NOTA BREVE

ASISTENCIA SOCIAL Y CARIDAD: VARIACIONES DE UN SABER PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA POBLACIÓN

Laura Zapata

Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recibido 29 de agosto 2011.

Aceptado 19 de septiembe 2011.

Entre febrero y julio del año 2001 acompañé la actividad que llevaban adelante un grupo de voluntarias de Caritas en la parroquia católica San Alonso de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Unas 30 mujeres realizaban acciones de caridad dirigidas a las “familias carenciadas” o “necesitadas” de sus entornos barriales. A través de donaciones de ropa, zapatos, alimentos y muebles realizados por los feligreses de la parroquia, decían asistir la necesidad de los pobres. La “ayuda” que prestaban a los “necesitados” incluía también la administración de varios programas de asistencia social que provenían del estado nacional (Ministerio de Desarrollo Social), provincial (Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano) y municipal (Secretaría de Calidad de Vida del Municipio de General Pueyrredon). Distribuían entre las familias beneficiarias de Caritas puestos de trabajo en programas de emergencia laboral, pequeños créditos para la reparación de viviendas y alimentos provenientes de programas alimentarios como el ASOMA (Apoyo Solidario a los Mayores) y el PAU (Programa Alimentario Único).

Caritas San Alonso contaba con unas 300 familias beneficiarias en ese momento. La administración de estos programas, sin embargo, no estaba íntegramente en manos de las voluntarias. Un grupo de “asistentes sociales” provenientes de las dependencias provinciales y municipales “capacitaban” al voluntariado y “supervisaban” periódicamente su trabajo, visitando sus locales de atención, manteniendo reuniones regulares con las “directoras” de las Caritas parroquiales donde los programas eran “bajados” a la comunidad.

Mi inquietud a la hora de definir este grupo de personas como objeto de investigación fue comprender los fundamentos en que basaban la legitimidad de las acciones que desarrollaban sobre la población a la que llamaban “pobre” (Zapata 2005). Me inquietaban los saberes que sobre las familias pobres decían portar las personas que se auto-reconocían como idóneas para “asistirlas”. Esperaba encontrar, al nivel de la interacción localizada, lógicas de institución de prácticas y saberes fundamentales para la existencia de dispositivos, eventualmente gubernamentalizables, de administración de la población (Foucault 1990).

Aunque las voluntarias católicas y las asistentes sociales acordaban que su común propósito era hacer lo más eficiente posible el funcionamiento de los programas, las relaciones que mantenían entre sí eran tensas. Las voluntarias le decían a las asistentes sociales, con ironía y respeto a la vez, “las licenciadas”. Diferenciaban el trabajo de las licenciadas, a las que consideraban “políticas”, con respecto al suyo, que era el desinteresado acto de “dar sin mirar a quién”, sin obtener por ello un “beneficio” ni estar guiado por un “interés” personal. Además, me decían las voluntarias, las licenciadas no conocían de primera mano su barrio y su gente: “ellas no gastan las zapatillas recorriendo el barrio”. Aunque le adjudicaban valor a los conocimientos científicos, los títulos profesionales y los sellos con que acompañaban sus firmas, las voluntarias decían poseer una clase de saber que se oponía al de las asistentes. Esta clase de tensión no se manifestaba en actitudes abiertas de enfrentamiento. Como el papel adjudicado a mi persona durante el trabajo de campo fue el de una voluntaria en proceso de formación, las observaciones que sobre las asistentes recogí me fueron reveladas en ámbitos que reunían sólo al voluntariado. Con respecto a las licenciadas las voluntarias no expresaban ningún malestar o resistencia. En los encuentros de capacitación o en las reuniones de seguimiento de los programas las mujeres católicas escuchaban en silencio las indicaciones de las licenciadas. Más tarde, cuando las profesionales se retiraban de los salones de Caritas o regresábamos a nuestras casas, las voluntarias compartían sus evaluaciones y críticas.

