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VIÑETAS HACIA EL JUICIO DE MONTE PELLONI

Foto Agencia Comunica

FACSO-UNICEN

Matías Manuele

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP 

recibido 31/08/2014

aceptado 18/09/2014


RESUMEN

El texto recupera algunas dimensiones de acercamiento al juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de Monte Peloni, Olavarría. El objetivo es presentar algunos elementos del proceso a fin de provocar una reflexión sobre estas causas, los delitos cometidos, las responsabilidades y los modos de construcción de la memoria.

PALBARAS CLAVES: derechos humanos; juicio Monte Peloni; causa; sitios de memoria; represores

ABSTRACT

The text reviews some dimensions of approach to trial for crimes against humanity committed in a clandestine detention center of Monte Peloni, Olavarría. The aim is to present some elements of the process in order to provoke reflection on these cases, the crimes committed over the responsibilities and modes of construction of memory.

PALBARAS KEY: human rights; Monte Peloni trial; causes; sites of memory; repressors

I.- INTRODUCCION

Las viñetas que aquí presentamos no tienen el carácter de notas de investigación empírica ni de difusión institucional. Más bien se trata de reflexiones producto de una experiencia de 9 años[1] de trabajo en torno a la causa que hoy llega a debate oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención del Monte Peloni.

En este sentido, las afirmaciones que hago no tienen pretensión de verdad ni son posiciones de las instituciones en las que me desempeño. Son, mejor, hilvanes de sentido que buscan enredarse en el debate con otros sentidos, ya sea de los actores del proceso histórico, de la comunidad científica o de la sociedad local, a los fines de reconstruir la trama de pensamiento que habilite una verdadera reflexibilidad en el proceso de construcción de la memoria.

Hemos elegido tres elementos para reflexionar en esta ocasión: la causa 30.615, el CCD / Espacio de Memoria de Monte Peloni, y la figura de los represores. Deliberadamente omitimos hablar de los hechos, y más aún de los detenidos desaparecidos. Nadie debería tomar la palabra por ellos, para eso están ahí, en la Mutual de la Memoria, en la Multisectorial, en el bar, en sus casas, en los barrios. Contando interminablemente la historia, esperando una sociedad que sea capaz de escucharlos. Para saber de los hechos, pregúntenle a ellos.

 

LA CAUSA 30.615

I.- El “Juicio de Monte Peloni”, como se conoce al debate donde se juzgarán “algunas” de las  responsabilidades en relación a “algunos” de los delitos de lesa humanidades ocurridos en dicho Centro Clandestino de Detención, es un desprendimiento de una causa mucho más grande que se instruye en el Juzgado Federal de Azul bajo el número 30615, caratulada “Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires/Su denuncia”. Esta causa investiga los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado en las localidades de Azul, Tandil, Olavarría, Las Flores y Cacharí entre 1976 y 1983.

Es importante no perder de vista este marco en el que se encuadra el Juicio de Monte Peloni por dos razones: una judicial (búsqueda de los responsables) y otra reparatoria (búsqueda de la verdad histórica/reconstrucción de la memoria). 

II.- En términos jurídicos, sabemos de la importancia del juicio. Se sientan en el banquillo de los acusados cuatro de los máximos responsables de la represión en el área de Olavarría: el entonces Teniente Coronel Ignacio Aníbal Verdura, jefe hasta octubre del 1977 del Área 124 de la zonificación militar para la “lucha antisubversiva” con asiento en el Regimiento de Caballería de Tanques 2; el ex Capitán Walter Jorge Grosse, oficial de inteligencia en 1977; Horacio Rubén Leites, jefe del Escuadrón “A” de Regimiento; y Omar Antonio Ferreyra, entonces sargento y miembro del Grupo de Operaciones del Escuadrón Comando, y hasta el 2007 Director de Control Urbano del Municipio de Olavarría,.

