26/10/2017 - Este miércoles se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales el undécimo Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria con la presencia de referentes de esta institución, de la FACSO y del Ministerio Público Fiscal.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó este miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales su undécimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad.
La presentación fue encabezada por la Decana de la FACSO, Lic. Gabriela Gamberini; el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García; el Defensor General del Departamento Judicial de Azul, Diego Fernández: el Titular de la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarios, Lucas Moyano; y la Coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro, Analía Umpiérrez. La coordinadora de la charla fue la Directora General de la Comisión por la Memoria, Sandra Raggio.
La Decana de la FACSO celebró la iniciativa de presentar el informe por primera vez en la Facultad de Ciencias Sociales resaltando la importancia que desde la unidad académica se le otorgan a los derechos humanos. En este sentido destacó el compromiso de la FACSO con la promoción y protección de los derechos humanos y enumeró las distintas acciones que se han desarrollado desde la unidad académica: entre ellas la participación en los juicios Monte Pelloni I y II, Programa de Educación en Contextos de Encierro, el compromiso con la temática de género y las acciones en torno a niñez y adolescencia.
El informe constata el fracaso de las políticas punitivistas que todas las gestiones han sostenido y profundizado, y que llevaron al actual colapso del sistema penal. Frente a este escenario, el organismo vuelve a reiterar en este informe la urgencia de tomar medidas que reviertan las graves violaciones a los derechos humanos; entre ellas, el reconocimiento legal de la Comisión Por la Memoria como mecanismo de prevención de la tortura, tal como lo estipula el protocolo de la ONU.
Estuvieron presentes referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, actores de la justicia, familiares víctimas de violencia institucional y público en general.
“Hace 15 años, la CPM creó el Comité contra la tortura porque entendimos que la memoria tenía que vincularse con la defensa de los derechos humanos hoy. 
Cada informe tiene ese compromiso y está construido con el trabajo en el territorio y con la voz y la verdad de las víctimas de este sistema penal”, mencionó Sandra Raggio al abrir la mesa de presentación.
Entre otros aspectos, el informe presentado da cuenta de que en diciembre de 2016 había 38.681 personas encarceladas en la Provincia; siete meses después, ese número ascendió a 41.729. Además, en las unidades penitenciarias, la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015.
A su vez, el sobre-encarcelamiento alcanzó su máxima expresión en las comisarías. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón.
El secretario de la CPM Roberto Cipriano García señaló: “El Estado repite viejos crímenes y violaciones a los derechos humanos sin ninguna repercusión para la gestión”. “La superpoblación, hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura se administran como una forma de gobierno del Servicio Penitenciario Bonaerense en las cárceles; en ese sentido, la anunciada reforma penitenciaria no dice cómo va a revertir el sobre-encarcelamiento ni cómo prevenir la tortura", concluyó Cipriano García.
La Magíster Analía Umpiérrez hizo referencia al desarrollo y experiencias en torno a la educación en contextos de encierro en el marco del programa que la FACSO desarrolla en las unidades penales del Servicio Penitenciario zona centro.
El Informe XI del sistema de la crueldad es un aporte para la necesaria transformación del sistema penal y la democratización de las fuerzas de seguridad y penitenciarias.