Desde los 16 años, Josefa Pérez ha trabajado en casas particulares de la Ciudad de Guatemala para mantener a su familia. En cuarenta años de vida dedicados al servicio doméstico, esta mujer maya k’iché, originaria de la aldea Canel, Quezaltenango, ha pasado por todas las situaciones posibles: sueldos miserables, mala comida, cuartos insalubres, insultos racistas, reclamos, despidos, y hasta un intento de violación por parte del nieto de una de sus empleadoras.

También ha conocido experiencias buenas, familias o personas para quienes le dio gusto trabajar. Una regla, dice, la ha guiado: “donde me tratan bien me quedo, donde no, me voy y busco otro trabajo”. Pero basta con que cuente parte de su vida para entender que esa regla no siempre se puede aplicar. Muchas veces ha callado y aguantado maltratos pensando en el dinero que tiene que mes a mes tiene mandar a su aldea natal.

—A veces, uno se pone a pensar: si hay tantos ladrones puede ser por lo mal que lo tratan a uno. Tal vez ir a robar es más fácil que aguantar la humillación que uno sufre en casas. Es duro. Una trabaja, piensa en sus hijos, en qué estarán haciendo. Cuando empiezan a estudiar, uno no puede ayudar con las tareas. Mi pequeño, con dos años y medio lo dejé, y solo podía volver cuatro o cinco días cada cuatro meses, reflexiona esta migrante interna que tuvo que dejar a sus dos hijos al cuidado de la abuela para poder mantenerlos.

Para Maritza Velásquez, directora de la asociación de trabajadoras del hogar, a domicilio y de maquila (Atrahdom), “el trabajo doméstico es una de las ramas más vulnerables. Es una forma de esclavitud moderna”.

Es, en efecto, un sector en el cual, todas las normas laborales que pretenden convertir el trabajo en una institución moderna, se han topado con un sistema paralelo de servidumbre que atraviesa todas las clases sociales.

Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2016 muestran que, en promedio, las trabajadoras domésticas ganan Q831, es decir, el 27% del salario mínimo de ley, US$107 por trabajar un mes entero. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 recuerda que el 98.9% de las trabajadoras del hogar carecen de contrato laboral. El 13% de las trabajadoras del hogar son menores de edad. Es decir, en Guatemala, hay más de 40 mil niñas y adolescentes trabajando en casas ajenas.

Esta situación debería inundar el Ministerio de Trabajo con denuncias por violación a todas las normas laborales. No es el caso. Datos obtenidos mediante la ley de acceso a la información muestran que, entre 2015 y 2019, el Ministerio recibió a penas 720 denuncias por parte de 727 trabajadoras domésticas, sector que emplea a 240 000 mujeres. Estas denuncias corresponden al 0.6% de las denuncias recibidas por el Ministerio, cuando las trabajadoras domésticas constituyen el 3.9% de los trabajadores en Guatemala.

Para el abogado laboralista Alejandro Argueta, ese bajo número de denuncias se explica por el bajo nivel educativo de unas trabajadoras y por el miedo que aún define a la sociedad guatemalteca. La ineficiencia y corrupción de las instituciones, agrega, también alejan a las trabajadoras del hogar.

La directora Maritza Velásquez complementa:

—Ellas no denuncian. Hay veces en que el empleador las ha amenazado. Les dice que él tiene amigos, poder. Ellas creen que si ponen denuncia ya no van a encontrar trabajo en otro lado.

En ocasiones, ante una denuncia de su empleada, los patronos responden denunciándola a ella, generalmente por robo. Con lo cual, cualquier intento de hacer valer sus derechos o buscar justicia, se pone rápidamente cuesta arriba.

Fidelia Castellanos, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Doméstica, Similares y A Cuenta Propia (Sitradomsa), explica que ellas ayudan a las trabajadoras del hogar a plantear las denuncias ante el Ministerio de Trabajo. El caso más común es que, al ser despedidas, o al renunciar a su trabajo, el empleador no les paga el pasivo laboral al que tienen derecho. A partir de la declaración de la trabajadora, el inspector de trabajo hace el cálculo del dinero que se le debe en base al salario mínimo, las vacaciones, aguinaldo, horas extra, y luego convoca al empleador a una reunión de conciliación con la empleada.