Las licenciadas, por su parte, consideraban el trabajo que realizaban en sus barrios las voluntarias como rudimentario, irreflexivo, falto de método e intuitivo. Las profesionales me explicaban que las mujeres católicas estaban recibiendo un “recurso estatal” y, por lo tanto, tenían que “dar cuenta de él”, “manejarlo con prolijidad”, “administrarlo racionalmente”. Era necesario que las voluntarias aprendieran a adoptar una mirada distanciada pero totalizadora con respecto a la “situación social” de los beneficiarios de los programas. En lugar de esos cuadernos viejos con listas de nombres que se reiteraban desorganizada y crónicamente y de la práctica indiscriminada de la caridad basada en la bondad ingenua de las mujeres, las asistentes sociales introducían “planillas”, “perfiles de beneficiarios”; “bases de datos”. Las licenciadas decían “bajarle” al voluntariado “herramientas técnicas” con objeto de racionalizar la lógica de acción de las mujeres y con ello elevar los “niveles de eficacia y eficiencia” en el manejo de los recursos estatales orientados a la asistencia social de los necesitados.

Los sutiles enfrentamientos que estos dos grupos de mujeres mantenían entre sí en lugar de señalar una oposición fundamental que definiría lógicas de acción y saberes contrapuestos, revelan variaciones de un saber, históricamente gestado y culturalmente signado, para la administración de la población (Sousa Lima 2002). Aunque en materia de políticas de estado la década de 1990 en Argentina, y en varios países de la región latinoamericana, aparece como singularmente afectada por las reformas estructurales del estado (ajuste fiscal, aumento de la desocupación, privatización y descentralización de las políticas sociales), el problema que estoy proponiendo aquí no se halla determinado por aquella coyuntura “neoliberal”. Para comprender las tensiones que vivían estos grupos de mujeres, asistentes y voluntarias, cuando administraban un programa de asistencia social es preciso considerarlas como herederas y protagonistas de un proceso de institución de una tradición de conocimiento para la administración de poblaciones; productoras y actualizadoras de una clase de conocimiento que es preciso desarrollar para intervenir sobre la población; protagonistas de las luchas que se han librado durante el siglos XX en Argentina para gubernamentalizar, estabilizando y profesionalizando, esos saberes. La tensión gubernabilizante del saber que se desprende del contacto directo y de la “asistencia” (sanitaria, alimentaria, laboral, educativa, etc.) de la población pobre, explica la variación que presenta la tradición de conocimiento asociada a tal contacto caritativo o asistencialista (Barth 1993).

Voy a tratar de ser más clara. Las prácticas caritativas femeninas, ligadas al ideario católico, suelen ser conceptuadas como una fase “pre-moderna” y “pre-científica” de la “Asistencia Social”. La profesión y el saber racionalizado a ella asociada habrían ido lentamente surgiendo, no sin enfrentamientos y resistencias, de la rémora beneficente entre la tercera y cuarta década del siglo XX (Ayalón 1980, 1989; Grassi 1989). Pero la “Asistencia Social” al mismo tiempo que fue definiéndose como una materia social objeto de intervención experta, supuso la creación de dominios, por medio de la institucionalización de direcciones, secretarías, ministerios y legislación, sobre los cuales reclamaba legítima acción monopolizante el estado argentino y sus funcionarios. De ahí que buena parte de la agenda disciplinar se halle abocada a pensar el problema de la dependencia de esta profesión con respecto a un régimen político, como es el estado de bienestar, que le imposibilita al Trabajo Social la definición autónoma de un objeto de reflexión e intervención (Aquín 1999; Tonon 2002).

