación con las de los hombres.

Con respecto a la educación, entre las mujeres de zonas urbanas y las de zonas rurales se observan grandes disparidades, como lo son saber leer y escribir, participación y acceso a la educación, entre otras.

Fuente aquí