Decía, los juicios son importantes, pero son los juicios que tenemos no los que queremos. En el camino murió impune el Coronel Retirado Juan Carlos Castignani, quien con el grado de Mayor era el segundo de Ignacio Verdura. Para una etapa posterior quedaron también los responsables más inmediatos de la represión: los esbirros de Verdura en Monte Peloni: el suboficial mayor (R) Raúl Ángel Córdoba, el suboficial mayor (R) Alberto Santiago Padilla y el suboficial principal (R) Carlos Alberto Muñoz; el coronel (R) Julio Alberto Tommasi, jefe del Área de Defensa 121, con asiento en Tandil; los miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comisario mayor (R) Alberto Argentino Balquinta, el sargento ayudante Carlos Rubén Bruno, el suboficial principal (R) Juan Carlos Gurrieri, el comisario mayor (R) Antonio Neuwirth (otro que murió impune), el comisario inspector (R) Julio Sáenz Saralegui, el comisario mayor (R) Martín Schenone, el comisario (R) Néstor Julio Jorge, el comisario mayor (R) Alfredo José Menéndez, el comisario (R) Néstor Omar Vapore, el subcomisario (R) Roberto Pedro Turan y el subcomisario (R) Luis Alejandro Seambelar.

Contextualizando. La causa 30615 se inicia en el año 2004 con la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia e impulsada por las cuantiosas investigaciones y documentación recogida por los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. Dato que debe servir para recordar una vez más la figura de Mario Méndez, cuyo caso es materia de debate en este juicio.

Esa denuncia durmió el sueño de los justos hasta hoy. 10 años. 10 años para una instrucción que no ha generado mucha más prueba que la aportada por los organismos en su momento, y de la cual se elevan a juicio solo cuatro responsables mediatos (de al menos 18 imputados) por 16 casos (de al menos 120 legajos de prueba) de un centro clandestino (de al menos 14 centros clandestinos en la subzona).

Y alguno podrá alegar que son los tiempos (necesarios) de los procesos judiciales, la falta de recursos, las acciones dilatorias de los representantes de los represores. Y uno reconocerá dichos obstáculos. Pero también señalará que entre el 2004 y el 2006 el juzgado no acumuló nueva prueba, coincidiendo en esa fecha con la presentación en paralelo de la misma denuncia en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata, con competencia en la zona. Sumando a esta desidia la particularidad que, en estos casos, la mayoría de los detenidos ilegales de estos centros clandestinos son sobrevivientes con la firme voluntad de declarar, en contexto de amenazas, y no como en otras causas donde la posibilidad de recuperar testimonios es mucho menor (por ejemplo en Campo de Mayo que se calculan 50 sobrevivientes de casi 3000 detenidos ilegales).

Pero la impunidad no solo anida en las siestas del Juez Comparatto. La vivisección que hizo sobre la causa es central al momento de comprender, nosotros y especialmente los jueces que deberán pronunciarse, el carácter sistemático y territorial del sistema represivo.

La justicia se pronuncia sobre los hechos, casos, delitos concretos que tienen nombre, apellido, fecha y lugar. Pero la lógica dentro de la cual se insertan estos hechos, lógica clandestina, estatal, sistemática, es parte esencial de los mismos. Es imposible explicar (y en este caso juzgar) las responsabilidades sobre el CCD Monte Peloni sin comprender la trama de relaciones entre el Regimiento de Tanques, la Comisaría de Olavarría, la Brigada de Las Flores, la Brigada Aérea de Tandil, asiento de la jefatura de la subzona, la Brigada de Investigación de La Plata. Es imposible explicar esta trama sin ubicar la potestad de la figura de Miguel Osvaldo Etchecolatz, y la tensa relación de sus patotas con las del Ejército.

Solo comprendiendo la dimensión sistemática y territorial de la represión entendemos como esa estructura venía persiguiendo a los matrimonio Follini – Villeres y Gutierrez – Ledesma desde La Plata, e incluso también las desapariciones y asesinatos de Carlos Moreno y Carlos Labolita.

Toda esta trama se pierde, y la consecuencia real es la impunidad que, por ejemplo, le otorgaron al reo Alejandro Duret los jueces Jarazo y Esmoris, fallo revertido luego en la Cámara.