Fue el gobierno peronista el que estatizó, en 1947, a la centenaria y poderosa Sociedad de Beneficencia. Basada en los ideales cristianos de la caridad, esta Sociedad se ocupó de los pobres argentinos por más de un siglo. En abierta oposición a la beneficencia, el peronismo, entre 1946 y 1955, colaboró en la consolidación del “Estado de Bienestar”, institucionalizó y profesionalizó un modelo de “ayuda” estatal dirigida a los pobres: la asistencia social. El Estado institucionalizó a través de la reforma de la Constitución, en 1949, nuevas reivindicaciones en materia social. Produjo un cuerpo jurídico sin precedentes en materia de legislación laboral y previsión social. Concentró y unificó en su esfera burocrática las entidades ocupadas de la “Asistencia Pública”, “Administración Sanitaria”, “Departamento Nacional de Higiene”, y las instituciones de asistencia de la disuelta Sociedad de Beneficencia de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo el Estado creó la Dirección Nacional de Asistencia Social, encuadrada dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión y la Secretaría de Salud Pública (Torrado 1992; Passanante 1987:125-135).

No es sorprendente que esta historia, de carácter lineal, presente al estado de bienestar como la superación ideológica e histórica de la “irregular, irracional, asistemática” beneficencia femenina (Recalde 1991; Lo Vuolo y Barbeito, 1998; Passanante 1987; Tenti-Fanfani 1989; Moreno 2010). Sólo que la participación masiva de 25 mil voluntarias en los programas de asistencia social a fines de la década de 1990 en Argentina, niega esa historia hecha de fases que en un movimiento progresivo se superan unas a otras. No alcanza con calificar, como hacen algunos autores, de “neo-beneficencia” (Isuani 1992) a esa estrategia estatal de intervención que, en lugar de recurrir a las profesionales que creó para intervenir sobre segmentos específicos de la población, entrega planes laborales y alimentarios a las manos del voluntariado católico. La administración de programas de asistencia supone la capacidad de intervenir en la definición de los grupos sociales pasibles de ser asistidos por medio de recursos estatales (Zapata, 2005: 77 y ss). Los programas revelan aspectos de un trabajo de construcción de grupos sociales, para nuestro caso los pobres, que se hacen inteligibles y eventualmente gobernables para la administración a través de la asistencia que reciben. Estas prácticas, y los saberes que de ellas se desprenden, definen una soberanía que puede o no ser transformada en principio de  gobierno (estatal).

El voluntariado masivamente integrado a la ejecución de políticas sociales pone en tensión el monopolio laicizado y racionalizado que sobre la intervención en la población pobre reclama la profesión de asistente social. Por eso las licenciadas “supervisan” y “capacitan” en su labor a las mujeres católicas. Pese a desdeñar, en parte, sus métodos y motivaciones, las asistentes sociales ven en el voluntariado una fuente de conocimientos y procedimientos que sus teorías, métodos y técnicas no les permiten desarrollar. Las escuchan con atención cuando en tono de chisme las mujeres católicas rezan biografías detalladas de amplios sectores de la población. Los enfrentamientos que ambas mujeres experimentan en sus actividades conjuntas revelan, no obstante, que ambas constituyen modulaciones de un saber lentamente desarrollado sobre la población pobre, y que ante coyunturas críticas, como fue la crisis política, económica y social que vivió el estado y la sociedad argentina en la década de 1990, los saberes estatizados y burocratizados y aquellos que han resistido la gubernamentalización estatal, son útiles para sustentar acciones de intervención capilares sobre determinados segmentos de la población.

Por medio del análisis de las ideas y valores asociados a dos lógicas de acción diferentes, la asistencia social y la caridad, aquí he mostrado que es preciso pensar al estado no sólo como un proceso social históricamente situado, sino, además, como un proceso ideológico (Sousa lima 2002) . Tal alternativa permite poner nuestra atención en la producción de saberes y poderes no necesariamente delimitados bajo la esfera de la acción burocrática. Hace avidente que es preciso pensar las lógicas de formación de cuadros burocráticos y agentes sociales aptos para manipular, transformar y/o reproducir tales saberes. En lugar de analizar, desde una perspectiva normativa, si los programas sociales de asistencia cumplen o no sus objetivos, la comprensión de su operatoria práctica, desde la perspectiva de quienes los ejecutan (licenciadas y voluntarias), permite que nos adentremos en los procesos performativos de producción de instrumentos de creación y gobierno de poblaciones específicas.

BIBLIOGRAFÍA

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