En teoría, en esta reunión, las dos partes deben negociar el monto de la prestación en base al cálculo del auditor, y, tras ponerse de acuerdo, saldar cuentas. Pero en la práctica, y aunque Sitradomsa ha logrado 30 conciliaciones en cuatro años desde 2015, este sistema raras veces funciona.

De las 720 denuncias recibidas en cuatro años por el Ministerio de Trabajo, sólo se resolvieron 176 de manera conciliada, el 24% de los casos. Los casos en que o no se llegó a un acuerdo, o en que una de las partes no acudió a la citación, o en que la trabajadora “no siguió la denuncia” son más numerosos (246 casos, 34%). Otro tercio de los casos, incluso los que fueron interpuestos en 2015, siguen “en trámite”.

Si el Ministerio de Trabajo no logra resolver un reclamo laboral, la trabajadora debería acudir al Ministerio Público a poner una denuncia formal. Pero esto raramente sucede. Según la secretaria general Fidelia Castellanos, “las compañeras se resisten a ir a denunciar porque a veces los casos se alargan. Ellas tienen que trabajar, buscan un trabajo nuevo, y en ese nuevo ya no les dan permiso de acudir a las audiencias”.

Es por esta razón que el sindicato, durante las conciliaciones con los empleadores, recomienda a la empleada sacrificar una parte de su pasivo por no alargar un proceso judicial eterno al que, probablemente, no podrán dar seguimiento.

El peso de la colonia: ¿Usted es indígena?

—‘¿Usted, como mujer indígena, cree que los maltratos que ha sufrido tienen que ver con racismo?’, me preguntó una vez una patrona—, recuerda Josefa Pérez.

—Bien (sí), uno lo siente. A veces a una le dicen así: ‘como usted es una india’. ¿Y usted qué es?, me preguntaba. Sabe que todos somos hijos de Dios. Dios no mira diferencias, ama a los hijos sean como sean. A una la discriminan por el traje. Muchas veces me han dicho ‘¿por qué no se quita el traje, se pone pantalón, usa vestido, se corta el pelo?’. Yo digo, me siento bien con mi traje. ¿Por qué me lo voy a quitar si nos sentimos orgullosos del traje que es nuestro?

El 60% de las trabajadoras del hogar en Guatemala son indígenas. Esto lleva, según la antropóloga Aura Cumes, quien escribió su tesis de doctorado sobre el trabajo doméstico, a que en el imaginario de la población se haya arraigado una homología: “las mujeres indígenas son sirvientas y las sirvientas son indígenas”. Esto es una herencia más de la Colonia. “Durante la Colonia es cuando nos convertimos en sirvientas. Es la colonización la que pone a las blancas en la condición de patronas y a las indígenas en la de servidumbre,” explica Cumes, quien es maya kakchiquel.

Las trabajadoras domésticas mayas, migrantes internas, son blanco de burla y discriminación racial. Para la antropóloga Cumes, el racismo atávico de la sociedad guatemalteco tiene múltiples formas. Va desde los casos extremos de violencia, golpes, encierros, insultos, hasta formas más o menos conscientes de discriminación disfrazada de benevolencia.

—Existen esas patronas que, dentro de un marco maternalista, dicen cosas como ‘yo la casé, le hice su fiestecita, le di su regalito’… con esos diminutivos que muestran que no ven a la empleada como una igual.

Pero, aquí también, las denuncias por discriminación racial siguen siendo excepcionales. Según los datos facilitados por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo mediante la ley de acceso a la información, la institución solo ha recibido dos quejas por parte de trabajadoras domésticas, una 2013 y la otra en 2018. Ambas ‘siguen en investigación’ en el Ministerio Público.

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