Un actor judicial en estos procesos sostenía que más que investigar, en estos casos, la justicia “acumulaba prueba” (sin analizar ni explicar). En el caso del Juez Juan José Comparatto, esa acumulación parece ni siquiera alcanzar.

III.- Por otro lado, tenemos que pensar las consecuencias en términos de reparación de las víctimas. La reparación es un proceso que encara una sociedad toda (Estado) en un intento por reconocer los delitos cometidos y donar nuevamente de dignidad a las víctimas de los mismos, a través del reconocimiento de su lugar. Ese lugar se abre a través de la palabra, pues es la voz la que construye el poder (y de ahí que reconozcamos a las autoridades como autores, quienes con sus palabras dotan de sentido al mundo).

De ahí, entonces, la centralidad de la justicia en los proceso reparatorios. No solo por la legitimidad que la sociedad le ha dado a esa institución como constructora de “verdades”. Sino también por su dimensión subjetiva. El juicio es un debate. Una puesta en escena de la palabra de las víctimas, amparadas ahora si en el paraguas de una sociedad personificada en los jueces. Esa palabra, dona a las víctimas de un nuevo poder, y los reintegra como sujetos de derecho plenos de la dignidad que por 35 se les escamoteó.

Pero la lógica judicial, así como habilita esta reparación, también la niega. Pues en su esencia de fragmentar la historia en hechos, fragmenta también a los sujetos que vivencian esas historia: el Carmelo Vinci militante de la JUP, es el mismo que es torturado en el Monte Peloni, y el mismo que es trasladado al Regimiento, y a la Unidad del Servicio Penitenciario de Azul, y el mismo que hoy milita esta causa, recorre el Monte Peloni rodeado de niños y compañeros, reparte abrazos y risas, plotea en su local de impresiones, asa unos chivitos de primera, sostiene a su familia y es sostenido por ella.

Sin embargo, Carmelo, expondrá en su testimonio en este debate por Monte Peloni una parte de su historia. Otra se presentó ya, y otras partes vienen y vendrán todo el tiempo. Y este continuo contar historias (su historia y la Historia) no es una manera de negarle la justicia en tanto sentencia (que esa si tendrá), pero ¿no es un modo de negarle un lugar a su palabra?

Ahí, entonces, la importancia de quienes quedan velados detrás de los jueces: la sociedad. Si el aparato judicial tiene en su esencia una tensión entre lo reparatorio y lo revictimizante, pues entonces es la sociedad, en este caso la comunidad olavarriense, la que debe darle un lugar a la palabra de las víctimas. Dar ese lugar es acompañar este juicio, desde la escuelas, desde los medios, desde el compromiso de la Universidad, de estado municipal (sic), provincial y nacional; para así donar nuevamente de dignidad a la palabra de las víctimas.

 

CONJURAR LO SINIESTRO: EL “OTRO” ASADITO

I.- El día que un empleado de la Secretaria atraviese capuchita llevando un tupper con un huevo duro, ese día habremos perdido la batalla”. Así nos dijo en una entrevista hace mucho tiempo una ex detenida de la ESMA, con mucha militancia política y académica. No enunció la ironía con dureza combativa, sino más bien con la tristeza de una certidumbre.

Es que los procesos de “recuperación/construcción” de los espacios de memoria en los lugares que funcionaron como campos de concentración de la dictadura cívico militar se tensan todo el tiempo entre el peligro de la monumentalización hueca, la rutinización de la memoria, la sacralización de los espacios.

La ESMA es el CCD emblemático de la Argentina”. Ya se ha discutido esto, pero reseñemos al menos: primero, ¿puede un centro clandestino ser “emblemático”?; segundo, ¿fue la ESMA un caso “modelo”? Más bien, no. Atendiendo a su funcionamiento, al trabajo esclavo (que superó el mero sostén cotidiano del CCD), al proyecto político de largo plazo que allí se engendró, al modo de operar de la patota, a la organización económica del robo, a la maternidad clandestina. Más bien parece que la ESMA fue un caso excepcional.

