El 29 de septiembre, cerca de 1.500 indígenas de 13 pueblos originarios desplazados a Bogotá por el conflicto armado, se asentaron en esta zona verde para exigir al Gobierno políticas públicas que les garanticen la vivienda y otros servicios básicos. Este jueves, 23 días de manifestación después, la decisión de desalojo fue avalada por el inspector de la Policía Javier Orozco, quien otorgó a la Alcaldía un plazo de 48 horas para hacer la caracterización de estas comunidades y, además, pidió usar “la menor cantidad de fuerza posible”.
El proceso de caracterización y catastro empezó la mañana del viernes mediante un equipo de la Administración pública en terreno aunque, según varios líderes comunitarios consultados, con inconvenientes lingüísticos, ya que muchos de los integrantes de la protesta no hablan español. Jairo Montáñez, líder y defensor de los Derechos Humanos del Pueblo wayuu es muy crítico: “El proceso presenta muchas irregularidades. No es legítimo ni real, esto es una estrategia más para legitimar la intervención violenta para recuperar el espacio público. Es inconcebible que la dignidad humana esté por debajo de eso”.
Fruto del frío, 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI y tres embarazadas están hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes.
Los indígenas en protesta son desplazados por el conflicto armado interno y llegaron a Bogotá –algunos hace años, otros apenas hace unos meses– desde diferentes departamentos. Aquí se instalaron con subsidios del Distrito que finalizaron el 30 de septiembre. Ahora, reclaman garantías y viviendas dignas que les “devuelvan sus derechos”. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, informó mediante un comunicado a los medios que, “por ley, no se pueden extender las ayudas”: “Los subsidios de arrendamiento solidario y los apoyos a las víctimas de conflicto armado tienen un término de un año. La ley impide que este tipo de apoyo se dé de manera indefinida”. Sin embargo, animó a que estas reivindicaciones escalaran a ámbito nacional. “La unidad nacional de víctimas sí puede entrar en otro proceso de reparación. Estamos a la espera de que, ojalá, sea muy pronto”.
La Alcaldía de Bogotá ha destinado 1.895 millones de pesos (aproximadamente 430.000 euros) desde marzo de 2020 para atender a los pueblos indígenas a través del pago de alquileres y bonos de alimentación. “La solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera inmediata”, indicó la institución el martes en un comunicado.
No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos
“¿Para dónde me voy?”, se pregunta Damari Teresa Eva Valencia, de 27 años, desde la caseta en la que vive con sus tres hijas de diez, ocho y cuatro años, desde hace dos semanas. “Me fui del Chocó porque me amenazaron de muerte y vivo acá, en el barrio de Santa Rosa, desde hace cuatro meses. Hace dos que no recibo ayudas. No tengo de qué vivir y soy madre soltera”, cuenta mientras ellas rebuscan juguetes entre las mochilas que trajeron. Desde que dejaron de subvencionar la vivienda, el casero echó a su familia a la calle y se instalaron aquí, según manifiesta. “Solo me dejaron guardar el colchón”. Rosmira Campo Murillo, indígena embera de 32 años, criticala falta de “voluntad política y compromiso”: “Solo queremos un techo para vivir tranquilos. Ellos se comprometieron. No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos”.
Tanto Valencia, como el resto de indígenas, exigen una mesa de diálogo con la Administración y la presencia en el Parque Nacional de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien insistió el miércoles en que se trasladasen al Parque de Florida: ”Es un albergue con techo seguro, alimentación y puesto de salud. Para los líderes como Montáñez, mudarse no es una opción: “aún estando ante este inclemente frío tenemos más garantías acá”.
Las condiciones en las que han habitado casi 1.500 personas (de las cuales, la mitad eran niños) han sido muy precarias. Hacinados en casetas de lonas de plástico negro y sin casi abrigo ni mantas han aguantado lluvias y granizos. Los pequeños corretean descalzos y sucios entre el humo de las hogueras de leñas en las que las familias cocinan los ingredientes que han ido dejando decenas de donantes. Fruto del frío, al menos 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI (uno de ellos sigue crítico) y tres embarazadas hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes. “Sentimos que para el Gobierno somos basura”, dice Campo.
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