Hace mucho tiempo, Cortázar redactó este párrafo: “Escribo estas líneas para aquellos que sólo conocen Nicaragua a través de la prensa; simples bosquejos, deseo de agregar a esa información algo que la acerque un poco más al aire que se respira en el país, a lo que la gente dice y hace en su vida cotidiana. Bocetos, más que fotografías: un poco como querer darle mis ojos al lector para que también se eche a andar por sus calles y caminos, y asista lo más directamente posible a algo de lo que allí está ocurriendo”.
Julio Cortázar, 1984

Una tarde de noviembre pasado Felipe Pérez Gamboa, de 24 años, estaba con su hermano Imer en una parcela de siembra dentro de los límites territoriales de su comunidad, cuando un grupo de colonos bajó desde una montaña vecina y empezó a dispararles.
Pérez Gamboa fue el cuarto indígena muerto en medio de conflictos territoriales en lo que iba del año que registra el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).

El asesinato se conoce por los testimonios que pobladores de Esperanza Río Wawa dieron a representantes de Cejudhcan en su más reciente gira de campo.
El informe detalla que Felipe Pérez Gamboa recibió una bala, cayó y murió al instante. Este fue el relato su hermano, quien huyó ileso del ataque y dio aviso a las autoridades comunales.
Al día siguiente, un grupo de pobladores de Esperanza y Santa Clara se adentraron en la montaña para rescatar el cadáver de Felipe. En una hamaca lo trasladaron hacia Esperanza, donde la comunidad realizó el funeral.

Gobierno no acata medidas

Miembros del Cejudhcan visitaron las doce comunidades indígenas que tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las denuncias de violencia en la zona, y registraron tres ataques en los últimos meses, todos involucran armas de fuego y notas de amenaza a las comunidades que se nieguen a ceder terrenos para ocupación y explotación de terceros.
El Gobierno de Nicaragua, en sus informes, ha responsabilizado de la violencia a los indígenas y ha criminalizado a los organismos de derechos humanos.

Policía y Ejército indiferentes
La Policía solo hace vistas esporádicas o rondines en los centros comunitarios. Fue por la insistencia de los pobladores de Esperanza que se movilizaron hasta la escena del crimen para tomar registro de lo sucedido.
Ni en los tres asesinatos anteriores, ni en el reciente asesinato de Pérez Gamboa la Policía o el Ejército han dado seguimiento a los casos o brindado información a las familias de las víctimas.
“El Ejército se mueve cuando desaparece una vaca, pero no se puede mover cuando los indígenas desaparecen”, denuncian desde el organismo. Eso es indignante para nuestro pueblo. ¿Entonces valemos menos que una vaca?” dijo Lottie Cunningham, directora del Cejudhcan. En este sentido, se hace referencia a los casos en que productores de la zona de río Coco denuncian abigeato y luego los medios oficialistas reportan, como gran logro del Ejército, la recuperación del ganado.
Es en las parcelas, los bosques y las montañas donde se necesita vigilancia y resguardo del Ejército, órgano encargado de garantizar la seguridad a las seis comunidades de las doce en conflicto directo, que gozan de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Hay impunidad y frialdad por parte del Estado de Nicaragua con la situación de nuestros indígenas. Es una situación de violencia que se ha agudizado desde el año 2013. Hablamos de intimidación, secuestros, violaciones, asesinatos a vista y paciencia de un gobierno que actúa con frialdad ante el sufrimiento del pueblo indígena de la Costa Caribe”, expone Cunningham.

Cejudhcan.es una Organización no gubernamental, sin fines de lucro, apolítica, de carácter humanitario, integrada por profesionales Indígenas, dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos con enfoque sobre los Derechos Colectivos y Territoriales de los Pueblos Indígenas/ Afrodescendientes de la Costa Atlántica de Nicaragua. Como objetivo, se busca que los pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua tengan acceso a la justicia para la defensa de sus Derechos Territoriales de acuerdo a sus Derechos Consuetudinarios para tener una justicia social y ambiental con enfoque de género. La Visión de esta entidad es facilitar y contribuir al desarrollo de las capacidades de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de la costa atlántica, para fomentar acciones que favorezcan la equidad de género, la defensa de sus Derechos Territoriales y mayor toma de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional.

Fuente aqui