Y si el centro clandestino fue distinto, también el proceso de construcción del Espacio de Memoria de la Ex Esma lo es: ocupado el predio por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, el Instituto Espacio para la Memoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Madres, Abuelas, Hijos, Encuentro, Paka Paka, UNESCO, la Universidad de Buenos Aires y La Plata, etc…

El espacio fue reapropiado de un modo muy particular. Colonizado institucionalmente. Y sin embargo, el espacio sigue guardando un secreto, una sensación de horror que roza la piel de quienes allí concurren. Por eso también, el “asadito” que tanto revuelo generó a fines del 2012 se parece más al huevo del comienzo que a un gesto de resignificación.

II.- En general decimos que los centros clandestinos de detención contradicen el imaginario social que los representa como el mal “oculto”. Los CCD funcionaban en el centro de las ciudades y los barrios, en comisarías y dependencias militares. Muchas de ellas seguían atendiendo rutinariamente a la ciudadanía al tiempo que se torturaba y asesinaba.

Esta característica de los campos de concentración de la Dictadura es fundamental para comprender los efectos que generó. Al igual que en la categoría “desaparecido”, la dimensión de visible/invisible, dicho-no dicho, del mal inscripto en el espacio cotidiano, es el desencadenante del efecto “siniestro” constitutivo de la marca del terrorismo.

Lo “siniestro” es un concepto que alude al modo en que el trauma deja huella en la subjetividad individual y colectiva. En cierta medida, lo siniestro es la otra cara de la banalización del mal. Cuando Hannah Arendt (1963) refiere a la banalidad como instrumento conceptual para pensar el testimonio de Adolf Eichman en el juicio que se pronunció sobre su rol como responsable de la deportación a Auschwitz de judíos, quiere pensar el acto no como “mal radical” sino como “rutinización” del mismo. El problema que Arendt devela es que Eichman no es la corporización del Demonio (mal radical), sino simplemente alguien que quiere hacer bien su trabajo[2]. Alguien “que no era un débil mental, ni un cínico, ni un doctrinario”, alguien “terriblemente y temiblemente normal”, y que sin embargo “fuese totalmente incapaz de distinguir el bien del mal”.

El mal radical es el otro total. Externo e identificable. La Banalización es la incorporación de ese mal a la rutina cotidiana a través del ocultamiento y impersonalidad que genera la racionalización. Y lo siniestro es esa ubicuidad, el síntoma del mal innombrable que puja por develarse. Eso es el desaparecido. Un muerto sin duelo, sin tumba, una ausencia imposible de ubicar, de colocar en tierra, en tiempo. Eso es el CCD, un agujero negro en la esquina del barrio.

Por eso, recuperar un CCD no puede hacerse desde el gesto colonizador. Ocupar. Los CCD no se ocupan ni se recuperan, porque cuando creemos tomarlos (comprenderlos) ellos se corren un poco más allá. Se vuelven a “vaciar”.

III.-Este domingo viene Cesar y vamos a comer un asadito a la quinta”. El Monte Peloni también es un lugar diferente. El Monte Peloni si es un espacio oculto. A 15 kilómetros de la ciudad de Olavarría, en medio de un monte de difícil acceso, sin vecinos, este viejo caserón originalmente de la familia Peloni expropiado por el ejército en el año 68 para la puesta en funcionamiento de un vivac de entrenamiento. Aquí fueron detenidos ilegalmente alrededor de 21 militantes de la ciudad en 1977.

El proceso de recuperación del Monte Peloni y su transformación en un espacio de memoria viene siendo muy distinto a los otros. El sello distintivo es el protagonismo que los sobrevivientes y sus familiares, acompañados en diferentes momentos por diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas.

Ese proceso de acompañamiento se fue cimentando en dos piedras basales. En primer lugar, en los largos tiempos en que fue elaborándose la reflexión y el proyecto sobre el lugar. Un proyecto no es solo un documento que señala objetivos, medios, recursos y necesidades. Un proyecto es principalmente el producto de proyectar: de lanzar algo propio, intimo, hacia delante, a un tiempo futuro.

