Día por la reivindicación de los derechos de las mujeres

06/03/2015 En 1995, se celebró en Beijing (China) la "Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer" (ONU), que reunió representaciones de 189 Estados. Los países participantes se comprometieron -en ese momento- a reducir la desigualdad de género que produce efectos devastadores para considerables sectores de la población y que afectan mayoritariamente a mujeres y niñas. El compromiso asumido implicaba la puesta en marcha de una serie de políticas públicas que pudieran terminar con las múltiples formas naturalizadas de opresión que se materializan en los cuerpos pero que tienen, sobre todo, una profunda raigambre cultural. Uno de los objetivos primordiales de la Conferencia instaba a lograr la igualdad de género y a garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas.

Asimismo, en el año 2000 se formularon los "Objetivos del Milenio", a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas firmada por 189 países. La declaración es pensada como un esfuerzo global a los efectos de erradicar la pobreza hacia el 2015; Argentina asume su compromiso con los ODM en 2003. Fue, al igual que Beijing; un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Son ocho objetivos y algunos de estos sostienen la necesidad de "promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer" (ODM 3) y además proponen "mejorar la salud materna" (ODM 5).

Optamos por tomar solamente estas dos iniciativas fundantes -para nuestro tiempo- de una era de derechos específicos. Excedería nuestras posibilidades de análisis abarcar otras declaraciones así como los cambios producidos en la totalidad de los Estados adherentes; no obstante sí podemos efectuar una mirada sobre lo regional/local para consignar los avances (o no) que han tenido estas iniciativas luego de su aceptación.

Tanto la Conferencia de Beijing como la Declaración del Milenio han provocado una serie de nuevas legislaciones, jurisprudencias y políticas públicas vinculadas a estos puntos tendientes a mejorar la condición de las mujeres y de las niñas así como también de los denominados grupos vulnerables; entre las iniciativas más destacadas, podemos mencionar un listado no exhaustivo de Leyes.

-Educación Sexual Integral (Ley 26.150),

-Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673),

-Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 26.061),

-Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Conocida como Ley de Violencia de Género Ley 26.485);

-Ley de identidad de Género (26.743)

-Anticoncepción Quirúrgica (Ley 26.130).

-Ley sobre Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares (conocida como ley sobre servicio doméstico, Ley 26.844)

-Ley de Matrimonio Igualitario (26.618).

A nivel Provincia de Buenos Aires, es imprescindible considerar las leyes sobre Violencia Familiar (12.569), Abuso Sexual Infantil (12807) y el Programa provincial de Salud Sexual y Procreación responsable (13.066). Como ejemplo, durante 2014 se llevó a cabo la capacitación docente de ESI para Nivel Secundario en toda la Provincia de Buenos Aires incluyendo Olavarría. La acción es una resultante de la articulación entre el Ministerio de Educación de Nación (Programa de Educación Sexual Integral) y la Dirección General de Cultura y Educación provincial. Su implementación apunta a efectivizar la Ley 26.150(mencionada antes) a través de la capacitación docente.

En lo que refiere a nuestra ciudad debemos recordar que en el año 2010 se sancionó la Ordenanza 3.365/10, que establecía la creación del "Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva", en el ámbito de la Secretaría de Prevención y Atención Sanitaria de la Municipalidad de 

Olavarría con fuerte incidencia de docentes/extensionistas/investigadoras de la FACSO, quienes bregaron para que pueda concretarse la iniciativa. A cinco años de su sanción, reclamamos su puesta en práctica, en el convencimiento de que la iniciativa contribuirá de manera positiva a la adquisición de derechos.

Más allá del corpus jurídico expuesto -aunque frondoso no exhaustivo- y de la efectiva adquisición de derechos, cabe mencionar que la mera sanción de leyes no basta para efectivizarlos. Es importante que las sanciones no se conviertan en enunciaciones vacías de sentido y practicidad; los derechos deben ser conquistados a diario en diversas esferas de la vida social y es importante su defensa, su ampliación y el compromiso de toda la ciudadanía. No se cancela la lucha. Y menos cuando quedan espacios legítimos por conquistar.

Sabido es que si bien ha habido mejoras considerables, impensables durante el imperio del neoliberalismo, aún es necesario saldar “la gran deuda democrática” que existe en nuestra sociedad: la despenalización del aborto. Su práctica resulta paradójicamente clandestina en democracia, en un Estado de Derecho. Las mujeres necesitamos que se sancione una ley que no criminalice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Varias razones nos animan a exigirlo dado que "las decisiones del fuero de lo íntimo y particular, vinculadas al propio cuerpo, se ven reguladas desde un dispositivo jurídico - moral que suele resultar adverso a los intereses de las mujeres." (Pérez. 2013:96). Es, entonces, un derecho negado que debe ser atendido fuera de toda vinculación religiosa, moral e ideológica. El aborto practicado en la clandestinidad constituye una de las principales causas de muerte materna. En este sentido el país no cumple con lo establecido tanto en Conferencia de Beijing como en la Declaración del Milenio antes mencionadas. Negar el aborto es negar la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo; vulnera los derechos sexuales y reproductivos e impacta sobre la salud integral de las mujeres -sobre todo las pobres- conformándose así un problema de salud pública. Los abortos mal hechos recargan costosamente ese mismo sistema.

Como se expresa claramente en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gratuito: "queremos ampliar la democracia, garantizando este derecho a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población. Una democracia verdadera debe atender nuestra salud, proteger nuestra vida y habilitar nuestras decisiones frente al dilema de un embarazo no deseado".

Celebramos fervientemente lo expresado por Daniel Gollán, el nuevo Ministro de Salud de la Nación, quien indicó que propiciará el debate sobre el aborto. Desde nuestro lugar, sostenemos que es imprescindible aportar a un debate democrático que pueda tener como faro la sanción de una legislación no punitiva y la implementación de políticas públicas que extiendan y respeten los derechos humanos de las mujeres. Sería el mejor regalo para este nuevo 8 de marzo.

*ECCyGE (Estudios de Comunicación, Cultura y Género), CheSida (Gente hablando de vih-sida), PPEM (Programa permanente de Estudios de la Mujer)- Programa y proyectos vinculados a la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales, Unicén*.