En ese gesto de proyectar, la apropiación se traduce en una manera de habitar: poner lo propio en el espacio. Los organismos de Olavarría no se han apropiado del Monte, lo habitan. En ese habitar redimen el aura siniestra sin necesidad de realizar gestos de resignificación, pues es su propia práctica en acto la que significa.

LOS REPRESORES: SOPA DE VERDURA

I.- Hablábamos antes de la cercenada “parte” de la causa 30615 que llega a debate oral en este momento. Decíamos que, si bien se investigan la mayoría de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Monte Peloni, no se juzgan a todos los represores. Quedaron para otro momento los responsables directos de los secuestros y torturas. Solo fueron elevadas las imputaciones de los jefes del Área, responsables del funcionamiento de la represión en la región: el responsable del Regimiento, de Inteligencia, el jefe del Escuadrón Operativo, y Ferreira, “El Pájaro”, quizás quien tuviese el rol más operativo de los cuatro.

¿Debería esta responsabilidad funcional delegada liberar de responsabilidad a alguno de los actores de esta maquinaria? Sin dudas, no. En primer lugar, porque en términos legales en estos casos donde se lesionó el cuerpo y la subjetividad de los detenidos desaparecidos y sus familiares, se daño el cuerpo social, político y económico de una sociedad, y se quebró ética y filosóficamente la concepción de humanidad; en estos casos, la obediencia debida no existe.

La responsabilidad mediata es fundamental para comprender el funcionamiento casi burocrático de la maquinaria estatal de represión. Los abogados nos explican esto en términos de la Doctrina de Roxin: esta permite al mismo tiempo eludir la idea del “autor intelectual” (que implica demostrar los vínculos entre quien imparte y quien cumple) y la figura del “instrumento” (que hace recaer sobre el que cumple la idea de impunidad y la obediencia debida). La idea de Roxin es que la conformación de un aparato de poder para fines delictivos implica la cuota de responsabilidad de cada una de sus partes, siendo todas necesarias para que el delito se realice.

Entonces, en ninguna de estas causas los miembros de las fuerzas de seguridad que de una u otra manera estuvieron en contacto con la organización del sistema clandestino de represión pueden decirse “inocentes”. Especialmente quienes por sus cargos de responsabilidad “no podían no saber” lo que sucedía.

II.- Pero particularmente en los casos del Monte Peloni, porque la autonomía y discrecionalidad de los autores imputados en casi cínica. Normalmente suele pensarse en los “excesos” de los esbirros como ejemplo de esta discrecionalidad (como si pudiese pensarse una tortura “no excesiva”). O bien, la visibilidad y connivencia de los responsables con los poderes locales que los habilitaba a “desaparecer a pedido” de intereses locales (como el caso del abogado Moreno en relación a Loma Negra) y no meramente por “ordenes” del sistema de guerra contra la subversión. No vamos a entrar aquí en esas historias ya reseñadas. Pero sí, quiero señalar un dato de la figura del ex Coronel Ignacio Aníbal Verdura.

Verdura no aparece como un Jefe de Área más. Su perfil es muy diferente al de, por ejemplo,  el ex General Mansilla Jefe del Área 123 con asiento en Azul. Mansilla aparece con un semblante burócrata e inepto, manipulado por el verdadero represor puro y duro a su mando, el agente de Inteligencia Alejandro Duret. Verdura, por el contrario, viene de una larga tradición militar del ejército, un ejército “volcado” a la comunidad, que asume su deber al lado de las fuerzas vivas locales.

Una vez en Olavarría, Verdura puede desarrollar esa pasión por los caballos y a través de ellos codearse con la petitería provinciana. Conservadores, burgueses e industriales de Olavarría reciben a este Coronel como un par, un ladero faldero instrumento de ejercicio del control social local.

Piénsese en este sentido en este repetido gesto. Verdura devuelve el cuerpo asesinado de dos detenidos desaparecidos. En primer lugar, el de Carlos Alberto Moreno, secuestrado en Olavarría y asesinado en Tandil. Su esposa, vecina de Verdura, después de un mes de exigir al Regimiento, finalmente recibe el cuerpo de Carlos en la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. En otro caso, el de “Bomba” Fernández, la familia recibe instrucciones de esperar en el cementerio local la entrega del cuerpo. Claro, como sostiene Carmelo, debemos reconocer la lucha y ciega insistencia de las familias que tuercen la práctica sistemática del represor (hacer aparecer los cuerpos en fraguados enfrentamientos). 

III.- No recuerdo con facilidad, tampoco es que conozca los miles de casos, pero no viene a mi memoria otros lugares donde se hayan realizado gestos como este. Quizás Hoft en Mar del Plata, que interviene para la liberación de un detenido del GADA. O en Tandil, donde el Jefe Tommassi entrega a una detenida desaparecida un certificado de detención ilegal para que esta presente el su trabajo ante la cesantía.

Porque Devolver el cuerpo de alguien del que propio ejército informaba a los jueces “no registrar su detención en ninguna dependencia”, de una  persona “desaparecida”, de quien “no se sabe donde está” en palabras de Videla, es un gesto de un cinismo total. Un cinismo que es expresión de impunidad y convencimiento. Verdura cree que la represión (clandestina e ilegal, nocturna, de civil, pero estructurada por el Estado, a espaldas de la Ley) es lo correcto. Pero esa ley no es la ley escrita. Esto también lo tiene claro. Es su ley.

En este sentido, Verdura se maneja no con la impunidad del Estado, no solo con la impunidad del Estado, sino con la arrogancia del Patrón de Estancia. La ética del patrón de estancia expresa el semblante nacional. Y es la versión arrogante del burócrata banal.

“Detrás de un funcionario hay un patrón de estancia. Pero ese patrón no siempre se deja ver. Hay que hacerlo aparecer y para ello habrá que “dorarle la píldora” (…) De ahí que el Estado se haya construido en torno a los favores gestionados. Una economía de favores define al Estado argentino. Sin favores no habría patrones de estancia. Existen patrones porque hay que tomar decisiones que son los favores que él administra (…) Un favor supone una toma de decisión. Una decisión que se hará sentir y saber. Una decisión es algo más que una excepción a la regla, es, como digo Agamben, el grado cero de la ley. Una fuerza de ley sin ley, que no necesita de la ley para poder entender y aplicarse” (Rodríguez 2005).

Entonces, Verdura tiene hacia fuera una cara: la del patrón de estancia, el hacedor de la ley. Verdura no es Duret. Este último debía gozar perversamente de la tortura, convencido en su rol de agente de inteligencia, jugando con el detenido con la misma pasión como explicaba ante el Tribunal su función en la lucha contra la subversión. Verdura, en cambio, debía pensar que les daba una lección. No estaba combatiendo la subversión, estaba aleccionando a los peones.

Pero por otro lado, esa misma cara es a su vez la del burócrata fracasado, chupamedias del poder, tilingo codeándose con los patrones. Desde el Regimiento, montado en su caballo, Verdura sueña ser lo que su bajo vuelo le permite añorar: un esbirro de Amalita.

 

BIBLIOGRAFIA

Rodríguez, Esteban (2005): Galpones y patrones de estancia, Revista Lote, nro 94. Venado Tuerto, mayo 2005.

Hernández, José y Sarmiento, Domingo F. (1968): Proceso al Chacho. Buenos Aires, Ediciones Caldén, 1968.

Arendt, Hannah (1965): Eichmann en Jerusalén. Barcelona: Editorial Lumen, 2003.



[1] Esto incluye el trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo las pruebas de la instrucción, sosteniendo a los organismos en el proceso de proyectar el espacio de la memoria del Monte Peloni, y hoy desde el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

[2] Algo similar pensaba Sarmiento en relación a Rosas. En el Facundo, Sarmiento alude a la imagen del gaucho no como un problema (cosa que deja en claro en El Chacho (1968): para el bandido la violencia paramilitar). El problema de Facundo es que Rosas es la violencia pre estatal organizada racionalmente: mientras a Facundo se le hincha una vena, Rosas firma una sentencia de muerte.

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